El decretazo, paradigma de la pol¨ªtica del PP

El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el conocido como decretazo de Aznar en su segunda legislatura, por el que sustancialmente, de una parte, se abarataba el despido, suprimiendo los salarios de tramitaci¨®n, y, de otra, se recortaban las prestaciones de desempleo.

Esta sentencia es muy importante, en primer lugar, por su novedad, ya que es la primera vez en los m¨¢s de 25 a?os de funcionamiento del Tribunal Constitucional que se declara la inconstitucionalidad de un real decreto-ley.

Las razones en las que el tribunal fundamenta dicho fallo, a saber que el Gobierno no puede por s¨ª solo aprobar normas con valor de ley, salvo situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, no cabe conceptuarlas de formales ya que afectan de lleno a la divisi¨®n de poderes que forma parte de la esencia del Estado democr¨¢tico de derecho, en el que la capacidad de aprobar leyes corresponde en exclusiva a los representantes elegidos por el pueblo y no al Ejecutivo. Nuestra Constituci¨®n de 1978, recogiendo la experiencia democr¨¢tica precedente, matiza esa cl¨¢sica divisi¨®n de poderes admitiendo que en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad pueda el Ejecutivo dictar un real decreto-ley.

Y es la ausencia real de dicha situaci¨®n de extraordinaria y urgente necesidad la que ha llevado al Tribunal Constitucional a dictar la importante sentencia que comentamos.

Pero m¨¢s all¨¢ de las razones en las que el Tribunal funda su fallo, esta sentencia supone la culminaci¨®n constitucional del fracaso democr¨¢tico de una pol¨ªtica profundamente conservadora del Gobierno del PP en su legislatura de mayor¨ªa absoluta.

Conviene recordar que, tras la obtenci¨®n de una mayor¨ªa relativa en las elecciones generales de 1996, el PP se vio obligado a pactar con las fuerzas parlamentarias nacionalistas para constituir una mayor¨ªa en las C¨¢maras. Dichos acuerdos ten¨ªan caracter¨ªsticas destacables, como la cesi¨®n del 30% del IRPF a las comunidades aut¨®nomas, cuando antes el PP hab¨ªa rechazado la cesi¨®n del 15% por el Gobierno socialista, o la ausencia de toda referencia al terrorismo en el pacto con el PNV, a pesar de que durante toda la legislatura dicho fen¨®meno se presentar¨ªa con unos perfiles mucho m¨¢s graves que en la actualidad, en que se ha convertido en el exclusivo tema de oposici¨®n al actual Gobierno socialista.

Dichos pactos moderaron la pol¨ªtica conservadora del PP y le obligaron a gobernar de acuerdo, no s¨®lo con otros interlocutores pol¨ªticos, sino tambi¨¦n, en el terreno econ¨®mico y social, mediante pactos con empresarios y trabajadores, habi¨¦ndose obtenido logros muy significativos como la reforma del mercado laboral de 1997, que vino a mejorar la realizada en 1994, y el Acuerdo sobre Pensiones que desarroll¨® el Pacto de Toledo, o el referido a la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales.

Esta moderaci¨®n en algunas de las pol¨ªticas del primer Gobierno del PP (no en otras, como su voluntad de controlar los medios de comunicaci¨®n, con la persecuci¨®n ya, incluso penal, del Grupo PRISA o la creaci¨®n de un conglomerado medi¨¢tico af¨ªn en torno a la Telef¨®nica gestionada por el ausente Juan Villalonga; o el intento de control de la justicia, llegando hasta el indulto y el intento de reintegrar a la carrera judicial a un juez prevaricador como G¨®mez de Lia?o) permiti¨® a Aznar obtener la deseada mayor¨ªa absoluta. Y parad¨®jicamente aquella moderaci¨®n que hab¨ªa conducido al triunfo, desapareci¨® con la llegada de ¨¦ste.

Buena prueba de ello fue el di¨¢logo social: la apuesta por el mismo al inicio de esta segunda legislatura ya vino condicionada por un documento gubernamental, centrado en recortar derechos sociales, y con la advertencia de que, de no obtenerse acuerdo sobre el mismo en un plazo determinado, el Gobierno llevar¨ªa adelante sus propuestas.

El escenario no era nada f¨¢cil para los negociadores, ya que el Gobierno marcaba unas orientaciones econ¨®micas centradas en rebajar el coste del factor trabajo que resultaban poco eficaces en un mundo cada vez m¨¢s globalizado y que contradec¨ªan frontalmente los acuerdos europeos de fomentar la competitividad mediante la renovaci¨®n tecnol¨®gica y el conocimiento, aspectos ¨¦stos que terminaron siendo la cenicienta de los Gobiernos del PP, incluso cuando estuvo al frente de las mismas el se?or Rajoy (? se acuerdan de algo de su gesti¨®n al frente del Ministerio de Educaci¨®n?).

El fracaso de las negociaciones constat¨® la imposibilidad de concitar consenso social en torno a esa pol¨ªtica tan regresiva e injustificada. No obstante ello, el Gobierno del PP, en lugar de extraer esa ense?anza, pis¨® el acelerador de su pol¨ªtica y, ante el anuncio de una huelga general, decidi¨® prescindir tambi¨¦n del consenso pol¨ªtico mediante la aprobaci¨®n del real decreto-ley ahora anulado.

La aparente victoria inmediata obtenida con la aprobaci¨®n del decretazo result¨® ef¨ªmera. La huelga general del 20 de junio de 2002 fue un gran ¨¦xito de los sindicatos convocantes, a pesar de los ataques al derecho de huelga lanzados desde el Ejecutivo, incluyendo la manipulaci¨®n de Televisi¨®n Espa?ola al informar de la misma. El triunfo as¨ª obtenido fue el primer aldabonazo de la respuesta de la sociedad democr¨¢tica espa?ola a las sucesivas medidas en que se concretaba la pol¨ªtica del PP en su legislatura de mayor¨ªa absoluta, ya se tratara del hundimiento del Prestige, el accidente del Yakovlev 42 o, sobre todo, la desgraciada participaci¨®n en la invasi¨®n de Irak, cuyas tr¨¢gicas consecuencias todav¨ªa perduran.

La fuerza demostrada entonces por las organizaciones sindicales result¨® ser, sin duda, la semilla que fructificar¨ªa m¨¢s tarde en la victoria electoral del 2004, dando lugar a un Gobierno distinto que ha convertido realmente el di¨¢logo social en norte de su pol¨ªtica, posibilitando los amplios acuerdos alcanzados en esta legislatura y que, sobre la base de una pol¨ªtica econ¨®mica de mejora de la competitividad mediante m¨¢s inversi¨®n en infraestructuras e I+D, acreditan que ello es no s¨®lo posible, sino m¨¢s fuerte, si se acompa?a de una apuesta por el empleo estable y la mejora de la protecci¨®n social.

Diego L¨®pez Garrido es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y Ricardo Peralta Ortega es abogado laboralista.