Duelo entre el Congreso y la Casa Blanca

El Congreso estadounidense consum¨® ayer el choque institucional con el presidente George Bush a prop¨®sito del caso de los fiscales despedidos. Un comit¨¦ de la C¨¢mara de Representantes aprob¨® que puedan ser citados a declarar bajo juramento varios asesores de la Casa Blanca y abri¨®, de esa manera, un dif¨ªcil y apasionante litigio sobre el uso pol¨ªtico de la justicia y el l¨ªmite de los distintos poderes en una democracia.

Bush prometi¨® facilitar las grabaciones o papeles que necesite el Congreso en su investigaci¨®n

Lo que en otro sistema o en otras circunstancias hubiera sido, simplemente, el relevo de ocho entre 93 fiscales federales que el Gobierno pone y el Gobierno tiene derecho a quitar, ha ido escalando hasta convertirse en un dram¨¢tico duelo pol¨ªtico que puede arrastrar dimisiones -entre otras, la del secretario de Justicia, Alberto Gonzales- y que, quiz¨¢, tenga que ser resuelto finalmente por el Tribunal Supremo.

Ayer, el subcomit¨¦ de Asuntos Judiciales de la C¨¢mara de Representantes aprob¨® que puedan ser convocados a prestar testimonio jurado en el Congreso el principal asesor de Bush, Karl Rove, la antigua consejera de la Casa Blanca Harriet Miers y el jefe de Gabinete de Gonzales, Kyle Sampson, que ya dimiti¨® la pasada semana.

Esa medida es una reacci¨®n a la propuesta hecha el martes por Bush de que Rove y los dem¨¢s comparezcan en el Capitolio, pero a t¨ªtulo privado, es decir, sin prestar juramento y sin taqu¨ªgrafos.

Bush acompa?¨® su oferta con la entrega de 3.000 documentos que recogen el intercambio de correos electr¨®nicos y otros contactos entre Rove, sus colaboradores y el Departamento de Justicia sobre la actuaci¨®n de los fiscales. El presidente prometi¨® tambi¨¦n facilitar otras grabaciones o papeles que el Congreso necesite en su investigaci¨®n.

Se trata de demostrar si todos o algunos de los ocho fiscales despedidos lo fueron por no haber favorecido los intereses pol¨ªticos del Gobierno. Aunque, en efecto, es el Gobierno el que los nombra, los fiscales est¨¢n obligados a actuar con imparcialidad e independencia una vez que ocupan el cargo.

Uno de los despedidos, el ex fiscal federal de Nuevo M¨¦xico David Iglesias, cont¨® ayer en un art¨ªculo publicado en The New York Times que dos congresistas republicanos de su Estado le llamaron poco antes de las elecciones legislativas del pasado noviembre para preguntarle si pensaba actuar en un caso de corrupci¨®n en el que estaban implicados algunos dirigentes del Partido Dem¨®crata.

Seg¨²n el relato de Iglesias, cuando ¨¦ste se neg¨® a informarles, aduciendo la ley que impide a los fiscales hablar sobre sus investigaciones, el senador Pete Domenici le contest¨®: "Siento mucho o¨ªr eso".

Iglesias ya hab¨ªa contado esta versi¨®n ante el comit¨¦ de Asuntos Judiciales del Senado, que tambi¨¦n parece haber encontrado rastros de motivaci¨®n pol¨ªtica de los despidos en varios correos electr¨®nicos entre Rove, Sampson y Gonzales en los que comentan sobre la falta de agresividad de algunos fiscales ante casos que podr¨ªan perjudicar a los dem¨®cratas.

Bush neg¨® categ¨®ricamente en su declaraci¨®n del martes que los despidos se hubieran producido por algo distinto a la capacidad profesional de los afectados, pero se neg¨® a permitir la comparecencia de sus colaboradores bajo juramento porque cree que ello sentar¨ªa un grave precedente que debilitar¨ªa la instituci¨®n de la presidencia.

El argumento de la Casa Blanca es el de que la ¨²nica forma de que el presidente reciba consejos sinceros de sus asesores es la de proteger a ¨¦stos de eventuales procesamientos posteriores, tanto ante los tribunales como ante el Congreso.

Precisamente por eso, se concede al presidente el poder constitucional de silenciar a sus consejeros. Bill Clinton y otros presidentes hicieron uso de esos poderes antes de Bush. Pero ese poder no es ilimitado. El Tribunal Supremo oblig¨®, por ejemplo, a Richard Nixon a entregar las cintas del Watergate.

Ahora, est¨¢ todav¨ªa abierta la posibilidad de una negociaci¨®n pol¨ªtica entre el Capitolio y la Casa Blanca. De hecho, el comit¨¦ de la C¨¢mara ha aprobado la citaci¨®n, pero no la ha tramitado a¨²n. No obstante, si esa negociaci¨®n no condujese a un acuerdo, tendr¨ªan que ser los jueces, y en ¨²ltima instancia el Supremo, quienes resolvieran la controversia.