El Gobierno catal¨¢n crea la primera oficina antifraude en Espa?a, adscrita al Parlament

El Gobierno catal¨¢n aprob¨® y remiti¨® ayer al Parlament el proyecto de ley de creaci¨®n de la primera oficina antifraude que se crear¨¢ en Espa?a. Se trata de un organismo encargado de investigar posibles casos de uso irregular de fondos en las administraciones catalanas. Su campo de actuaci¨®n para la detecci¨®n y prevenci¨®n de eventuales casos de corrupci¨®n ser¨¢ la totalidad del sector p¨²blico catal¨¢n, integrado por la Administraci¨®n auton¨®mica y la local, incluidos los organismos y empresas p¨²blicas que dependen de ellas, y las universidades p¨²blicas.

Con esta aprobaci¨®n se cumple un compromiso que figuraba ya en el programa del anterior Gobierno de izquierdas, que no pudo aprobarse por el acortamiento de la legislatura. Era una de las condiciones incluidas en 2003 por Esquerra Republicana en el programa del Tinell, procedente de la etapa en que, como partido de oposici¨®n, denunciaba la existencia de irregularidades y amiguismo en los gobiernos de CiU y, al mismo tiempo, en los gobiernos municipales dirigidos principalmente por los socialistas.

El proyecto incluye las recomendaciones formuladas por el Consejo Consultivo de la Generalitat, al que le fue remitido en la anterior legislatura. Aquel dictamen advirti¨® de que la oficina deb¨ªa respetar las funciones atribuidas por las leyes a la Intervenci¨®n General de la Generalitat, a la Sindicatura de Cuentas, al S¨ªndic de Greuges, la autoridad judicial y el ministerio fiscal.

La oficina ser¨¢ un nuevo ente de derecho p¨²blico, con personalidad jur¨ªdica propia y capacidad de actuaci¨®n independiente. Estar¨¢ adscrito al Parlament, que elegir¨¢ a su director a propuesta del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Su mandato ser¨¢ para seis a?os, renovable una sola vez, y estar¨¢ sometido a un severo r¨¦gimen de incompatibilidades. En la pasada legislatura se cit¨® el nombre del fiscal David Mart¨ªnez Madero como posible director.

En el ¨¢mbito municipal, que ha sido uno de los caballos de batalla del proyecto, la Oficina instar¨¢ en cada caso a la entidad local correspondiente que investigue e inspeccione a trav¨¦s de sus propios ¨®rganos los posibles casos de uso o destino irregular de fondos de los que se ocupe. Al dar cuenta de la aprobaci¨®n del proyecto, el consejero de Gobernaci¨®n, Joan Puigcerc¨®s, explic¨® que para crear este nuevo organismo de control se ha seguido el modelo de la oficina existente en la Uni¨®n Europea.

El Gobierno aprob¨® ayer otros proyectos:

- Tratado Uni¨®n Europea. Como avanz¨® la semana pasada el presidente Montilla, el Gobierno aprob¨® ayer el documento que expone las demandas de la Generalitat de cara a la reforma del Tratado constitucional de la Uni¨®n Europea. Pide que se respete el principio de subsidiariedad y reclama al Gobierno espa?ol que garantice que los parlamentos auton¨®micos podr¨¢n acudir al Tribunal Europeo de Justicia si se viola este principio. El presidente de la Generalitat entregar¨¢ hoy el documento aprobado al Secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro.

- Aeropuerto de Alguaire. El Departamento de Pol¨ªtica Territorial invertir¨¢ 23 millones de euros en la segunda fase del aeropuerto de Lleida. Esta fase comprende la construcci¨®n de la terminal y los edificios anexos a ¨¦sta. La primera fase, que incluye la construcci¨®n de la pista de aterrizaje, se licit¨® el mes pasado. Las obras se realizar¨¢n al mismo tiempo y tienen un plazo de ejecuci¨®n de 14 meses. En el segundo semestre de 2008 el aeropuerto podr¨¢ comenzar a operar.

- Nuevas l¨ªneas de bus. El Gobierno aprob¨® ayer una partida de 4,6 millones para financiar el servicio de varias l¨ªneas de autob¨²s iniciadas en 2006 en el cintur¨®n de Barcelona, entre ellas las de Matar¨® a Sabadell pasando por Granollers y la l¨ªnea de Montcada a Bellaterra.

- Receta electr¨®nica. Aunque los centros sanitarios ya han emitido m¨¢s de 30.000 recetas electr¨®nicas desde su implantaci¨®n, el Gobierno aprob¨® ayer el proyecto de decreto que las regular¨¢. El texto pretende facilitar y hacer m¨¢s seguras las prescripciones de la sanidad p¨²blica catalana. La implantaci¨®n de la receta electr¨®nica costar¨¢ 19 millones.