La fiscal¨ªa acusar¨¢ por atentado a quienes agredan a los m¨¦dicos de Osakidetza
Los colegios profesionales tramitar¨¢n las denuncias, lo que agilizar¨¢ el proceso y mejorar¨¢ su registro
Las agresiones f¨ªsicas o la intimidaciones graves a los m¨¦dicos de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, ser¨¢n tramitadas desde ahora por los fiscales como delitos de atentado a funcionario p¨²blico, para los que el C¨®digo Penal prev¨¦ penas de uno a tres a?os de c¨¢rcel. Los colegios profesionales de m¨¦dicos tramitar¨¢n las denuncias, lo que permitir¨¢ que la fiscal¨ªa conozca el caso desde su inicio y lo considere delito de atentado. Esta circunstancia facilitar¨¢ a su vez que el domicilio del agredido no trascienda y se podr¨¢ llevar un registro fiable del n¨²mero de agresiones. Son las principales medidas que recoge el protocolo de actuaci¨®n que firmaron ayer la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior y el Consejo de M¨¦dicos de la comunidad aut¨®noma.
Los facultativos ven "infravalorad¨ªsima" la cifra de 240 casos de violencia al a?o
El presidente del Consejo y del Colegio de M¨¦dicos alav¨¦s, Kepa Urigoitia, critic¨® durante la presentaci¨®n del protocolo en Bilbao el que hasta ahora las actitudes violentas contra los m¨¦dicos no han sido perseguidas "con la suficiente energ¨ªa". Esta experiencia, que beneficiar¨¢ a los casi 4.500 facultativos que trabajan en el sistema sanitario p¨²blico, responde al aumento en los ¨²ltimos a?os "tanto en intensidad como en n¨²mero de los insultos, amenazas, coacciones y maltratos ps¨ªquicos y f¨ªsicos a los m¨¦dicos del mundo occidental", explic¨® Urigoitia, quien tambi¨¦n es secretario general del Sindicato M¨¦dico de Euskadi.
La falta de registros fiables de los casos impide apreciar con toda exactitud la incidencia de la violencia contra los facultativos. Las estimaciones del consejo apuntan que la cifra de 240 agresiones al a?o a profesionales sanitarios que se desprende del registro de Osakidetza est¨¢ "infravalorad¨ªsima". "No hay m¨¦dico que a lo largo de su carrera profesional no haya sido insultado o maltratado", afirm¨® y destac¨® que casi la totalidad de agresiones verbales no se denuncian.
El protocolo, que ser¨¢ objeto de seguimiento y valoraci¨®n para determinar su impacto, introduce cambios de calado en el procedimiento de tramitaci¨®n de las denuncias para que los facultativos sientan "el respaldo de su Colegio Profesional y de la justicia" ante una situaci¨®n de violencia. Tambi¨¦n favorecer¨¢ "un registro de agresiones m¨¢s fiable que redundar¨¢ en su mejor seguimiento, evaluaci¨®n y aplicaci¨®n de medidas correctoras", recalc¨® Urigoitia. El registro reflejar¨¢ tambi¨¦n la distribuci¨®n territorial y temporal de los incidentes, de forma que se pueda determinar cu¨¢les son los puntos y los turnos calientes o m¨¢s conflictivos, destac¨® el presidente del colegio vizca¨ªno, Cosme Naveda, en declaraciones a este peri¨®dico.
El parte de lesiones que emite el m¨¦dico que atiende al profesional agredido se remitir¨¢ al colegio profesional correspondiente en lugar de enviarlo directamente al juzgado como se hac¨ªa hasta ahora. El atacado tramitar¨¢ la denuncia en el propio colegio, que la remitir¨¢ junto con el parte de lesiones a la fiscal¨ªa o al juzgado correspondiente. As¨ª, el fiscal conocer¨¢ que se trata de un caso de atentado contra un funcionario p¨²blico, delito tipificado en los art¨ªculos 550 y 551 del C¨®digo Penal que conlleva penas de prisi¨®n de uno a tres a?os. El protocolo detalla que el agredido establezca como domicilio el de su colegio, con lo que no trascender¨¢n sus se?as particulares. "El agresor ya no le podr¨¢ decir al recurrente 's¨¦ d¨®nde vives", destac¨® gr¨¢ficamente Urigoitia.
Como aclar¨® la fiscal jefe del Superior, Mar¨ªa ?ngeles Montes, no es que con el protocolo se haya tipificado un delito nuevo, sino que ¨¦ste "plasma una soluci¨®n prevista en la legislaci¨®n que, por no conocida, no se utilizaba". Se considerar¨¢ atentado contra funcionario p¨²blico, detall¨® Montes, la agresi¨®n grave que haya sido motivada por el desempe?o de la funci¨®n de m¨¦dico, aunque esta no se produzca dentro del centro sanitario.
Los colegios profesionales presentan el protocolo como una iniciativa que contribuir¨¢ a disuadir a agresores potenciales, transmiti¨¦ndoles que "la violencia resultar¨¢ siempre est¨¦ril y ser¨¢ perseguida con todas las armas del Estado de Derecho". "Es un aviso para que sepan que no se ir¨¢n de rositas con una multa o un arresto domiciliario de un fin de semana", insisti¨® Naveda. Aunque las acusaciones por atentado en estos casos ya se aplican en otras tres comunidades aut¨®nomas (Andaluc¨ªa, Galicia y Catalu?a), Euskadi ha sido la primera que establece el mecanismo por el que los colegios tramitar¨¢n las denuncias.
