?De qui¨¦n son los 22 millones?

Alg¨²n jurista con vocaci¨®n de adivino o ciertamente conocedor del sistema jur¨ªdico espa?ol lo dijo hace casi 15 a?os. "El dinero se lo acaban devolviendo". Y casi ocurre. Hace casi tres lustros, una madrugada de julio de 1992, la polic¨ªa interven¨ªa un malet¨ªn con 22 millones de pesetas procedentes de una comisi¨®n il¨ªcita por una adjudicaci¨®n de obra p¨²blica. Se conoci¨® como el Caso Ollero. La polic¨ªa y la justicia ten¨ªan al comisionista, el dinero y un mont¨®n de horas grabadas de las conversaciones con la trama y como se cerr¨® el trato. Pero todo ha acabado en la basura. Ning¨²n condenado. Y para colmo, los jueces de proceso preguntando, 14 a?os despu¨¦s, si deben devolver el dinero a quien se lo requisaron. La historia est¨¢ plagada de an¨¦cdotas.

Las familias de los dos comisionistas reclaman el dinero despu¨¦s de ser absueltos en el juicio

Un an¨®nimo llegado a los juzgados dio origen al caso de las comisiones en obras p¨²blicas

Por entonces, el ruido pol¨ªtico se lo llevaba Juan Guerra y su famoso caso. Y los poderes p¨²blicos se afanaban por buscar f¨®rmulas que acabaran con el llamado tr¨¢fico de influencias, un delito no reconocido hasta entonces en nuestro C¨®digo Penal y que hoy tiene un lugar en la legislaci¨®n aunque con poco efecto jur¨ªdico. En los Juzgados de Sevilla, el juez ?ngel M¨¢rquez desenmarallaba la tela de ara?a dise?ada por el inquilino de un despacho en la Delegaci¨®n del Gobierno, a quien se le acusaba de ser "el gran conseguidor de Andaluc¨ªa". Un caso que acab¨® con la dimisi¨®n del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y que supuso un hito en la llamada "cultura del pelotazo". Pero que tambi¨¦n acab¨® igual que el Caso Ollero: mucha pena de banquillo, o medi¨¢tica, pero sin condenas judiciales.

Al juez M¨¢rquez la correspondencia le jug¨® una mala pasada una ma?ana de la Navidad de 1991. Cuatro folios mecanografiados y sin firma llegaron a su juzgado, el n¨²mero 6 de los de Instrucci¨®n de Sevilla, en un sobre blanco y sin remite. Le alertaban que lo de Juan Guerra era un juego de ni?os comparado con lo que se coc¨ªa al amparo del desarrollo de las infraestructuras p¨²blicas de Andaluc¨ªa. Como todo buen thriller, el an¨®nimo conten¨ªa nombres, apodos, una trama m¨¢s o menos detallada, y la advertencia al juez de que la impunidad reinar¨ªa si ¨¦l no actuaba. Las normas de reparto dieron con el escrito en la mesa de Eloisa Guti¨¦rrez, jueza de Instrucci¨®n n¨²mero 9, quien sustitu¨ªa en vacaciones a Pilar Llorente, la juez del 17, instructora m¨¢s tarde del famoso Caso Arny, a quien por reparto le correspondi¨® el caso.

La juez encomend¨® a la polic¨ªa judicial una primera comprobaci¨®n de los nombres y los hechos que se relataban en el an¨®nimo. Desde el s¨®tano de los juzgados del Prado de San Sebasti¨¢n, la polic¨ªa inform¨® a su se?or¨ªa que aquello ten¨ªa muchos visos de verosimilitud. Un paso m¨¢s. Pinchar los tel¨¦fonos de algunos de los personajes que conformaban la trama. Ya era sabido que el Caso Naseiro hab¨ªa quedado en agua de borrajas por la inconstitucionalidad de unas escuchas telef¨®nicas. Aqu¨ª se andar¨ªan con m¨¢s cuidado.

