El f¨²tbol y la ley

La explotaci¨®n de los derechos audiovisuales del f¨²tbol espa?ol vuelve a generar conflictos, fruto del aventurerismo de algunos, empe?ados en confundir el mundo de los negocios con la est¨¦tica de los trileros. Los ingresos provenientes de la televisi¨®n son desde hace a?os la fuente principal de financiaci¨®n de los clubes de f¨²tbol, pese a que ¨¦ste es, desde el punto de vista de la explotaci¨®n comercial, casi ruinoso para las televisiones. Las que emiten en abierto no logran ni de lejos compensar el costo de los partidos que ofrecen mediante los ingresos de publicidad. En cuanto a las de pago, ya hay suficiente experiencia en el mercado, por parte de operadores de cable y sat¨¦lite, que indican hasta qu¨¦ punto las desmesuradas expectativas generadas por el pago por visi¨®n eran del todo infundadas. A las televisiones les interesa, no obstante, seguir emitiendo f¨²tbol, ya sea por motivos de audiencia (La Sexta), de identidad pol¨ªtica (TV-3 de Catalunya y Canal 9 de Valencia) o como manera de obtener abonados (Digital + y los operadores de cable). De ese modo, se hab¨ªa logrado un equilibrio favorable para todas las partes, sobre todo para el espect¨¢culo futbol¨ªstico: permiti¨® atraer a los mejores jugadores del mundo, convertir la Liga espa?ola en una de las m¨¢s interesantes y aumentar su audiencia.

Pero el equilibrio se ha roto por la intervenci¨®n especulativa de intermediarios, como es el caso de Mediapro (accionista de La Sexta), cuya actividad en este terreno parece alejarse de lo que exige la prudencia mercantil, am¨¦n de llevarse a cabo con una absoluta falta de transparencia. Audiovisual Sport (sociedad de la que tiene un 80% Sogecable y un 20% la televisi¨®n p¨²blica catalana) es titular de la mayor¨ªa de los derechos de la Liga y de la Copa para las dos pr¨®ximas temporadas, y ha denunciado los reiterados incumplimientos de Mediapro respecto a los contratos y acuerdos suscritos entre ambas compa?¨ªas. La filial de Sogecable ha hecho p¨²blico que la suspensi¨®n a Mediapro por parte de Audiovisual Sport de la se?al que le permit¨ªa explotar un partido en abierto de Primera Divisi¨®n es consecuencia del impago de 58 millones de euros y del incumplimiento de otras obligaciones, despu¨¦s de que la empresa que preside Jaume Roures decidiera, en contra del acuerdo que hab¨ªa suscrito, lanzarse unilateralmente a la compra de derechos de decenas de equipos. En derecho, los pactos est¨¢n para ser cumplidos, y Audiovisual Sport pone de relieve que se hab¨ªa acordado que ella, como titular de los derechos de los clubes, fuera la encargada de renegociar los contratos, pacto que no se ha respetado.

El conflicto nos retrotrae a los d¨ªas de la guerra digital lanzada por el Gobierno de Aznar contra los medios de comunicaci¨®n que no le eran obedientes. La petici¨®n del PP en el sentido de que medie el Gobierno a trav¨¦s del Consejo Superior de Deportes s¨®lo pone de relieve con qu¨¦ facilidad el mundo del f¨²tbol ha sido utilizado por ese partido de manera demag¨®gica, hasta el punto de aprobar la famosa Ley del F¨²tbol que establece la obligaci¨®n de emitir semanalmente un partido por la televisi¨®n en abierto, sin que nadie especifique qui¨¦n y c¨®mo ha de pagarlo.

Pero esa ley no es la ¨²nica a la que debe responder el deporte, tan sometido a las c¨®digos Civil y Penal como cualquier otra actividad. El f¨²tbol es antes que nada un negocio de entretenimiento de masas que mueve cientos de millones de euros al a?o. Dinero ¨¦ste que, por desgracia, no ha bastado para sanear las cuentas de algunos clubes, siempre con la mano levantada hacia el presupuesto p¨²blico o con el ¨ªndice se?alando a las recalificaciones urban¨ªsticas. El coste actual del f¨²tbol televisado se acerca a los 400 millones de euros anuales, y las promesas hechas por Mediapro -se ignora con qu¨¦ avales, si existen- podr¨ªan elevar dicho coste hasta los 600 millones. A ra¨ªz de la demagogia inventada por Aznar y Cascos, el f¨²tbol para todos puede convertirse en el nuevo pan y toros de nuestra pol¨ªtica, pero alguien tendr¨ªa que decir qui¨¦n va a pagarlo.

Ahora le toca, sin embargo, al partido socialista demostrar que tiene un criterio m¨¢s moderno y evolucionado que el de la derecha sobre el tratamiento de cuestiones que afectan, desde luego, al inter¨¦s p¨²blico, pero que se constituyen y originan en el terreno de lo privado, est¨¢n regidas por el derecho mercantil y civil y, a mayor abundamiento en este caso, quedan pendientes de la resoluci¨®n de los tribunales de justicia, ante los que hay presentados diversos procedimientos. Es a dichos tribunales a los que toca decidir si las partes involucradas no llegan a un acuerdo que parece improbable en este momento. Cualquier mediaci¨®n de otro g¨¦nero debe ser por lo dem¨¢s bienvenida, la haga el Gobierno o la oposici¨®n (que por cierto ha interferido de forma directa y abusiva a trav¨¦s de las televisiones p¨²blicas que controla en Madrid y la Comunidad Valenciana). Es obligaci¨®n de las autoridades velar por el inter¨¦s general, desde luego, pero nuestro Estado de derecho se basa en leyes y normas definidas que es preciso respetar.

La intervenci¨®n ayer de la Liga de F¨²tbol Profesional, cambiando por sorpresa los horarios de determinados encuentros, con la colaboraci¨®n de los equipos valencianos subvencionados por la televisi¨®n p¨²blica de esa comunidad, permite albergar los peores presagios respecto al empeoramiento del conflicto. Las leyes del mercado exigen una transparencia absoluta y a ella est¨¢n m¨¢s obligadas que nadie las televisiones p¨²blicas que administran dinero del contribuyente.

Tras la tristemente famosa guerra del f¨²tbol de la pasada d¨¦cada, la explotaci¨®n de ¨¦ste hab¨ªa alcanzado un modelo racional y viable que hab¨ªa logrado superar la fragmentaci¨®n de los derechos de los clubes, ofrecer al usuario una oferta garantizada y participar del negocio a todos los operadores (en otros pa¨ªses europeos, determinados canales poseen la exclusiva). La irrupci¨®n del filibusterismo en este terreno no puede ser asumida como una nueva guerra entre medios, y es rid¨ªculo suponer que una empresa solvente y cotizada en Bolsa se vaya a rendir ante la demagogia sin defender el derecho de sus accionistas y clientes. La complacencia con quien rompe las reglas de juego ser¨¢ un camino directo hacia el desastre para quien la practique. Lo que est¨¢ en juego, en definitiva, es la solvencia y el futuro de las empresas de comunicaci¨®n y de los clubes de f¨²tbol.