El n¨²mero dos de Ortiz asume ante el juez la responsabilidad del sobrecoste de los aparcamientos

Santiago Bern¨¢lbez, director de divisi¨®n de construcci¨®n del Grupo Ortiz, asumi¨® ayer ante el juez "la responsabilidad" de los cambios en el proyecto de tres aparcamientos subterr¨¢neos adjudicados por el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, al contratista Enrique Ortiz. El directivo declar¨®, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado n¨²mero 8 de Alicante que instruye una denuncia de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por supuesto trato de favor al considerar que las modificaciones del contrato fueron "ventajosas" para el empresario. El ministerio p¨²blico ha evaluado en 2.268.060 euros el quebranto econ¨®mico de la operaci¨®n para las arcas municipales. Los t¨¦cnicos del departamento de Urbanismo se opusieron a la modificaci¨®n, extremo que llev¨® al alcalde, Luis D¨ªaz Alperi, a trasladar el expediente al ¨¢rea de Tr¨¢fico, cuyo jefe de negociado, Antonio Escobedo, s¨ª aval¨® la operaci¨®n. ?ste, junto al alcalde, otros dos ediles del PP y el promotor, est¨¢n imputados.

Bern¨¢lbez justific¨® los cambios en las "diferencias" entre el anteproyecto y la propuesta final lo que motiv¨® "un reequilibro presupuestario". El directivo asegur¨® que "nunca" tuvo conocimiento del rechazo de los t¨¦cnicos de urbanismo al modificado. Asegur¨® que durante el tr¨¢mite mantuvo reuniones "frecuentes" con el jefe de tr¨¢fico, pero dijo desconocer un informe final de este funcionario en el que detallaba todas las partidas de los cambios. Este documento, seg¨²n una de las acusaciones populares, no est¨¢ incluido en el expediente municipal y fue aportado por el funcionario con la investigaci¨®n judicial ya en curso.

Bern¨¢lbez afirm¨® que no tiene relaci¨®n de amistad con el alcalde y que tampoco conoce a los hijos del regidor, pese a que reside en la misma urbanizaci¨®n.

Como consecuencia de estas diligencias, y a petici¨®n del fiscal y de las acusaciones populares, el juez ampli¨® la investigaci¨®n a las viviendas de los tres hijos de Alperi. Estas dos partes sostienen que las casas -tres chal¨¦s en una lujosa urbanizaci¨®n en la playa- son propiedad del promotor Ortiz. Mientras, el regidor mantiene que viven en alquiler. La primera documentaci¨®n recabada por el juzgado, entre otros los certificados del pago de los gastos de comunidad, certifica que las casas son propiedad de la promotora. S¨®lo los recibos de agua est¨¢n subrogados a los hijos del alcalde, pero no como propietarios sino como arrendatarios.