Duendes de Gescartera
El juicio que debe esclarecer las responsabilidades personales del esc¨¢ndalo Gescartera, la sociedad de valores que estaf¨® a sus clientes m¨¢s de 50 millones de euros y que fue intervenida en 2001 en medio de un gran esc¨¢ndalo econ¨®mico y pol¨ªtico, empieza con el notable retraso que parece ser caracter¨ªstico de la justicia espa?ola y con el hecho de que el dinero defraudado a 4.000 depositantes no ha aparecido. Los principales acusados de la estafa son el propietario de la sociedad, Antonio Camacho; la presidenta del grupo, Pilar Gim¨¦nez-Reyna -hermana del secretario de Estado de Hacienda, que tuvo que dimitir por el esc¨¢ndalo-, y el director general, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna. La relevancia p¨²blica del juicio radica, adem¨¢s de en la cuant¨ªa de la estafa, en las relaciones de los acusados con miembros del equipo de gobierno del PP y de los organismos de regulaci¨®n financiera.
El Gobierno de Aznar nunca pudo explicar satisfactoriamente por qu¨¦ la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tard¨® en intervenir la sociedad a pesar de los firmes indicios de vaciamiento patrimonial. El vicepresidente de la CNMV a la saz¨®n, Luis Ramallo, tampoco ha conseguido justificar los regalos que recibi¨® de Gescartera por valor de m¨¢s de tres millones de pesetas. En el mismo limbo permanecen las entrevistas de la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, tambi¨¦n dimitida a consecuencia del caso, con altos cargos de la sociedad. Gescartera afect¨® a un amplio abanico de depositantes, desde el arzobispado de Valladolid hasta inversores militares, y manch¨® a instituciones financieras espa?olas y extranjeras.
Los indicios de connivencia de altos cargos con la trama de apropiaci¨®n indebida organizada por Camacho, Ruiz de la Serna y Pilar Gim¨¦nez-Reyna eran muy s¨®lidos. El fiscal del caso ha entendido probablemente que las responsabilidades de los altos cargos de Hacienda y de la CNMV tocados por Gescartera son de orden pol¨ªtico y, por tanto, quedaron sustanciadas con sus dimisiones. De ah¨ª que haya renunciado a imputarlos, decisi¨®n que beneficiar¨¢ la discreci¨®n del proceso. Durante los tres meses que aproximadamente durar¨¢ el juicio, hay que esperar al menos que se aplique la ley con rigor, de forma que los acusados, si su culpabilidad queda establecida, no puedan beneficiarse impunemente de la estafa.
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