Normalizaci¨®n institucional

ETA est¨¢ ganando de largo la batalla pol¨ªtica que nadie quiere afrontar, el ensimismamiento del Gobierno, su falta de iniciativa pol¨ªtica, est¨¢ provocando lo que parece un enfrentamiento directo de la organizaci¨®n terrorista con el poder judicial a trav¨¦s de las sentencias que se dictan pr¨¢cticamente ad personam, y que no sirven como criterios generales de aplicaci¨®n.

No todos los ciudadanos compartimos la "doctrina Parot", el criterio del Tribunal Supremo, de febrero de 2006, que obliga a aplicar la redenci¨®n de penas por el trabajo a cada condena sucesivamente y no al triple de la mayor, como hab¨ªa sido hasta entonces. Tampoco compartimos en su momento la condena de la Audiencia Nacional por amenazas inciertas, que "victimizaba" innecesariamente a uno de los etarras m¨¢s significados, y de la cual ahora no ha podido desdecirse el mismo ¨®rgano judicial. Tampoco resulta demasiado acertada la recient¨ªsima sentencia del TS en la que se declara como terroristas a algunas asociaciones no armadas y condena como tales a sus responsables.

Cuando la negociaci¨®n, a pesar del mandato parlamentario, ha fallado, es necesario que el Estado mantenga vigentes todas las estructuras de toma de decisiones administrativas, sin necesidad de acudir a medidas excepcionales, judiciales o de cualquier tipo. En este sentido, la Ley y el Reglamento penitenciarios siguen siendo herramientas util¨ªsimas para propiciar la reincorporaci¨®n ordenada y efectiva de todos los internos, terroristas o no, a la vida cotidiana, despu¨¦s de cumplir su condena. Pero parecen olvidados, esperando soluciones m¨¢gicas que procedan de otros lugares, a lo peor menos propicios que la Instituci¨®n Penitenciaria. Por justicia y equidad para los "otros" condenados, el tratamiento penitenciario individualizado deber¨ªa ser el ¨²nico criterio de acercamiento de cualquier condenado a su entorno social, sea cual sea su delito.