El peor escenario del d¨ªa despu¨¦s

Tanto la Administraci¨®n central como la local, reunidas en el Consorcio Valencia 2007, han expresado su voluntad de que Valencia vuelva a ser la sede del acontecimiento deportivo en el supuesto de que el Alinghi se haga de nuevo con la Jarra de las Cien Guineas. Sin embargo, en el supuesto de que Valencia no logre ser reelegida por America's Cup Manegement (ACM) y Rita Barber¨¢ permanezca en la alcald¨ªa, las fricciones entre ambos recrudecer¨ªan en el peor de los escenarios.

Jordi Sevilla desliz¨® ayer que en ese caso el Gobierno central se replantear¨ªa el destino de las infraestructuras que acaban de ser inauguradas. Incluso sugiri¨® varias posibilidades de futuro, y entre ellas una que ser¨ªa regresiva y nefasta para la sutura de Valencia con el mar: que el puerto industrial recuperara el espacio que la ciudad ha conquistado para llenarlo de contenedores. El ministro introduc¨ªa as¨ª una inquietud innecesaria, aunque lo m¨¢s probable es que s¨®lo pretendiera subrayar la propiedad del Gobierno sobre la parte de la infraestructura desafectada con ¨¢nimo de disuadir las irrefrenables tentaciones de Barber¨¢ de monopolizar y rentabilizar pol¨ªticamente el evento deportivo.

Hasta el momento, la alcaldesa no ha hecho otra cosa que aprovechar todas las fisuras que le ha proporcionado el Gobierno. Y la principal de ellas, el hecho de que la devoluci¨®n al Estado de la inversi¨®n en las obras de la Copa del Am¨¦rica a trav¨¦s de su explotaci¨®n no sea percibida como una contribuci¨®n neta del Gobierno.

Sevilla quiso hacer ayer una reivindicaci¨®n de la aportaci¨®n econ¨®mica del Estado, m¨¢s all¨¢ de los cr¨¦ditos del ICO, con los suelos aportados para el evento. Pero la alcaldesa, sin duda, ya hab¨ªa descubierto v¨ªas de penetraci¨®n electoral cuando le contest¨® que la mitad del puerto pertenece a la ciudad. Es cierto que el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Valenciana firmaron un convenio por el que la Administraci¨®n central ced¨ªa el uso de la d¨¢rsena interior a la ciudad a cambio de la construcci¨®n de un acceso norte para el puerto, aunque la propiedad jur¨ªdica del dominio es del Estado. Todo aquello que afecta a usos privativos es de la Administraci¨®n central, seg¨²n varios especialistas consultados.

Incluso en caso de que el encabritamiento pol¨ªtico fuera a mayores y se entablara una hipot¨¦tica batalla jur¨ªdica por la propiedad del espacio desafectado, el Ayuntamiento tendr¨ªa las de perder. Para empezar, el hecho de que el puerto carezca de un plan de utilizaci¨®n de los espacios portuarios, que sirve para delimitar la zona del domino p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, es decir la superficie exacta del puerto y por tanto el espacio exacto que le fue cedido a la ciudad, podr¨ªa dejar el convenio sin efecto, ya que se firm¨® sobre una base inestable.