Tentativa legal contra los 'gorrillas'
Juristas y vecinos de Sevilla dudan de que multar con 120 euros a los aparcacoches sea efectivo
Hay tres problemas cotidianos en las ciudades que los ayuntamientos intentan resolver con todo tipo de experimentos y pocas esperanzas de lograr una soluci¨®n: los atascos diarios, el padecimiento del botell¨®n y los aparcacoches, esos vigilantes espont¨¢neos de los estacionamientos conocidos como gorrillas.
El gobierno local de Sevilla -precisamente de donde es originario este sobrenombre, por ir sus pioneros tocados con una gorra de plato para conferirse aires de autoridad- ha aprobado una ordenanza que considera esta actividad una forma de mendicidad "coactiva" y establece multas de 120 euros para los que reincidan.
"El concepto de mendicidad coactiva es jur¨ªdicamente inane", sostiene un letrado
Al tratarse en su mayor¨ªa de indigentes, la norma prev¨¦ que las sanciones sean sustituidas por "sesiones de atenci¨®n individualizada con los servicios sociales o por especialistas en materia de drogodependencia" y "cursos en los que se les informar¨¢ de que las instituciones p¨²blicas les ofrecen apoyo y asistencia". El delegado de Gobernaci¨®n del Ayuntamiento, el socialista Francisco Fern¨¢ndez, argumenta que el objetivo no es recaudar dinero "si no que tengan claro que no pueden hacer de aparcacoches". Seg¨²n dice, el concepto de "mendicidad coactiva" lleva aparejada la intenci¨®n de que, adem¨¢s de la actuaci¨®n de la Polic¨ªa Local, tenga cabida la Polic¨ªa Nacional, "y no se inhiba".
La regulaci¨®n de los gorrillas sevillanos, cuyas pautas se incluyen en una prolija ordenanza gen¨¦rica bautizada como "antivand¨¢lica", se ve desde los colectivos vecinales como un compendio de medidas est¨¦riles e ineficaces, cuando no directamente absurdas. "?De qu¨¦ sirve que pongan una sanci¨®n econ¨®mica a una persona que es insolvente y que al rato volver¨¢ a estar donde estaba?", se preguntaba la semana pasada Mar¨ªa Luisa Puech, la presidenta de la asociaci¨®n de vecinos y comerciantes de Bami, una barriada infestada de gorrillas malencarados (casi todos son heroin¨®manos que viven en la calle) que rodea al complejo hospitalario de la ciudad sanitaria Virgen del Roc¨ªo.
La opini¨®n de los juristas no es mucho mejor. "El concepto de mendicidad coactiva es completamente inane, no tienen ning¨²n efecto. Parece que el adjetivo coactivo lo han metido para que no parezca que se persigue la simple mendicidad y quedar bien", se?ala Joaqu¨ªn Ur¨ªas, letrado del Tribunal Constitucional. Ur¨ªas tambi¨¦n estima que un desarrollo posterior para incautar a los infractores su recaudaci¨®n como restituci¨®n de la falta es sencillamente irrealizable. "Una vez que se impone la sanci¨®n, hay un procedimiento de alegaciones y dem¨¢s que puede llevar dos y tres meses. Con una persona que vive en la calle, todo esto es imposible, ?ad¨®nde se le env¨ªa el papelito rosa de la multa?", ironiza el letrado.
Para el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Ja¨¦n Gerardo Ruiz-Rico, el problema est¨¢ en que un ayuntamiento no tiene la capacidad de regular comportamientos que son derechos fundamentales. "Para calificar la mendicidad de coactiva es necesaria una habilitaci¨®n legislativa superior", como ocurre con la ley antibotell¨®n que ha aprobado recientemente el Parlamento de Andaluc¨ªa con el prop¨®sito de dar cobertura jur¨ªdica a los ayuntamientos en la lucha contra este otro calvario ciudadano. Eso es justo lo que reclaman los vecinos de Bami, quienes se plantaron el pasado d¨ªa 8 ante el Parlamento andaluz para exigirle que elabore una ley antigorrillas.
El esfuerzo imaginativo para erradicar este fen¨®meno, atenazado por el riesgo de infringir no ya derechos fundamentales sino el sentido com¨²n, ha conducido casi siempre a los mun¨ªcipes al fracaso estrepitoso. El Ayuntamiento de Huelva anunci¨® hace siete a?os que iba a prohibir a los gorrillas se?alar a los conductores los espacios libres bajo amenaza de multa, es decir, que no podr¨ªan mover los brazos ni hacer gestos de reclamo.
