Archivo apresurado

El auto por el que una juez de Melilla ha archivado las diligencias sobre un supuesto delito de falsificaci¨®n del formulario oficial del voto por correo, abiertas contra el gerente del Partido Popular en dicha ciudad, tiene todos los rasgos de una absoluci¨®n anticipada que deber¨ªa ser, en todo caso, resultado de un juicio. El asunto tiene demasiados puntos oscuros como para darlos por aclarados en un auto de archivo, y tras una somera investigaci¨®n judicial en la que el ministerio fiscal no ha tenido oportunidad de ejercer en toda su integridad su tarea en defensa de la legalidad.

De entrada, la decisi¨®n judicial no despeja la inc¨®gnita de la utilizaci¨®n final de los mil ejemplares del impreso oficial del voto por correspondencia, encargados a una imprenta por el gerente del PP melillense tras la imposibilidad de obtenerlos en las oficinas de Correos por su car¨¢cter estrictamente personal. De ah¨ª que la sospecha, mantenida por el ministerio fiscal, de que el objetivo no era otro que alterar o influir en el voto por correo, siga estando en el aire por m¨¢s que la presunci¨®n de inocencia ampare a los implicados en los hechos. Pero este extremo permite considerar que estamos ante el cierre judicial apresurado de un asunto de dif¨ªcil explicaci¨®n, pues se dan por resueltas cuestiones que s¨®lo una investigaci¨®n m¨¢s profunda o, en ¨²ltimo t¨¦rmino, el juicio oral podr¨ªan aclarar sin dejar ning¨²n cabo suelto.

No hace falta ser un experto en leyes para saber que los partidos pol¨ªticos no est¨¢n facultados para obtener y luego facilitar a sus posibles votantes los impresos oficiales del voto por correo y mucho menos imprimirlos por su cuenta como si fueran verdaderos. Llama la atenci¨®n que la juez de Melilla d¨¦ por hecho que el gerente del PP local desconociera que la reproducci¨®n de la solicitud del voto por correo es ilegal, atribuy¨¦ndole una ignorancia jur¨ªdica que, adem¨¢s de no eximirle del cumplimiento de la ley, casa mal con el nivel cultural medio atribuible al representante de un partido pol¨ªtico.

En todo caso, se trata de una cuesti¨®n -si actu¨® o no con dolo- que exige un debate judicial m¨¢s exhaustivo que el que fundamenta un auto de archivo. Lo mismo ocurre con la cuesti¨®n de si el impreso oficial del voto por correo puede considerarse documento p¨²blico. La juez considera que "inicialmente" no lo tiene, sin dar opci¨®n a debatir m¨¢s ampliamente tan importante cuesti¨®n doctrinal. Por ello, era obligado recurrir el auto y abrir la posibilidad de que instancias judiciales m¨¢s altas retomen el caso, no s¨®lo para determinar mejor la culpabilidad o inocencia de los implicados, sino para dejar claro que actuaciones como las del PP en Melilla no tienen amparo en la ley y deben ser cortadas de ra¨ªz para evitar alteraciones fraudulentas del voto.