El Gobierno concede a las autonom¨ªas parte del control en la gesti¨®n de los r¨ªos

El Plan del Gobierno para zanjar la guerra del agua ya tiene letra: el borrador de la Ley de Aguas con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere contentar a las comunidades aut¨®nomas y aplacar sus reivindicaciones sobre la gesti¨®n de los r¨ªos. Para ello crea un consejo supremo en las confederaciones hidrogr¨¢ficas. El Gobierno controlar¨¢ ese organismo -tendr¨¢ la mitad m¨¢s uno de los votos- pero por primera vez desde que en 1926 se crearon las confederaciones, las autonom¨ªas tendr¨¢n voto. Su peso en ese organismo depender¨¢ de la poblaci¨®n que beba agua de esa cuenca. La norma crea una tasa por el consumo de agua, que podr¨¢ subir cada a?o, y ampl¨ªa de cinco a diez metros la franja de protecci¨®n de los r¨ªos.

Participaci¨®n de las autonom¨ªas, s¨ª; pero bajo control del Gobierno. ?se es el concepto de la reforma de la Ley de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado al Consejo Nacional del Agua para debatir el texto el mi¨¦rcoles, y que traspone la directiva marco del agua. El texto reorganiza las confederaciones hidrogr¨¢ficas, que pasan a llamarse demarcaciones, para dar entrada a autonom¨ªas y ayuntamientos. Para ello crea el consejo supremo o "comit¨¦ de autoridades competentes" como "¨®rgano de cooperaci¨®n y direcci¨®n de las demarcaciones hidrogr¨¢ficas" que ocupan m¨¢s de una comunidad. El presidente de la demarcaci¨®n reportar¨¢ a este organismo, que ser¨¢ el encargado de proponer al Gobierno los planes de cuenca y la delimitaci¨®n del dominio p¨²blico y dem¨¢s "planificaci¨®n, gesti¨®n y protecci¨®n de las aguas".

Este comit¨¦ se convierte as¨ª en el nuevo organismo clave en la gesti¨®n de los r¨ªos que cruzan varias autonom¨ªas -las cuencas que s¨®lo afectan a una comunidad ya est¨¢n transferidas-. Y aunque el Ejecutivo quiere dar voz a las autonom¨ªas, mantendr¨¢ el control. El borrador de la ley establece que el Gobierno nombrar¨¢ a la mitad m¨¢s uno de los miembros, con lo que tendr¨¢ mayor¨ªa de voto.

Cada comunidad aut¨®noma tendr¨¢ un representante, pero no todos sus votos valdr¨¢n lo mismo. "El voto se ponderar¨¢ entre 0 y 1 en funci¨®n de la superficie y poblaci¨®n comprendida en el ¨¢mbito de la demarcaci¨®n", se?ala el borrador. Es decir, Murcia tendr¨¢ un representante en la demarcaci¨®n del Guadalquivir, pero su voto valdr¨¢ mucho menos que el del andaluz: s¨®lo el 0,2% de la cuenca est¨¢ en Murcia mientras que el 90,2% est¨¢ en Andaluc¨ªa. Lo mismo ocurre con cuencas como la del Ebro, que abarca a nueve comunidades aut¨®nomas. Los ayuntamientos tendr¨¢n un representante en ese comit¨¦.

Adem¨¢s, el Gobierno crea una conferencia sectorial del agua, una reuni¨®n permanente de todas las comunidades con el ministerio para abordar el tema. En realidad se trata de crear un ¨®rgano similar a la conferencia de medio ambiente, pero exclusivamente para el agua. Los usuarios, regantes y ecologistas, critican que el Gobierno les deja fuera de los ¨®rganos de gesti¨®n, ya que ahora pasan a estar en un organismo consultivo.

Con esta ley, el Gobierno pretende aplacar las reivindicaciones de las comunidades aut¨®nomas y adecuarlas a los nuevos estatutos. El presidente socialista de CastillaLa Mancha, Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda, por ejemplo, siempre hab¨ªa pedido participar en la gesti¨®n de los r¨ªos, pero no controlarlo. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explic¨® hace una semana que la reforma traer¨¢ "serenidad al debate" sobre el agua.

El Gobierno no puede dar m¨¢s voto a las comunidades, ya que la Constituci¨®n afirma que es competencia exclusiva del Estado "la legislaci¨®n, ordenaci¨®n y concesi¨®n de recursos y aprovechamientos hidr¨¢ulicos cuando las aguas discurran por m¨¢s de una comunidad aut¨®noma". El Estatuto de Andaluc¨ªa otorga a la comunidad la gesti¨®n del Guadalquivir en su territorio y por eso lo ha recurrido Extremadura, y con muchas probabilidades de ¨¦xito.

Adem¨¢s del nuevo reparto de competencias, la norma incorpora novedades muy importantes y que ser¨¢n pol¨¦micas, como la creaci¨®n de una "tasa por prestaci¨®n de servicios de gesti¨®n, registro, control e inspecci¨®n de los usos del agua". Se trata de un nuevo canon que oscilar¨¢ desde 0,2 euros por cada 1.000 metros c¨²bicos de agua para beber o para la producci¨®n de electricidad. En realidad es una cantidad m¨ªnima, ya que un regante pagar¨ªa de media 1,4 euros por hect¨¢rea al a?o y todos los usos urbanos apenas dar¨¢n un mill¨®n de euros, pero el texto ya advierte de que "estos precios b¨¢sicos podr¨¢n revisarse peri¨®dicamente en los Presupuestos Generales del Estado". Los usuarios temen que este art¨ªculo es una cu?a para ir subiendo el precio del agua.