Emergencia urban¨ªstica

La corrupci¨®n urban¨ªstica que se est¨¢ destapando en los municipios espa?oles amenaza con contaminar a algunos Gobiernos aut¨®nomos, renuentes a sancionar las tropel¨ªas inmobiliarias de los ayuntamientos de su mismo color pol¨ªtico. Al caso del Gobierno balear, del PP, viene ahora a sumarse la sospecha que recae sobre la presidencia auton¨®mica canaria. En Baleares, parece que el Gobierno arrastr¨® los pies durante diez meses antes de trasladar a la fiscal¨ªa una denuncia de agentes forestales por construcciones ilegales en una zona protegida de Andratx, punto fatal de la marea negra inmobiliaria. Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupci¨®n son muy d¨¦biles. Los municipios obtienen financiaci¨®n abundante de la especulaci¨®n inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores p¨²blicos que envilecen la administraci¨®n municipal. No es muy alentador ver a los responsables pol¨ªticos auton¨®micos o nacionales cuyos ayuntamientos est¨¢n implicados en casos de fraude urban¨ªstico escudarse en distinciones jur¨ªdicas para no actuar con dureza.

La proximidad de las elecciones municipales y auton¨®micas suscita la sospecha de que la eclosi¨®n de los casos de corrupci¨®n inmobiliaria que salpican al PP y al PSOE sea un instrumento t¨¢ctico m¨¢s para debilitar las posiciones del adversario y que, por tanto, despu¨¦s de las elecciones la persecuci¨®n policial y judicial de los esc¨¢ndalos urban¨ªsticos se relegue a la trastienda de la pol¨ªtica. Si los grandes partidos pol¨ªticos, con responsabilidades auton¨®micas y municipales significativas, desean reducir la corrupci¨®n en los municipios est¨¢n obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos -modificaci¨®n de la ley de financiaci¨®n de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiaci¨®n municipal-, una Administraci¨®n de justicia volcada en la persecuci¨®n de los delitos inmobiliarios, incluida la informaci¨®n privilegiada, y c¨®digos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en esc¨¢ndalos urban¨ªsticos sean aun candidatos en las pr¨®ximas elecciones, como sucede con varios casos del PP. Los votantes deber¨ªan hacer pagar semejante torpeza al partido que la cometa.

Nunca se ponderar¨¢ lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificaci¨®n desmesurada, los bloques de viviendas sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalizaci¨®n. La actual disposici¨®n adicional segunda del Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica no parece ir por este camino. La corrupci¨®n urban¨ªstica ha llegado a extremos que s¨®lo puede ser combatida con planes de emergencia. La mejor demostraci¨®n de que los partidos se toman en serio esta lacra ser¨ªa que acordasen un plan de acciones legales y pol¨ªticas contra ella.