M¨¢s de 200 personas inician los tr¨¢mites de la ley de dependencia

La Comunidad Valenciana dio esta semana el primer paso para aplicar la nueva ley de la dependencia, marco legal que definir¨¢ las caracter¨ªsticas de las personas que no pueden valerse por s¨ª mismas, sus grados de discapacidad y las ayudas a que tienen derecho. La Generalitat se ha situado entre las primeras autonom¨ªas en moverse, junto a Asturias, Pa¨ªs Vasco y Navarra, al ofrecer impresos para la evaluaci¨®n, que ya han solicitado unas 200 personas.

"No hab¨ªa obligaci¨®n expresa de arrancar, pero como ya tenemos formado al personal encargado de hacer las valoraciones, decidimos repartir el lunes los impresos y comenzar", se?alan fuentes oficiales de la Consejer¨ªa de Bienestar Social, que ha colgado en la red el documento (www.bsocial.gva.es) junto al preceptivo informe de salud. La ley establece que antes del 31 de diciembre se tiene que haber evaluado a las personas que presenten grandes dependencias (demencias avanzadas, personas con par¨¢lisis cerebral), una calificaci¨®n que corresponde a aquellos que cuenten con m¨¢s de 75 puntos en el sistema de baremaci¨®n aprobado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta semana, m¨¢s de 200 personas se han acercado por las dependencias de Bienestar Social para solicitar el documento. En Asturias lo han hecho 1.500.

La baremaci¨®n se ha de hacer en casa y el departamento que dirige Alicia de Miguel se?ala que tiene el trabajo adelantado. Por ejemplo, han baremado de forma experimental a 7.000 residentes de centros p¨²blicos y concertados de la tercera edad, de los cuales han determinado que un tercio son grandes dependientes. "Nos ha servido de rodaje y para saber la situaci¨®n de las personas que se encuentran en los centros", apuntan las mismas fuentes. 35 especialistas formados y ya est¨¢n dise?ando rutas para evaluar a los pacientes. Desde la consejer¨ªa sostienen que no van m¨¢s r¨¢pidos por el retraso del ministerio en poner en marcha todo el armaz¨®n legal, especialmente en relaci¨®n con el pago del servicio.

La visi¨®n de la responsable del PSPV de pol¨ªtica social, N¨²ria Esp¨ª, es la opuesta: est¨¢n tratando de alargar el proceso poniendo el m¨¢ximo de obst¨¢culos posibles. Esp¨ª denuncia que los formularios de las baremaciones est¨¢n mal hechos: "No incluyen los datos relativos a la renta de los posibles beneficiarios, frente a otros documentos como los de Castilla y Le¨®n, por lo que se necesitar¨¢ remitir documentaci¨®n adicional que retrasar¨¢ toda la tramitaci¨®n". Otro de los inconvenientes consiste en que los documentos del reconocimiento m¨¦dico, que tambi¨¦n se han de cumplimentar para fijar el grado de dependencia, no se han distribuido en los centros de salud. Y de los 135 baremadores que debe haber (uno por cada 25.000 habitantes) apenas hay 35. "Por no hablar de los 140 trabajadores sociales de refuerzo". "La deducci¨®n ante este comportamiento est¨¢ muy claro: quieren alargar el proceso de baremaci¨®n y retrasar el pago", se?ala Esp¨ª. "A fecha de hoy s¨®lo hay un real decreto [relativo a la baremaci¨®n] de desarrollo de la ley", apuntan desde Bienestar Social. Uno de los principales reproches del departamento de Alicia de Miguel es la falta de desarrollo que impide ir m¨¢s all¨¢ en la aplicaci¨®n de la ley. El dinero al que tendr¨¢n derecho los beneficiarios o sus cuidadores depender¨¢ de factores (renta, posibilidades de la familia, recursos p¨²blicos disponibles...) que, indican, a¨²n no est¨¢n definidos.

Pero adem¨¢s, temen que el compromiso de financiaci¨®n del Estado se quede corto. Hasta 2015, el Ministerio ha calculado un coste de implantaci¨®n de 25.000 millones de euros que se han de repartir a partes iguales entre las Administraciones estatal y auton¨®mica. Las cuentas de la consejer¨ªa son de m¨¢s del doble: 55.000.