Urigoitia lament¨® que los episodios de violencia se hayan extendido de los servicios psiqui¨¢tricos, en los que se concentraban antes, a todo el sistema: urgencias, atenci¨®n primaria, visitas domiciliarias,... "Parece que los comportamientos agresivos est¨¢n de moda", sostuvo, lo que atribuy¨® a un "reflejo del cambio en la escala de valores que se ha producido en nuestra sociedad". As¨ª, entre las causas que llevan a un paciente o a sus familiares y allegados a agredir al personal sanitario cit¨® "los derechos inexistentes, la aparente ausencia de deberes, las expectativas excesivas que no se ven cumplidas, las deficiencias estructurales y la discapacidad para soportar la ansiedad ante la enfermedad". Osakidetza ya cuenta con un protocolo para que los profesionales sepan c¨®mo reconducir una situaci¨®n de violencia.
La fiscal jefe matiz¨® que el delito de atentado est¨¢ tipificado por igual para cualquier profesional del sistema p¨²blico, por lo que las denuncias por agresiones al resto del personal sanitario pueden tramitarse igual.
Una propuesta con antecedentes en tres comunidades
Las agresiones f¨ªsicas y verbales que sufren el personal m¨¦dico y de enfermer¨ªa en los hospitales y ambulatorios p¨²blicos suponen un problema que sindicatos y colegios profesionales de toda Espa?a denuncian de forma cada vez m¨¢s insistente. Los sindicatos m¨¦dicos calculan que cerca de 8.000 facultativos en toda Espa?a (el 4% del total) han sufrido en alguna ocasi¨®n agresiones f¨ªsicas, mientras que un 60% de los 200.000 m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica nacional ha recibido amenazas.
En tres comunidades aut¨®nomas -Galicia, Catalu?a y Andaluc¨ªa- ya se han puesto en marcha protocolos de actuaci¨®n similar de manera que sus respectivas fiscal¨ªas ya califican estas agresiones graves, algunas de las cuales han llegado incluso a juicio, como delitos de atentado contra un funcionario p¨²blico.
El Servicio Andaluz de Salud ha impulsado un completo protocolo que incluye medidas de prevenci¨®n, como talleres de formaci¨®n para los profesionales, medidas de seguridad tanto en los centros como en la asistencia domiciliaria y planes para evaluar los riesgos y los da?os y mejorar la coordinaci¨®n entre instituciones.
Que las agresiones sean consideradas como delitos y no como faltas leves es tambi¨¦n una reivindicaci¨®n recurrente entre el profesorado. En Galicia y Catalu?a, los acuerdos incluyen tambi¨¦n a los porfesionales de la ense?anza p¨²blica. El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, apoy¨® el a?o pasado el criterio de la Fiscal¨ªa catalana de considerar como atentado estas agresiones al profesorado, aunque insisti¨® en que esa posibilidad legal comporta dificultades de t¨¦cnica jur¨ªdica, por lo que debe utilizarse s¨®lo en situaciones de gravedad.
La situaci¨®n de las enfermeras, el colectivo m¨¢s atacado
El protocolo firmado ayer se limita a los m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica y no menciona al resto de colectivos profesionales, como las enfermeras. Estas trabajadoras son, seg¨²n varios estudios, el grupo del sistema sanitario m¨¢s expuesto a la violencia. Un estudio realizado en 2004 por la Universidad de Zaragoza conclu¨ªa, por ejemplo, que el 47% de los agredidos en hospitales aragoneses y de Castilla-La Mancha eran enfermeras. Otro informe encargado por el sindicato de enfermer¨ªa SATSE revel¨® en 2005 que ocho de cada diez enfermeras hab¨ªan sido atacadas.
Carmen Vide, responsable de Salud Laboral del SATSE en Euskadi, se alegra del acuerdo logrado por los m¨¦dicos, ya que "permitir¨¢ conocer mejor las cifras reales de agresiones", pero echa en falta medidas similares para el personal de enfermer¨ªa y para los empleados de centros privados. "Quienes trabajamos en el sistema sanitario tenemos claro que la violencia va en aumento y que m¨¢s del 70% de las agresiones en hospitales vascos son a enfermeras", declar¨® a este peri¨®dico.
Ello ocurre, abund¨®, porque el personal de enfermer¨ªa es el que mantiene una relaci¨®n m¨¢s estrecha con el paciente y su trabajo incluye m¨¢s horas ante el paciente que el de los m¨¦dicos, con lo que "el riesgo de malos tratos es mayor".
"Es una pena establecer sanciones penales, pero las agresiones no pueden quedar impunes. Una compa?era fue puesta contra la pared y sufri¨® ansiedad y una crisis hipertensiva. Son consecuencias serias; no imaginemos que se trata de insultos tontos", recalc¨® Vide. Los protocolos han de completarse con "poner todas las medidas para que el accidente no se produzca en ning¨²n puesto de trabajo", concluy¨®.
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