La vez que se estuvo m¨¢s cerca de borrar de las calles el tormento de los gorrillas extorsionadores -los hay que rayan carrocer¨ªas o retuercen concienzudamente limpiaparabrisas- fue en Sevilla en la primera mitad de la d¨¦cada de los noventa. A trav¨¦s de un convenio con una asociaci¨®n de parados de mayores de 40 a?os se formaron los vovis (voluntarios vigilantes), ejemplo que copiaron otras ciudades. De hecho, viajaron al Parlamento europeo y fueron recibidos por el comisario de Empleo. Uniformados y reglados, los vovis, que llegaron a ser 600, ten¨ªan la virtud de espantar a los ilegales, pero el caso de una estafa en el seno de la asociaci¨®n les quit¨® fuerza y el Ayuntamiento los olvid¨®, si bien siguen funcionando de manera extraoficial: expiden tiques (60 c¨¦ntimos) y la Polic¨ªa Local no multa en las zonas en las que trabajan.
Seg¨²n el concejal Fern¨¢ndez, el consistorio sevillano no tiene en estos momentos ning¨²n acuerdo formal ni con los vovis ni con Anic, la otra asociaci¨®n que dispensa recibos por sus servicios y respecto a la que la Polic¨ªa Local hace tambi¨¦n la vista gorda (varios de ellos trabajan en la misma calle de la Casa Rosa, presidencia de la Junta). No obstante, sus miembros aseguran ser oficiales y cuenta con oficinas en las que llevan el registro de asociados, fijan sus turnos y se proveen de tiques.
Pero a¨²n con convenio en vigor, los vovis tienen igualmente sus agujeros legales. La Audiencia de C¨®rdoba conden¨® en 1988 a los vovis de esta ciudad a indemnizar al propietario de un veh¨ªculo que fue asaltado. El fallo dec¨ªa que cuando se facilita el tique "por muy m¨®dica que sea la cantidad y loable el fin al que se destina (...) surge desde ese momento una relaci¨®n contractual".
En el extremo opuesto campa la impunidad de los gorrillas, a los que la Polic¨ªa Local puede hacer poco m¨¢s que molestarlos, aunque la zona azul y las restricciones de tr¨¢fico ha mermado su n¨²mero. "La polic¨ªa viene, les pide los datos, se van y al rato vuelven", relata la frutera de la plaza Rafael Salgado, en el coraz¨®n de la barriada sevillana de Bami. En la calle del mismo nombre un vovi uniformado, Antonio, discute para marcar su territorio con gorrillas que salen de todas partes, pero cuando se vuelve, un yonqui de aspecto desvalido que lleva un bocadillo en la mano aprovecha para meter la cu?a y llevarse un euro.
Esta informaci¨®n ha sido elaborada por D. Narv¨¢ez, F. Valverde, P. Espinosa, G. Donaire, M. Planelles, M. J. L¨®pez D¨ªaz y M. J. Albert.
Todas las capitales carecen de norma espec¨ªfica
- M¨¢laga. La presencia de gorrillas en las calles ha disminuido desde que en 2000 el Ayuntamiento confi¨® la vigilancia y el orden a las asociaciones de minusv¨¢lidos. El consistorio mantiene tres convenios con otras tantas asociaciones, y elabor¨® unas ordenanzas para regular los aparcamientos en la calle que no est¨¢n sometidos a servicio tarifario ordinario en determinadas zonas de la ciudad. Los minusv¨¢lidos ordenan los aparcamientos y vigilan los veh¨ªculos a cambio de una tarifa unitaria de 0,90 euros que les permite tener un sueldo y su integraci¨®n laboral. La Asociaci¨®n de Inv¨¢lidos Civiles, la asociaci¨®n mayoritaria, tiene en estos momentos a 48 vigilantes, y las otras dos organizaciones suman unos 40. Si en los a?os noventa la mayor¨ªa de los pedig¨¹e?os eran espa?oles de barriadas marginales y con problemas de droga, los que se ven ahora son en su mayor¨ªa inmigrantes.
- Granada. Para facilitar el aparcamiento, s¨®lo poseen licencia una asociaci¨®n de minusv¨¢lidos. Los gorrillas son multados con una sanci¨®n de 40 euros.
- C¨¢diz. El Ayuntamiento no cuenta con una normativa espec¨ªfica ya que, seg¨²n dicen, no existe un problema generalizado que requiera una norma.
- Ja¨¦n. Los gorrillas no han existido nunca en la capital. El fen¨®meno es puntual, casi siempre vinculado a la feria.
- C¨®rdoba. El Consistorio firm¨® hace a?os un acuerdo con una asociaci¨®n de parados de m¨¢s de 40 a?os y con otra de minusv¨¢lidos. No tiene normas contra los gorrillas, aunque actualmente prepara una "reorganizaci¨®n sistem¨¢tica" de estos acuerdos.
- Almer¨ªa. Hay un convenio con una asociaci¨®n de minusv¨¢lidos en zonas determinadas y el Ayuntamiento dice que practica el "hostigamiento" con los ilegales, a los que se le identifica y se les informa de que est¨¢ prohibida la mendicidad.
- Huelva. No tiene una ordenanza espec¨ªfica sobre los gorrillas porque no es un problema para la ciudad. El consistorio mantiene convenios con dos asociaciones de parados para zonas determinadas.
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