Sociedad enferma

Profanar la tumba que guarda los restos de un concejal asesinado por ETA no es "pisar flores en el cementerio", como banalizaba ayer el diario al que suele enviar ETA sus comunicados. Es una ofensa deliberada a la memoria de una persona, Gregorio Ord¨®?ez, a la que arrebataron la vida por defender sus ideas democr¨¢ticas con el valor que falta a sus ofensores. Y si ¨¦stos son ocho adolescentes de entre 14 y 16 a?os, ese acto siniestro se convierte en s¨ªntoma de una sociedad enferma.

As¨ª lo han entendido casi todos los partidos e instituciones del Pa¨ªs Vasco, incluido el grupo del PNV en el ayuntamiento donostiarra, cuyo portavoz ha unido a su estupor por la catadura moral de los agresores un elogio del concejal asesinado que "trabaj¨® de manera incesante en beneficio de la ciudad". Batasuna ha manifestado no entender una acci¨®n como ¨¦sa, porque "todos los muertos deben ser respetados", pero ha sido incapaz de obviar su hip¨®crita denuncia del "montaje pol¨ªtico y medi¨¢tico" organizado para "perseguir y castigar a la juventud vasca y a la izquierda abertzale".

Esos casi ni?os que participaron en la ofensa podr¨¢n convertirse en txapotes como el que asesin¨® a Ord¨®?ez hace 12 a?os, o podr¨¢n comprender un d¨ªa la miseria moral de su actuaci¨®n y convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley. Pero que ocurra lo segundo ser¨¢ m¨¢s improbable si en lugar de un castigo proporcional a lo que han hecho se benefician de la impunidad que reclama para ellos Batasuna al decir que "los pronunciamientos y actitudes que alimentan la represi¨®n" contra esos j¨®venes "son contrarias a la soluci¨®n del conflicto". El peor favor que podr¨ªa hacerse a esos menores (lo son ocho de los 11 detenidos) ser¨ªa convencerles de que son unos h¨¦roes o unas v¨ªctimas castigadas por algo sin importancia: "Pisar flores en el cementerio".

El Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional ha pedido a la Ertzaintza las diligencias del caso con vistas a una eventual imputaci¨®n por delitos de terrorismo. La competencia de ese Juzgado fue una de las reformas introducidas el a?o pasado en la Ley del Menor, que ya contemplaba penas espec¨ªficas para las conductas habitualmente encuadradas en el cap¨ªtulo de terrorismo callejero. Las reformas buscan una mayor proporcionalidad entre las penas y los delitos, pero sin desfigurar el contenido espec¨ªfico de un derecho penal juvenil diferenciado del de los adultos.

Un tratamiento penal para esos j¨®venes es necesario, pero la enfermedad social que su actuaci¨®n delata requiere tambi¨¦n de medidas de otro tipo: en la familia, sobre todo, y tambi¨¦n en la escuela y en los medios de comunicaci¨®n: que deje de banalizarse la violencia como si fuera un derecho, y de considerarse que la ley puede cumplirse o no, seg¨²n convenga.