Las escuchas dieron lugar a miles de folios de transcripciones y a una certeza: Exist¨ªa una red de comisionistas que, con o sin poder de influencia frente a la Administraci¨®n andaluza, estaban actuando con las grandes constructoras del pa¨ªs, y a las que les cobraban cuantiosas comisiones por, supuestamente, conseguirles que la Junta de Andaluc¨ªa les adjudicara grandes proyectos.

Cuando las escuchas estaban dando por fin resultados, la juez Llorente decidi¨® suspenderlas. La polic¨ªa ya conoc¨ªa entonces que en breve se iba a producir el pago de una comisi¨®n por una obra y decidi¨® seguir adelante.

La polic¨ªa sab¨ªa que Jorge Ollero, el hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta, Manuel, era la clave. Montaron un dispositivo inicial de control del AVE y del Aeropuerto de San Pablo (Sevilla) pero ninguno de los personajes de la trama cogi¨® el tren ni el avi¨®n en aquelloss d¨ªas. La vigilancia cambi¨® la ma?ana del 14 de julio de 1992, cuando Sevilla celebraba el ecuador de la Exposici¨®n Universal. Se decidi¨® montar una guardia directa. El coche de servicio del Grupo de la Polic¨ªa Judicial adscrita a los juzgados control¨® la salida del domicilio de Jorge Ollero, en el sevillano barrio del Porvenir. Era temprano y por la rampa del garaje de la calle Progreso apareci¨® un todoterreno de gran cilindrada. Del Porvernir directo a la N-IV camino de Madrid. 33 kil¨®metros fue todo lo que dio de s¨ª la persecuci¨®n. El Citroen AX blanco, sin aire acondicionado, de la polic¨ªa no daba m¨¢s de s¨ª y en ese tramo de autov¨ªa, la silueta del todoterreno se pedi¨® de vista.

La frustrada persecuci¨®n dio paso a un plan B. Desde la unidad de Polic¨ªa Judicial de Sevilla se pidi¨® a la de Madrid que controlaran la llegada a la capital del todoterreno. Pero cinco horas m¨¢s tarde todo pareci¨® irse al traste. La polic¨ªa madrile?a no hab¨ªa podido detectar la entrada en Madrid del coche de Jorge Ollero. La operaci¨®n se dio por cerrada.

Horas despu¨¦s, como en las pel¨ªculas de acci¨®n, la historia dio un giro de 180?. Eran las siete de la tarde cuando Jorge Ollero, a bordo de un Jeep Grand Cherokee negro, hab¨ªa sido detectado por la polic¨ªa enfilando la carretera de Andaluc¨ªa con destino a Sevilla. Viajaba acompa?ado de una pareja. Avisado el grupo de Sevilla la vigilancia se mont¨® en ?cija, donde en una conocida venta-discoteca se contact¨® con el veh¨ªculo. Ollero y sus amigos hab¨ªan parado a cenar y tomar unas copas.

La polic¨ªa intu¨ªa que Jorge Ollero, al que apodaban El Negro, hab¨ªa ido a Madrid a cobrar la comisi¨®n de una obra reci¨¦n adjudicada. ?Pero como intervenir el veh¨ªculo? Un patrullero zeta fue la soluci¨®n. Como si de un control rutinario se tratara -durante la Expo eran habituales en los accesos a Sevilla-, un patrullero hizo que el Gran Cherokee se detuviera en el arc¨¦n. Y el registro dio su fruto. Un malet¨ªn de ejecutivo, de pel¨ªcula, de piel negra. En su interior 2.200 billetes de 10.000 pesetas, enfajados, y reci¨¦n salidos del banco. Adem¨¢s, la documentaci¨®n de un todoterreno nuevo recien adquirido por valor de m¨¢s de cuatro millones de las pesetas de entonces.

