Una cuesti¨®n de mal gusto
Hay pol¨ªticos que esperan capitalizar poder argumentando que con ellos aumentaron las ejecuciones en su Estado, como le ocurri¨® a George W. Bush en Tejas. ?se podr¨ªa ser el caso de Jon Kyl, senador de Arizona que propuso la nueva ley el pasado a?o. En ese Estado se dictan muchas condenas a muerte, pero la mayor¨ªa no se llevan a cabo porque son rebatidas en tribunales federales.
Y ah¨ª surge otro de los conflictos que los cr¨ªticos subrayan: Alberto Gonzales despidi¨® el pasado a?o a ocho fiscales federales que, entre otras cosas, hab¨ªan rebatido sentencias estatales de penas de muerte.
Entre ellos hab¨ªa precisamente uno de Arizona, Paul K. Charton, quien se neg¨® a condenar a un preso por un supuesto crimen del que jam¨¢s se encontr¨® el cad¨¢ver. "El Congreso ha llegado incluso a pedir la dimisi¨®n de Gonzales por aquellos despidos y ahora resulta que va a ser ¨¦l, el fiscal de los fiscales, quien decida la suerte de los condenados a muerte. Es un conflicto de intereses flagrante y parece una broma de mal gusto", se queja Stephanie Faucher desde la ONG Death Penalty Focus.
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