Verg¨¹enza para la justicia de Chile

La impunidad del general Pinochet queda establecida para siempre en t¨¦rminos hist¨®ricos. El fallecimiento del imputado en una causa penal produce su sobreseimiento autom¨¢tico y definitivo (art¨ªculo 93 del C¨®digo Penal de Chile). La urna que contiene sus cenizas es, por tanto, plenamente merecedora de llevar la siguiente inscripci¨®n: "Augusto Pinochet Ugarte: impune por defunci¨®n".

Al no haberse producido ni una sola condena en ninguna de sus numerosas causas penales, sus partidarios presentes y futuros se ocupar¨¢n de explotar al m¨¢ximo esta joya que les regala la pat¨¦tica justicia de su pa¨ªs. Este tipo de dirigentes -pese a sus cr¨ªmenes- siempre consiguen fervorosos partidarios en todas las ¨¢reas sociales, no s¨®lo en los ¨¢mbitos militares, financieros, olig¨¢rquicos y de amplios sectores de las clases medias, sino tambi¨¦n en los ¨¢mbitos acad¨¦micos. No faltar¨¢n, sino que sobrar¨¢n, profesores, historiadores y tratadistas que dejar¨¢n, negro sobre blanco, que el general Pinochet fue un estadista intachable, ya que "jam¨¢s pudo ser condenado por la justicia, a pesar de las insidiosas calumnias de sus enemigos".

Recordemos, entre otras atrocidades, que en algunos de los antros de tortura pinochetistas, seg¨²n revelan los testimonios prestados ante las dos comisiones oficiales de investigaci¨®n (Rettig y Valech), se utilizaron feroces perros amaestrados para atacar y violar a las mujeres interrogadas como supuestas subversivas. Recordemos que, seg¨²n acredita el informe oficial de la comisi¨®n presidida por monse?or Valech, 28.000 personas fueron torturadas y salvajemente humilladas, entre ellas varias decenas de ciudadanos espa?oles. Recordemos que, ante el tribunal brit¨¢nico que sentenci¨® la entrega a Espa?a en extradici¨®n del ex dictador (despu¨¦s frustrada por la decisi¨®n pol¨ªtica), el fiscal proclam¨® en la vista oral que "aquellos casos all¨ª presentados eran los m¨¢s atroces jam¨¢s vistos ante un tribunal ingl¨¦s".

Recordemos tambi¨¦n que el padre de la actual presidenta de Chile, entonces general de la Fuerza A¨¦rea, fue torturado por sus propios subordinados y muri¨® a consecuencia de los destrozos f¨ªsicos sufridos. Recordemos que incluso la hoy presidenta Bachelet y su madre tambi¨¦n fueron conducidos a las siniestras instalaciones de Villa Grimaldi, donde fueron en su momento torturadas y humilladas.

Recordemos igualmente que aquel individuo supuestamente enfermo -devuelto a su pa¨ªs por razones humanitarias, invocando su deteriorada salud-, nada m¨¢s llegar al aeropuerto de Santiago abandon¨® la silla de ruedas (Y Pinochet "se levantuvo y and¨®", dec¨ªamos en estas mismas p¨¢ginas comentando el chusco episodio), gesto que culminaba aquella tomadura de pelo de dimensiones transnacionales, consumada ante los ojos y la carcajada general de la opini¨®n p¨²blica mundial.

Recordemos frases tan indignas como ¨¦stas: "Esas violaciones de derechos humanos que se me imputan fueron obra de mis subordinados, actuando fuera de mi conocimiento y de mi control". Infame argumento en boca de quien, en la c¨²spide de su poder y de su soberbia, dec¨ªa aquello de que "en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa". Y aquel iracundo "la DINA soy yo", rotunda frase con la que, ante las reticencias de alg¨²n general, apoy¨® las actuaciones de la criminal organizaci¨®n en el extranjero, incluidos los asesinatos de su antecesor el general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, 1974), el del dirigente democristiano Bernardo Leighton y la suya (Roma, 1975), y el del ex ministro de Allende, Orlando Letelier, con su secretaria (Washington, 1976).

"Sab¨ªamos que mand¨® matar, pero cre¨ªamos en su honradez", dec¨ªan algunos de sus antiguos seguidores. Inocente o interesada creencia, que se desvaneci¨® ante las evidencias del caso Riggs, cuando todo el mundo supo que no s¨®lo mand¨® matar sino que tambi¨¦n mand¨® robar astutamente, mediante diversas manipulaciones financieras, ordenando a sus h¨¢biles administradores evadir capitales, defraudar impuestos, falsificar documentos, cobrar cuantiosas comisiones ilegales, y poner sus millones de d¨®lares a buen recaudo, en la misma banca utilizada por otros ilustres estadistas y mafiosos de similar catadura moral.

La justicia chilena cargar¨¢ para siempre con la inmensa verg¨¹enza de haber sido incapaz de juzgar a un desalmado criminal, habiendo dispuesto, para hacerlo, de seis a?os y nueve meses, desde el regreso de Inglaterra del ex dictador. Tiempo sobrado para desaforarle y procesarle -como se hizo repetidamente- por muy diversos casos de secuestros, torturas, asesinatos y robos millonarios de guante blanco. Pero tambi¨¦n tiempo sobrado para juzgarle y condenarle.

Hubiera bastado una ¨²nica condena por uno solo de sus cr¨ªmenes -sin necesidad de pisar la c¨¢rcel-, para que Pinochet hubiera adquirido la condici¨®n oficial de delincuente, dato de considerable importancia para la posteridad. Pero, al no haber recibido condena alguna, se ha salvado incluso el funeral militar. Penoso espect¨¢culo, el de unos honores militares para quien orden¨® una represi¨®n que incluy¨® matar, secuestrar, torturar a miles de sus conciudadanos civiles, llenar clandestinamente numerosas fosas comunes y arrojar cad¨¢veres al mar, seg¨²n consta en miles de folios judiciales. Honores castrenses para un jefe indigno que arroj¨® sobre sus subordinados, que le obedec¨ªan ciegamente, la responsabilidad de las decisiones criminales que ¨¦l mismo tom¨® y cuya ejecuci¨®n siempre control¨®.

Por a?adidura, el general, como si se tratara de su ¨²ltima y m¨¢s sarc¨¢stica burla, ha ido a morir en una fecha emblem¨¢tica: el 10 de diciembre, D¨ªa Internacional de los Derechos Humanos, conmemoraci¨®n de su Declaraci¨®n Universal. Enhorabuena, general.

Prudencio Garc¨ªa es investigador y consultor internacional y profesor del Instituto Universitario Guti¨¦rrez Mellado de la UNED.