Eran las 3.30 de la madrugada del 15 de julio y el hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta acababa confesando en la sede policial de los Juzgados. Las diligencias determinaron que Jorge Ollero hab¨ªa recibido una cantidad superior de dinero. La polic¨ªa, al amparo de las escuchas, cifr¨® en 127 millones de las antiguas pesetas la cantidad que la empresa Ocisa pag¨® por el "asesoramiento" para conseguir de la Junta andaluza la concesi¨®n de la obra de la carretera Las Pedrizas-Salinas, licitada por 2.854 millones de esas antiguas pesetas. Adem¨¢s, determin¨® que Ollero us¨® parte del dinero para comprar otro Grand Cherokee, veh¨ªculo que finalmente le fue devuelto y que, entre bromas, su abogado ofreci¨® en venta a m¨¢s de un periodista de los que segu¨ªan en caso judicial.

A partir de ah¨ª, varias detenciones, un proceso que dur¨® a?os -en su tramitaci¨®n muri¨® uno de los implicados Pedro Llach-, y un juicio que sent¨® en el banquillo al entonces consejero andaluz de Obras P¨²blicas, Juan L¨®pez Martos, los dos hermanos Ollero, y dos responsables de la constructora Ocisa, Jes¨²s Roa y Luis Nogueira.

Pero la historia del dinero no acab¨® ah¨ª. El dinero fue contado, precintado en una saca, registrado en una diligencia policial, y remitido al juzgado. Fue la ¨²ltima vez que se vieron esos billetes. La oficina del BBV de los juzgados del Prado de San Sebasti¨¢n ordenaron su traslado a la oficina central pese a que la saca que los conten¨ªa advert¨ªa en una nota: "Esta bolsa no debe ser utilizada. Su contenido es un dep¨®sito de la polic¨ªa judicial". Dos operarios de Esabe acarreraron el dinero que sigui¨® su curso legal, de mano en mano.

El primer juicio en la Audiencia de Sevilla acab¨® con una sentencia condenatoria el 30 de diciembre de 1999. Los peri¨®dicos del ¨²ltimo d¨ªa del a?o daban cuenta de la absoluci¨®n del consejero L¨®pez Martos en 60 folios de sentencia de los cargos de prevaricaci¨®n y cohecho de los que iba acusado. Sin embargo, consider¨® probado y conden¨® a todos los dem¨¢s: que el director general de carreteras de la Junta, Manuel Ollero, revel¨® informaci¨®n sensible y datos confidenciales a su hermano Jorge, quien junto a Pedro Llach, ofrecieron a Ocisa la adjudicaci¨®n de la obra Las Pedrizas Salinas, que pag¨® "una comisi¨®n acreditada de al menos 53 millones de pesetas".

El Tribunal Supremo ratific¨® la sentencia en julio de 2002, pero dos a?os m¨¢s tarde, el Tribunal Constitucional consideraba nulas las escuchas telef¨®nicas y ordenaba repetir el juicio sin atender a ellas. La juez hab¨ªa justificado las escuchas inicialmente, pero en las pr¨®rrogas sucesivas no especific¨® los motivos de persistencia de las mismas, una nulidad "m¨¢s que t¨¦cnica".

Cuatro a?os despu¨¦s, la Audiencia de Sevilla absolv¨ªa, el 31 de julio de 2006, a los cuatro procesados, los hermanos Ollero y los dos constructores. El juicio fue f¨¢cil para las defensas. Todos se acogieron a su derecho a no declarar. Lo actuado qued¨® en papel mojado, mancillado por la ilegalidad de las escuchas. No hubo pruebas.

A partir de su absoluci¨®n, Jorge Ollero reclam¨® los 132.222 euros en los que se han convertido ahora las pesetas del malet¨ªn. Pero la Audiencia de Sevilla le contest¨® que "se desconoce el due?o, origen y destino" de dicho dinero, del que Ollero "era mero portador". Los herederos de Pedro Llach tambi¨¦n lo han reclamado, alegando que en los juicios se manifest¨® que ¨¦l era su propietario. La Audiencia ha pedido opini¨®n al fiscal, a la Junta y a los abogados personados. Ese es el dilema que tiene que resolver ahora la justicia. Y la Hacienda P¨²blica a la espera.