El interventor declara que no verific¨® el sobrecoste de los aparcamientos de Ortiz

El interventor del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, no aclar¨® ayer al juez por qu¨¦ se modific¨® al alza el contrato de adjudicaci¨®n de tres aparcamientos subterr¨¢neos al contratista Enrique Ortiz. El funcionario, seg¨²n fuentes del caso, asegur¨® que se limit¨® a dar el visto bueno al modificado "porque el aumento del presupuesto no superaba el l¨ªmite legal del 20%". El t¨¦cnico compareci¨® como testigo en la causa abierta por supuesto trato de favor. En sumario hay seis imputados, entre ellos el promotor, el alcalde, Luis D¨ªaz Alperi, del PP, y dos ediles de su equipo de gobierno.

El pleno del Ayuntamiento adjudic¨® el 17 de enero de 2003 los tres aparcamientos subterr¨¢neos a Enrique Ortiz por un valor global de 14,8 millones de euros y un plazo de explotaci¨®n de 40 a?os. El contrato fue modificado el 4 de julio por la junta de gobierno con un presupuesto final de 17,8 millones de euros y un per¨ªodo de concesi¨®n de 47 a?os y diez meses. El cambio del contrato, rechazado inicialmente por los t¨¦cnicos de Urbanismo, fue avalado por un informe del jefe del departamento de Tr¨¢fico, Antonio Escobedo Moya.

El informe del t¨¦cnico de Tr¨¢fico inclu¨ªa una partida de 1,7 millones bajo el ep¨ªgrafe de gastos adicionales, cifra clave a juicio de la acusaci¨®n popular y del fiscal, para situar el aumento del presupuesto en el 19,9%, justo una d¨¦cima por debajo del l¨ªmite legal del 20%. Superada esa barrera, la junta de gobierno estaba obligada a solicitar un dictamen previo al Consejo Jur¨ªdico Consultivo de la Comunidad Valenciana para autorizar el cambio.

A preguntas del letrado de la acusaci¨®n popular y del fiscal anticorrupci¨®n, el interventor admiti¨® que "no verific¨®" a qu¨¦ conceptos correspond¨ªa esa partida de gastos adicionales y que se limit¨® a dar el visto bueno al documento del jefe de Tr¨¢fico, "porque el modificado no superaba el l¨ªmite legal del 20%".

En su escrito de denuncia, el fiscal mantiene "que existi¨® un concierto previo entre el alcalde-presidente del Ayuntamiento, la concejal delegada de Urbanismo y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Tr¨¢fico y Transportes con la exclusiva intenci¨®n de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial". El ministerio p¨²blico ha evaluado en 2.268.060 euros el quebranto econ¨®mico que ha acarreado al Ayuntamiento el cambio del contrato.

La instrucci¨®n de la causa prosigue el viernes con la declaraci¨®n, tambi¨¦n como testigo, del vicesecretario del Ayuntamiento.