?Se acuerdan del 'se rompe Espa?a'?

Con los a?os hemos aprendido que la soluci¨®n al decimon¨®nico "Espa?a como problema" era la democracia, la libertad. No incidir tanto en lo que nos hac¨ªa diferentes sino en aquello que nos igualaba al resto de pa¨ªses europeos. La Constituci¨®n del 78 contiene la respuesta, o el procedimiento para encontrarla, a varios de los problemas hist¨®ricos que han afectado de manera negativa a la convivencia pac¨ªfica entre espa?oles. Entre ellos, la que debe darse entre nacionalistas -perif¨¦ricos y centrales- y no nacionalistas, as¨ª como entre las distintas visiones que definen Espa?a como afortunadamente plural.

Nuestra Espa?a constitucional es auton¨®mica, de la misma manera que s¨®lo podemos concebir una Espa?a auton¨®mica a partir de una Constituci¨®n que abre puertas, ofrece caminos y posibilidades, que exige la negociaci¨®n y el acuerdo para desarrollarse. Una Constituci¨®n pensada para incluir, para que todos nos podamos sentir c¨®modos viviendo juntos a pesar de nuestras diferencias.

Nuestro modelo constitucional y auton¨®mico, que define un ¨²nico Estado gestionado por distintos niveles de administraci¨®n, ha sido un ¨¦xito, pero requiere ajustes y perfeccionamientos para que funcione mejor y para adecuarlo a realidades y necesidades cambiantes. As¨ª ha sido desde que en 1979 se aprobaron los primeros Estatutos de Autonom¨ªa. La aprobaci¨®n de 17 Estatutos, m¨¢s los de Ceuta y Melilla, los distintos procesos de transferencias -culminados, en los casos de educaci¨®n y sanidad, por el ¨²ltimo Gobierno del PP-, los cinco modelos de financiaci¨®n aprobados durante estos a?os, o las 19 Comisiones Bilaterales creadas en los ¨²ltimos 20 a?os, se?alan que, lejos de ser un modelo cerrado e inm¨®vil, la virtud de nuestro desarrollo auton¨®mico ha consistido en estar en permanente cambio.

Con esos antecedentes exitosos, pero no exentos de problemas, la pol¨ªtica territorial del actual Gobierno tuvo que abordar, dentro del cumplimiento de su programa electoral, dos grandes cuestiones. La primera, c¨®mo gestionar el llamado plan Ibarretxe y la reforma del Estatuto catal¨¢n, ambos ya en marcha cuando tomamos posesi¨®n. La segunda, c¨®mo mejorar los espacios de encuentro y de cooperaci¨®n entre el Gobierno central y las Comunidades Aut¨®nomas, poniendo en marcha instrumentos que estuvieran a la altura de la Constituci¨®n, cuando reconoce que las CC AA tambi¨¦n son Estado.

La primera se hizo aplicando dos principios: m¨¢ximo consenso y respeto a la Constituci¨®n. Se puede discutir qui¨¦n gestiona qu¨¦ y c¨®mo se financia, pero sin alterar la Constituci¨®n, ni sus procedimientos. Si ahora el Tribunal Constitucional se puede pronunciar sobre algunos recursos presentados respecto al Estatuto de Catalunya es, precisamente, porque, en contra de la demagogia utilizada, ¨¦ste no representa ninguna reforma encubierta de la Constituci¨®n sino que es ¨¦sta la que marca los l¨ªmites a aqu¨¦l.

A pesar de los acalorados e interesados debates sobre las reformas estatutarias (reformas que proliferan ahora de mutuo acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales), la segunda cuesti¨®n tiene m¨¢s inter¨¦s y, sin duda, es m¨¢s necesario abordarla para que aquello que ya existe funcione mejor al servicio de los ciudadanos. Me refiero al entramado de relaciones institucionales que permiten trabajar juntos a los componentes administrativos de nuestro Estado constitucional. Es decir, a aquellos ¨¢mbitos en los que abordamos la soluci¨®n a problemas en los que ninguna administraci¨®n, por s¨ª sola, tiene capacidad para resolver o que, en todo caso, es mejor, m¨¢s positivo, resolverlos de manera conjunta.

