El Gobierno pacta con el PSE elevar las pensiones al 100% del salario m¨ªnimo

El Gobierno y el PSE han cerrado su tercer gran pacto de la presente legislatura: un ambicioso acuerdo, que se presenta esta ma?ana, en materia de pol¨ªtica social. Uno de sus aspectos m¨¢s importantes es la equiparaci¨®n de las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas, al Salario M¨ªnimo Interprofesional (SMI), fijado por el Ejecutivo central y que en estos momentos asciende a 570,6 euros mensuales. Esa equiparaci¨®n va a suponer un desembolso econ¨®mico muy importante para el Gobierno de Vitoria. Euskadi es la primera comunidad aut¨®noma espa?ola que da este paso.

El acuerdo alcanza al segundo Plan de Inserci¨®n y a la reforma de la Ley contra la Exclusi¨®n Social

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, y su viceconsejero de Inserci¨®n Social, Manuel Vigo, firmar¨¢n hoy el pacto en Vitoria con el portavoz del grupo socialista en la C¨¢mara, Jos¨¦ Antonio Pastor, y la parlamentaria del PSE responsable de cuestiones sociales, Gemma Zabaleta. El acuerdo supone para los socialistas culminar una trayectoria de varias legislaturas jalonada por propuestas de todo tipo en el campo social. Sus iniciativas siempre han tenido como principales destinatarios a los perceptores de la renta b¨¢sica y de las pensiones de menor cuant¨ªa.

En cuanto a las pensiones, en la actualidad es el Estado el que fija su cuant¨ªa y reparte el dinero entre las comunidades aut¨®nomas. En el caso de Euskadi, las tres diputaciones distribuyen ese dinero. Estas pensiones son de dos tipos: las contributivas (m¨¢s de 468.000 este a?o en Euskadi) y las no contributivas (casi 10.000. Ver gr¨¢fico). Las primeras son aqu¨¦llas que cobran las personas que durante su vida laboral han cotizado a la Seguridad Social durante el n¨²mero de a?os requeridos o sus familiares. Incluyen, entre otras, pretaciones por jubilaci¨®n, viudedad y orfandad.

Las no contributivas se conceden a quienes en su vida laboral no han podido cotizar a la Seguridad Social o lo han hecho de una manera insuficiente. Son las m¨¢s bajas y de dos tipos: jubilaci¨®n e invalidez. En la actualidad, el Gobierno ya complementa a todos los pensionistas con una ayuda para alcanzar al menos el 87% del Salario M¨ªnimo Interprofesional. El nuevo acuerdo supone un salto cuantitativo y cualitativo muy importante: cuantitativo, porque casi todos los colectivos de pensionistas reciben una paga inferior al SMI, y cualitativo, porque la equiparaci¨®n al salario m¨ªnimo supone romper una barrera con la que hasta ahora nadie se hab¨ªa atrevido.

La equiparaci¨®n supone una reivindicaci¨®n hist¨®rica del PSE, que en los ¨²ltimos a?os ha planteado varias propuestas en esa l¨ªnea. La ¨²ltima fue en septiembre de 2005, cuando en una proposici¨®n no de ley inst¨® al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de complemento de las pensiones m¨ªnimas "con el fin de que ninguna renta se halle en Euskadi por debajo del SMI". Al final, aquella propuesta sali¨® adelante muy matizada. Algo parecido ha intentado el PSE con los perceptores de la renta b¨¢sica, cuya cuant¨ªa este a?o se elevar¨¢ al 88% del SMI. El Ejecutivo siempre se ha opuesto a llegar hasta el 100% para que la ciudadan¨ªa no perciba que se puede cobrar lo mismo trabajando que sin trabajar, con la carga de desmotivaci¨®n que ello conllevar¨ªa a la hora de buscar un empleo. En este caso, no hay conflicto con las rentas de trabajo ni desmotivaci¨®n de ning¨²n tipo.

El objetivo del Ejecutivo y el PSE es ofrecer mayor calidad de vida al colectivo de pensionistas, donde se concentran algunos de los principales focos de pobreza, como las viudas y la tercera edad. Las familias monoparentales, los j¨®venes menores de 35 a?os que se han independizado y que se encuentran en una situaci¨®n cr¨ªtica y los extranjeros son el resto de colectivos que sufren mayor riesgo de exclusi¨®n social.

El pacto incluye tambi¨¦n el segundo Plan Vasco de Inserci¨®n, el proyecto de ley de Familia, la modificaci¨®n de la Ley contra la Exclusi¨®n Social y la reforma de la Carta de Derechos Sociales. En cuanto a la modificaci¨®n de la Ley contra la Exclusi¨®n Social, la intenci¨®n del Ejecutivo es remitirla al Parlamento para su aprobaci¨®n antes del pr¨®ximo verano. Con el apoyo del PSE, su aprobaci¨®n en la C¨¢mara est¨¢ garantizada. Una de las novedades de esta modificaci¨®n radicar¨¢ en que garantizar¨¢ el cobro de una ayuda econ¨®mica para que los ciudadanos m¨¢s necesitados puedan alquilar un piso u otro alojamiento.

Para ello, se va a crear una prestaci¨®n complementaria de vivienda, que se unir¨¢ a la renta b¨¢sica y a las ayudas de emergencia social (AES) para completar el bloque de subvenciones que ofrece la Ley contra la Exclusi¨®n Social, aprobada en 1998, de cara a favorecer la integraci¨®n social y laboral de los ciudadanos con m¨¢s problemas.

Esta nueva prestaci¨®n se pondr¨¢ en marcha a trav¨¦s de una modificaci¨®n legal de dicha norma, con lo que se convertir¨¢ en un derecho subjetivo, como ahora es la renta b¨¢sica. Ello significa que todos los ciudadanos necesitados dispondr¨¢n de esa ayuda, con independencia de las limitaciones presupuestarias. La prestaci¨®n para cubrir las necesidades de vivienda tiene su origen precisamente en las AES. Hasta ahora, un 80% de la partida destinada a este cometido se iba en los alquileres de vivienda, cuando la Ley de Exclusi¨®n Social fija otros objetivos para la mencionada partida.

Dentro de la modificaci¨®n de esta ley, el acuerdo entre PSE y el Ejecutivo recoge la elaboraci¨®n de un protocolo especial para ampliar los supuestos en los que los mayores de 18 a?os puedan cobrar la renta b¨¢sica. En la actualidad, la edad para percibirla asciende a 23 a?os. El Gobierno ha defendido esta edad porque la renta no pretende facilitar la independencia de los j¨®venes, sino proteger a los necesitados.