100.000 'sin papeles' buscan la regularizaci¨®n en Portugal

La nueva ley de inmigraci¨®n portuguesa entr¨® en vigor el pasado 3 de agosto. Menos de dos semanas despu¨¦s, la avalancha de ciudadanos que reclamaban poner en regla sus papeles -se calcula que hay unos 100.000 en situaci¨®n irregular- oblig¨® a las autoridades a suspender el proceso de regularizaci¨®n. La l¨ªnea verde abierta recibi¨® 900.000 llamadas, y en las colas, seg¨²n el Gobierno, hab¨ªa ya inmigrantes africanos y asi¨¢ticos llegados desde Espa?a e Italia.

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Portugal, que en 2005 ten¨ªa 275.906 extranjeros legales, no da abasto a regularizar a los miles de trabajadores, africanos y brasile?os sobre todo, que esperan amparo. Ayer, el Consejo de Ministros aprob¨® el nuevo reglamento de la ley, que abrir¨¢ el proceso de nuevo en octubre, entre las cr¨ªticas, por motivos opuestos, de la derecha y de las asociaciones de inmigrantes. Seg¨²n SOS Racismo, hay m¨¢s de 100.000 extranjeros en situaci¨®n irregular, y la nueva ley no cubre ni un 10% de la demanda.

Caboverdianos, brasile?os, angole?os y guineanos, por ese orden, son las nacionalidades mayoritarias entre los casi 300.000 inmigrantes legales que hab¨ªa en Portugal en 2005. Entre las cuatro, suman m¨¢s del 50% de los extranjeros residentes. M¨¢s de la mitad habitan en el distrito de Lisboa, que ha vivido un agosto marcado por las colas, la esperanza y, finalmente, la frustraci¨®n. Los servicios del Consulado de Brasil se han colapsado, y lo mismo ha ocurrido en varias legaciones africanas. Tambi¨¦n hay miles de ucranios y moldavos esperando sus papeles.

La situaci¨®n desbord¨® completamente las previsiones del Gobierno, que hace dos semanas cerr¨® la oficina del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y s¨®lo hab¨ªa atendido a 800 personas. Para Mama Duba, dirigente de SOS Racismo Portugal, el problema es que "el Ejecutivo se precipit¨® a aprobar la ley sin salvaguardar lo esencial, que es resolver el problema de los indocumentados".

A Duba le sorprende que al Gobierno le haya pillado desprevenido la avalancha: "Su idea es que la regularizaci¨®n de ilegales sea la excepci¨®n, no la regla, y eso es totalmente absurdo. Se lo dijimos en 2005, ellos dijeron que nos escuchar¨ªan, pero luego no quisieron o¨ªrnos".

La nueva ley no es precisamente permisiva. Prev¨¦ legalizar a los inmigrantes que hayan entrado regularmente en el pa¨ªs, tengan contrato de trabajo o est¨¦n inscritos en la Seguridad Social. Seg¨²n los c¨¢lculos de las asociaciones de extranjeros, eso supondr¨ªa conceder la residencia a una cuota m¨ªnima, menos de 10.000 personas. "Aspirar a legalizar s¨®lo a 8.500 personas es rid¨ªculo. No entienden que dar papeles s¨®lo a los que tienen contrato de trabajo es beneficiar a los que infringen la ley y olvidar a los miles de trabajadores explotados que no tienen contrato ni Seguridad Social", dice el dirigente asociativo.

Aunque el Gobierno ha afirmado para justificar el par¨®n en la aplicaci¨®n de la ley que han detectado ciudadanos llegados desde Italia y Espa?a al olor de un supuesto efecto llamada, e incluso a "intermediarios sin escr¨²pulos" que habr¨ªan intentado aprovecharse de una hipot¨¦tica "regularizaci¨®n extraordinaria", SOS Racismo lo niega.

Todos los sectores coinciden en que el Gobierno ha conducido el asunto de una manera torpe y atropellada. Ayer, el ministro del Interior, Rui Pereira, explic¨® que el Gobierno ha preferido esperar a aprobar el reglamento para crear "un mecanismo de seguridad". Las asociaciones creen que, ahora, el Gobierno aprovechar¨¢ el caos para tratar de restringir las condiciones que dan acceso a la legalizaci¨®n.