La patronal pide incorporar a los inmigrantes a la seguridad privada
En Catalu?a faltan m¨¢s de 3.000 puestos de trabajo de vigilante
La patronal de la seguridad privada, Aproser, exigi¨® ayer a los poderes p¨²blicos que impulsen los cambios legislativos necesarios para que los inmigrantes extracomunitarios puedan trabajar como vigilantes de seguridad. Seg¨²n la asociaci¨®n, el sector necesita cubrir m¨¢s de 3.000 puestos de trabajo s¨®lo en Catalu?a -20.000 en el conjunto de Espa?a- para cubrir las necesidades de un mercado en crecimiento.
La Ley de Seguridad Privada, una norma de ¨¢mbito estatal aprobada hace 15 a?os, restringe el acceso a la profesi¨®n de vigilante de seguridad a los ciudadanos de nacionalidad espa?ola o procedentes de alg¨²n pa¨ªs miembro de la Uni¨®n Europea. Los inmigrantes de origen extracomunitario -la mayor¨ªa de los que residen en el pa¨ªs- quedaron, por tanto, excluidos. Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs del orbe comunitario que mantiene esta situaci¨®n.
"?C¨®mo es posible que un suramericano pueda ingresar en el Ej¨¦rcito, pero no pueda trabajar como vigilante?", se pregunt¨® ayer el secretario general de la Asociaci¨®n Profesional de Compa?¨ªas Privadas de Seguridad, Eduardo Cobo, en el marco de una jornada sobre buenas pr¨¢cticas en la seguridad privada, que se celebr¨® en la sede de Fomento del Trabajo, en Barcelona.
En la misma l¨ªnea se expres¨® Javier Mirallas, presidente en Catalu?a de una asociaci¨®n que agrupa a las principales empresas del sector, entre ellas Prosegur, Securitas o Eulen: "?No dice [el consejero de Interior] Joan Saura que los Mossos han de incorporar a inmigrantes para que sean representativos de la sociedad?", a?adi¨® Mirallas ante un centenar de asistentes entre directores de empresas, pol¨ªticos de la Generalitat y de la Administraci¨®n central, y responsables del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y la Guardia Civil.
En Catalu?a trabajan cerca de 13.000 vigilantes de seguridad. La cifra es "escasa", provoca que "no se puedan prestar todos los servicios demandados" y obliga a las empresas a "recurrir a personal auxiliar". Los excesivos tr¨¢mites burocr¨¢ticos contribuyen, seg¨²n la asociaci¨®n, a perpetuar la escasez de mano de obra. La ley fija para el personal de seguridad una formaci¨®n reglada de 180 horas en centros oficiales, as¨ª como la necesidad de superar un examen del Ministerio del Interior.
En la clausura de la jornada, el vicepresidente de Fomento, Eusebi Cima, aprovech¨® para pedir a la Administraci¨®n "sensibilidad" ante el d¨¦ficit de personal. Cima record¨® el peso econ¨®mico de Aproser: 3.000 millones de beneficio, m¨¢s de 100.000 empleados, 80% del volumen de negocio del sector. Junto a ¨¦l estuvo sentado el delegado del Gobierno en Catalu?a, Joan Rangel, que recogi¨® el guante: "Somos receptivos, y todas las propuestas para actualizar las normas son bien recibidas", apunt¨®.
M¨¢s coordinaci¨®n
En lo que s¨ª hubo coincidencia plena fue en la necesidad de aumentar la cooperaci¨®n entre las empresas de seguridad privada y los cuerpos policiales que operan en Catalu?a. "Ese es el gran reto", se?al¨® el secretario de Seguridad P¨²blica de la Generalitat, Joan Delort, quien anunci¨® la creaci¨®n de un ¨®rgano espec¨ªfico en el seno del departamento de Interior para abordar la relaci¨®n con los operadores privados de seguridad.
En este sentido, la responsable de servicios de seguridad privada de Interior, Maria Elena Quintana, subray¨® que el nuevo Estatuto supone un "salto cualitativo", porque permite a la Generalitat "inspeccionar y sancionar las actividades de las empresas", as¨ª como "autorizar los centros de formaci¨®n".
Aunque el asunto no se debati¨® ayer en Fomento, los sindicatos denunciaron el elevado intrusismo en la seguridad privada que, seg¨²n el sindicato catal¨¢n SIPVS, alcanza al 40%. Los representantes de los trabajadores acusaron a las empresas de contratar a "auxiliares de servicios" sin formaci¨®n cuando se quedan sin vigilantes habilitados. El problema es que desempe?an funciones propias de un vigilante de seguridad. Seg¨²n la ley de 1992, las empresas pueden crear sus propios centros de formaci¨®n y eso, seg¨²n los sindicatos, hace que "acaben regalando los t¨ªtulos".
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