?Es la mejor f¨®rmula?
Los ministros de Justicia de la Uni¨®n Europea acordaron ayer en Luxemburgo castigar como delito la incitaci¨®n al racismo y la xenofobia. El acuerdo, por muy bienintencionado que sea, est¨¢ aderezado de ambig¨¹edades y excepcionalidades, por lo que al final habr¨¢ que preguntarse sobre la conveniencia y utilidad de llevarlo adelante. Ha sido Alemania la que, aprovechando su presidencia comunitaria este semestre, decidi¨® promover una iniciativa que los socios europeos ven¨ªan ya discutiendo desde hac¨ªa cinco a?os sin que hubiera hasta ahora un principio com¨²n. El acuerdo incluye la reserva del Reino Unido, Irlanda y los pa¨ªses escandinavos, que siempre se han resistido a legislar sobre estos fen¨®menos por temor a que ello signifique un ataque a la libertad de expresi¨®n.
Una vez que esta decisi¨®n marco sea aprobada por el Consejo de Ministros, la UE establecer¨¢ penas de entre uno y tres a?os de c¨¢rcel para las incitaciones a la violencia contra grupos por su origen ¨¦tnico, nacional, racial o religioso, as¨ª como la negaci¨®n o trivializaci¨®n de los cr¨ªmenes contra la humanidad o los genocidios reconocidos por tribunales internacionales. Ello afecta a la negaci¨®n del Holocausto o los cr¨ªmenes nazis, que est¨¢n ya penados en nueve pa¨ªses de la Uni¨®n, pero parad¨®jicamente excluye los excesos del estalinismo, como pretend¨ªan Polonia y los pa¨ªses b¨¢lticos. Sin embargo, el texto deja a cada Estado la posibilidad de establecer salvaguardas para preservar el derecho de opini¨®n e incluso no castigar expresiones racistas que no inciten a la violencia.
Parece muy l¨®gica la reserva mostrada por esa media docena de socios comunitarios, dado que resulta muy discutible que tipificar como delito, por ejemplo, la negaci¨®n del Holocausto o el genocidio armenio en Turqu¨ªa garantiza la erradicaci¨®n de la xenofobia y el racismo en una sociedad tan multicultural como es hoy Europa. De un lado, porque la penalizaci¨®n de actos de esta clase no resultar¨¢ sencillo de aplicar; y de otro, porque con iniciativas semejantes se pretende indicar que son los poderes p¨²blicos los responsables de legislar el relato de la historia, lo que a todas luces es absurdo y equivocado. No es de excluir que con estas prohibiciones se obtenga la reacci¨®n contraria, es decir, que los grupos que propugnan el odio racista y xen¨®fobo exploten su complejo de persecuci¨®n.
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