Porque gobernar en democracia no es una lucha por el acopio de competencias o por el vaciado de las mismas, sino organizar respuestas conjuntas entre administraciones, escuchando a los ciudadanos. Me refiero, en primer lugar, a la necesaria reforma del Senado, planteada en el debate de investidura del presidente Zapatero y bloqueada hoy por la negativa a abordarla por parte del principal partido de la oposici¨®n. Sin un Senado que sea lugar de representaci¨®n y legislaci¨®n de los asuntos territoriales, aunque reserve la ¨²ltima palabra al Congreso, nuestro modelo auton¨®mico constitucional estar¨¢ falto de algo importante que puede ayudar a relajar tensiones entre territorios.

Pero tambi¨¦n en las relaciones entre el Gobierno de la naci¨®n y los gobiernos auton¨®micos hay que dar pasos para mejorar los espacios de encuentro y de di¨¢logo, sean bilaterales o multilaterales. La Conferencia de Presidentes ha sido un hito importante en esa direcci¨®n al visualizar la imagen de la Espa?a Constitucional y auton¨®mica, a la vez que ha impulsado medidas pol¨ªticas que resuelven problemas como la participaci¨®n de las CC AA en los Consejos de Ministros de la Uni¨®n Europea, la financiaci¨®n sanitaria, el mapa nacional de ayudas en I+D+i o el cambio clim¨¢tico. Una norma que regule la participaci¨®n de las CC AA en la formaci¨®n de la voluntad nacional en asuntos de Estado o en organismos constitucionales en los que deban estar presentes, as¨ª como el funcionamiento de los instrumentos multilaterales de cooperaci¨®n para hacerlos m¨¢s estables y eficaces, ayudar¨ªa tambi¨¦n a que lo existente funcione mejor.

Y, por ¨²ltimo, la mejora de los instrumentos de relaciones bilaterales para aquellos asuntos que deban tratarse en este ¨¢mbito. Desde que en 1983 se cre¨® la primera Comisi¨®n bilateral Gobierno Central-Navarra hasta la generalizaci¨®n que hizo en el a?o 2000 el Gobierno del PP, cre¨¢ndolas all¨ª donde todav¨ªa no exist¨ªan, ha habido m¨¢s de 135 reuniones bilaterales formales entre Gobierno central y CC AA. No es pues un instrumento nuevo en el desarrollo auton¨®mico espa?ol, que ha caminado sobre las dos piernas de la multilateralidad y la bilateralidad desde su creaci¨®n. Incluso en alguna ocasi¨®n no se ha podido aplicar a una CC AA un modelo de financiaci¨®n decidido multilateralmente y aprobado en el Parlamento, simplemente porque no lo ha aceptado a nivel bilateral. Hasta ese punto ha tenido fuerza la bilateralidad en nuestro modelo. As¨ª pues, cuando los nuevos Estatutos introducen Comisiones bilaterales est¨¢n reconociendo el valor de uno de los instrumentos b¨¢sicos de desarrollo auton¨®mico que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, perfeccionando lo existente, pero sin introducir cambios bruscos ni rupturas aventureras.

Si lo miramos de manera desapasionada, sin dejarnos arrastrar por tanto absurdo como se ha dicho, las reformas territoriales emprendidas en esta legislatura, aunque parciales, han consolidado la Espa?a auton¨®mica, reforzando nuestra Constituci¨®n y permitiendo que todos nos sintamos mejor unidos. Son una prueba del ¨¦xito obtenido en los ¨²ltimos 25 a?os y un deseo de seguir viviendo juntos y de manera ordenada durante muchos a?os m¨¢s. Pero todav¨ªa quedan asignaturas pendientes para ir haci¨¦ndolo mejor, d¨ªa a d¨ªa.

Jordi Sevilla es ministro de Administraciones P¨²blicas.