Reacci¨®n desmedida

La oposici¨®n y otros colectivos cr¨ªticos con el Gobierno tienen derecho a pedir explicaciones por la decisi¨®n del fiscal de retirar la acusaci¨®n por enaltecimiento del terrorismo contra Otegi. Sin embargo, la desmesura sumar¨ªsima con que ayer condenaron esa decisi¨®n ("ileg¨ªtima, inmoral, injusta") y el nuevo proceso de intenciones contra el Gobierno ("un episodio m¨¢s de su rendici¨®n ante ETA") desborda con mucho los l¨ªmites de la confrontaci¨®n democr¨¢tica. Y llevar la oposici¨®n a los argumentos del ministerio fiscal a la calle, convocando o apoyando concentraciones ante la sede de la fiscal¨ªa, supone coaccionar a una instituci¨®n b¨¢sica para el funcionamiento del Poder Judicial. As¨ª lo han denunciado en ocasiones recientes el PP (y esos colectivos que ahora piden la dimisi¨®n de Zapatero a cuenta del fiscal) cuando eran otros quienes presionaban en relaci¨®n a querellas contra pol¨ªticos nacionalistas.

No tiene nada de procesalmente anormal, aunque sea infrecuente, que el ministerio fiscal termine cambiando en el juicio sus conclusiones provisionales o que incluso retire la acusaci¨®n. Pero en vez de analizar las razones jur¨ªdicas que han llevado al fiscal a modificar su criterio inicial en el proceso a Otegi y otros dos dirigentes de Batasuna (estos dos ¨²ltimos absueltos en su d¨ªa), el PP se ha lanzado en tromba a descalificarlas con argumentos que nada tienen de jur¨ªdico.

La actuaci¨®n de Otegi en el homenaje a la etarra Olaia Castresana en 2001 ha sido sometida a la acci¨®n de la justicia. El Estado de derecho reaccion¨® y se ha sometido al imputado a un largo proceso penal. No tiene nada de extra?o ni excepcional que, en el tiempo transcurrido, el fiscal haya encontrado motivos para estimar que lo que inicialmente se consideraron palabras de enaltecimiento del terrorismo no encajaban en ese tipo penal. No es posible ignorar, adem¨¢s, que los hechos por los que fue procesado Otegi ocurrieron en julio de 2001: en un momento en que ETA hab¨ªa asesinado a 35 personas en los 19 meses transcurridos desde la ruptura de la tregua de 1998.

Es l¨®gico que, en el contexto de hace seis a?os, las palabras del portavoz de Batasuna fueran objeto de investigaci¨®n judicial; y que Otegi aclarase el sentido de sus palabras, si conten¨ªan una amenaza o una incitaci¨®n a la comisi¨®n de atentados. Es lo que, tras una procelosa instrucci¨®n, ha ocurrido ahora en el juicio del mi¨¦rcoles, antes de que el fiscal retirase la acusaci¨®n. Es evidente que la situaci¨®n actual, incluso tras el bombazo de Barajas, no es comparable a la del verano de 2001. El alto el fuego est¨¢ roto, pero despu¨¦s no le ha seguido un rosario de atentados como los que se produjeron en 2000 y 2001.

No es seguro que la fiscal¨ªa haya tenido en cuenta esta diferencia de situaciones; las razones procesales invocadas tal vez eran suficientes para aplazar el juicio y modificar la acusaci¨®n o retirarla. Y tambi¨¦n es posible que el ministerio p¨²blico se haya equivocado al valorar esas razones y considerar el cambio en el contexto general. Por eso ser¨ªa l¨®gico pedir explicaciones. Pero no hay razones que justifiquen este hist¨¦rico auto de fe montado contra el fiscal y el Gobierno.