Andaluc¨ªa demanda al Estado en su batalla contra las tabacaleras

La Junta de Andaluc¨ªa ha presentado ante la Secci¨®n Sexta de la Audiencia Nacional una demanda contra la Administraci¨®n del Estado, como responsable solidaria, y seis empresas tabacaleras, a las que reclama 1,77 millones de euros por los gastos sanitarios de 135 pacientes v¨ªctimas del tabaquismo. Las seis empresas son Altadis, British American Tobacco Espa?a, Philip Morris Spain, JT International Iberia, Cita Tabacos de Canarias y Tabacos Canary Islands. ?ste es el pen¨²ltimo pelda?o de un proceso largo -el recorrido en los juzgados se inici¨® en 2002- que no tiene precedentes en Europa.

La exposici¨®n de los fumadores a la nicotina es mayor de la que notifican las compa?¨ªas

Las empresas argumentan que el Estado fue titular de la empresa Tabacalera

El Gobierno andaluz, socialista, ha recurrido a la v¨ªa contencioso-administrativa y ha denunciado al Gobierno central, tambi¨¦n socialista, despu¨¦s de que los argumentos de las tabacaleras encontrasen apoyo judicial en el procedimiento abierto por la v¨ªa civil, iniciado en 2002 y agotado en 2006. Las industrias argumentaron con ¨¦xito que el Estado fue titular del monopolio de la venta del tabaco hasta 1998 y que, por lo tanto, deb¨ªa incluirse como parte demandada.

Si la Junta no hubiera acudido a la v¨ªa contencioso-administrativa, su pretensi¨®n de que las tabaqueras asuman el coste sanitario por enfermedades derivadas del consumo de cigarrillos se hubiera cegado hace ya mucho tiempo.

Los servicios jur¨ªdicos de la Administraci¨®n auton¨®mica presentaron el preceptivo requerimiento al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, del que depend¨ªa Tabacalera, en abril de 2006. El Gobierno central opt¨® por el silencio, aunque ya en esa fecha barajaba argumentar que el monopolio no ten¨ªa un car¨¢cter comercial sino "fiscal" y que los impuestos representan un instrumento para disuadir el consumo.

El siguiente paso fue el escrito de interposici¨®n anunciando el recurso, el 4 de julio de 2006. Un a?o m¨¢s tarde, la Audiencia Nacional le ha requerido para que registre la demanda.

Esta se present¨® el pasado d¨ªa 20, seg¨²n pudo saber este peri¨®dico. La denuncia mantiene los mismos hechos y fundamentos. Y reclama la misma indemnizaci¨®n, pero actualiza los informes de los peritos respecto a la composici¨®n, estructura y manipulaci¨®n de los cigarrillos.

La conclusi¨®n de estos informes es que las empresas tabacaleras utilizan determinadas sustancias, que no declaran, para fomentar la dependencia del cigarrillo, como el amoniaco. Este es el aditivo m¨¢s potente, seg¨²n los estudios de la Junta de Andaluc¨ªa. Tambi¨¦n se incluyen documentos sobre la manipulaci¨®n y control de nicotina y alquitr¨¢n en el dise?o y fabricaci¨®n de los pitillos; el papel del ph en el tabaco y en el humo del tabaco; y los orificios de ventilaci¨®n de los cigarrillos.

El organismo auton¨®mico mantiene que aunque las empresas est¨¢n obligadas por la normativa a precisar en las cajetillas la cantidad de nicotina y alquitr¨¢n, no se tiene en cuenta la manera de aspirar de un fumador ni la presi¨®n que ejerce ¨¦ste sobre los agujeros de ventilaci¨®n. Al tapar esos orificios, el nivel de nicotina y alquitr¨¢n es mayor del declarado.

La Consejer¨ªa de Salud abri¨® en 2005 un laboratorio con una m¨¢quina de tabaco que reproduce la manera de fumar de una persona, cuyas pruebas apuntan que la exposici¨®n de los fumadores es mayor de la que notifican las compa?¨ªas tabacaleras. Este centro forma parte de la red de 22 laboratorios de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), cuyo fin es el de homologar las diferentes t¨¦cnicas de an¨¢lisis de composici¨®n y estructura de los pitillos para poder cambiar la actual regulaci¨®n internacional. Se trata de obligar a las empresas a dar al fumador informaci¨®n real de lo que consumen.

En la demanda tambi¨¦n se incluyen datos actualizados sobre los da?os para la salud del tabaquismo pasivo; las estrategias de las industrias tabacaleras para captar adolescentes; la influencia de la publicidad sobre los h¨¢bitos de consumo de tabaco y documentos de archivos internos de la industria que han sido desclasificados. En Estados Unidos, un acuerdo judicial de 1998 obliga a las compa?¨ªas a poner a disposici¨®n de los investigadores esos documentos.

El recurso de la Junta se basa en los gastos sanitarios de 135 pacientes tratados en los hospitales p¨²blicos Virgen Macarena y Virgen del Roc¨ªo de Sevilla en 2001 con cardiopat¨ªa isqu¨¦mica (92 casos), c¨¢ncer de pulm¨®n (29) y enfermedad pulmonar obstructiva cr¨®nica (14), enfermedades que el Gobierno andaluz relaciona con el consumo del tabaco. Todos ellos fumaban antes de 1998, fecha en la que acab¨® el monopolio estatal de Tabacalera. Esos enfermos no estaban expuestos a ning¨²n factor de riesgo ni tienen antecedentes familiares que pudieran alterar el estudio, asegura la Administraci¨®n.

La consejera andaluza de Salud, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, se quejaba recientemente de las maniobras de las tabacaleras: "La industria tabaquera siempre ha tenido una estrategia dilatoria para que los tribunales no entren al fondo de la cuesti¨®n, porque cualquier pronunciamiento de los tribunales no s¨®lo puede tener graves consecuencias para los intereses de la industria en Andaluc¨ªa sino en toda la Uni¨®n Europea".

En 1998, una sentencia oblig¨® a las compa?¨ªas de Estados Unidos a compensar con 250.000 millones de d¨®lares (unos 177.500 millones de euros) los gastos sanitarios de 46 Estados. Pero la batalla en los tribunales iniciada por la Junta de Andaluc¨ªa contra la industria del tabaco carece de precedentes en Europa.

El proceso que ahora se inicia en la Audiencia Nacional tambi¨¦n se prev¨¦ largo y dif¨ªcil, aunque la meta sigue siendo la misma que cuando comenz¨® hace cinco a?os: que las tabacaleras que se lucran con la adicci¨®n del tabaco paguen al erario p¨²blico los gastos sanitarios que provocan.