Memoria

El proyecto de ley de memoria hist¨®rica (ahora con otra denominaci¨®n) ha iniciado su tramitaci¨®n parlamentaria con la oposici¨®n de las formaciones bajo cuyo impulso se plante¨®. E incluso una de ellas, IU, tom¨® ayer como pretexto lo que considera insuficiencias del proyecto para anunciar que deja de considerarse aliado preferente del Gobierno, y que convocar¨¢ movilizaciones si la ley se mantiene en los t¨¦rminos actuales. Esta paradoja es un reflejo de uno de los puntos d¨¦biles de la estrategia de Zapatero.

La iniciativa que dio en llamarse "de la memoria hist¨®rica" (la expresi¨®n la introdujo ERC) no figuraba en el programa socialista, pero fue asumida por el Gobierno poco despu¨¦s de llegar al poder como forma de afianzar los lazos con IU y ERC. Una vez en marcha, los socialistas consideraron que un asunto con tanta carga emocional s¨®lo ten¨ªa sentido si se planteaba desde el consenso, lo que implicaba buscar un acuerdo con el PP; pero esa actitud ha sido vista como una claudicaci¨®n por sus aliados de izquierda. El resultado ha sido que el Gobierno se ha encontrado entre las manos, y casi como ¨²nico defensor, con una iniciativa que por s¨ª mismo no habr¨ªa tomado.

Desde que fue anunciado por el Gobierno y antes de que se iniciaran los tr¨¢mites para su aprobaci¨®n parlamentaria, el borrador de la ley ha sufrido cuantiosas y profundas modificaciones. De la inicial autosuficiencia con la que se se?alaba que el partido socialista de Zapatero se hab¨ªa atrevido con decisiones que evit¨® el de Felipe Gonz¨¢lez, gracias a las nuevas condiciones creadas, entre otras razones, por un cambio generacional, se ha pasado a proponer como punto de equilibrio una ley a la que el propio legislador pretende privar de efectos legales. Para reparar moralmente a las v¨ªctimas de la Guerra Civil y del franquismo, un fin leg¨ªtimo, el Gobierno pod¨ªa haber recurrido a instrumentos de otra naturaleza, no a un texto legal. Si lo ha hecho as¨ª es porque ha pretendido conciliar su compromiso inicial de recuperar por ley la memoria hist¨®rica, como quer¨ªan sus aliados, con las soluciones a las numerosas dificultades que han ido surgiendo en el camino. El resultado ha sido una norma que incorpora un listado de materias de muy diversa entidad (desde el pago de indemnizaciones y la eliminaci¨®n de s¨ªmbolos franquistas a la exhumaci¨®n de restos), todas ellas respetables, pero cuya propia heterogeneidad dificulta el hallazgo de una f¨®rmula compartida.

Una primera dificultad, y no es menor, consiste en fijar la frontera temporal. Y aun trazando un l¨ªmite sustancial en el golpe de Estado franquista de julio de 1936, el reconocimiento de las v¨ªctimas del lado republicano durante la guerra no debe excluir el de los fusilados y desaparecidos del otro bando, sin que pueda alegarse que unos ya tuvieron reconocimiento durante 40 a?os y los otros no. Esto es cierto, pero de lo que se trata ahora es de un reconocimiento por la Espa?a democr¨¢tica de todas las v¨ªctimas; de sustituir la guerra de esquelas por el compromiso de la piedad compartida.

El punto m¨¢s pol¨¦mico viene siendo el de la anulaci¨®n de las sentencias de los consejos de guerra y juicios sumar¨ªsimos del franquismo. Una anulaci¨®n en bloque, como proponen IU y ERC, plantear¨ªa problemas jur¨ªdicos insalvables, seg¨²n el Gobierno, y una revisi¨®n caso por caso podr¨ªa colapsar los tribunales. No es lo mismo una condena por "auxilio a la rebeli¨®n", seg¨²n la f¨®rmula franquista, que claramente revela un castigo por razones ideol¨®gicas, que otras en las que se juzgaban delitos de otro tipo. El proyecto trata de esquivar esas dificultades mediante un reconocimiento gen¨¦rico de la injusticia de las condenas y de cualquier forma de violencia personal causada por razones ideol¨®gicas, durante la guerra y en la dictadura. Pero esta f¨®rmula es frontalmente rechazada por IU y ERC, que exigen certificados de nulidad de las sentencias.

Por iniciativa de los ayuntamientos, muchos de los s¨ªmbolos del franquismo han ido desapareciendo de las calles desde la transici¨®n. Es la prueba de que hay instrumentos para que las Administraciones tomen iniciativas sin necesidad de leyes espec¨ªficas. Si algunas instituciones no lo han hecho es porque no ha existido la voluntad pol¨ªtica. Mejor dicho, porque ha existido la de no hacerlo, con el argumento de que esos s¨ªmbolos forman parte de nuestra historia. Puesto que el PP ha sido abanderado de esta postura, es a ¨¦l a quien cabe dirigirle el reproche de que no haya demostrado el sentido de Estado suficiente para comprender que, de haber retirado esos s¨ªmbolos en las instancias en las que ha gobernado, hubiera hecho una contribuci¨®n decisiva a la definici¨®n del espacio constitucional, trazando una frontera infranqueable, y no una divisoria difusa, entre la dictadura de Franco y el actual r¨¦gimen de libertades. ?se ser¨ªa el espacio id¨®neo para que la democracia rindiera tributo a todas las v¨ªctimas.

En el punto en que estamos, lo importante, con ley o sin ella, es que, de ahora en adelante, las fuerzas parlamentarias no escatimen esfuerzos para que los fantasmas de nuestra historia regresen de una vez por todas a su siniestro pante¨®n.