Fuego cruzado

La recusaci¨®n por el Partido Popular del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pablo P¨¦rez Tremps, rompiendo el fr¨¢gil equilibrio existente entre sus 12 magistrados en torno al nuevo Estatuto de Catalu?a, no pod¨ªa dejar de tener consecuencias sobre su funcionamiento interno. Pero entre ellas no figuraba que pudiera quedar afectada su estabilidad, que es el riesgo que se cierne en estos momentos. La recusaci¨®n ha enrarecido de tal modo el ambiente entre los magistrados que podr¨ªa llegarse a esa situaci¨®n si todos sin excepci¨®n no ponen un poco de cordura en la pugna que mantienen, unos por reencontrar el equilibrio perdido y otros para impedirlo.

Pero lo m¨¢s grave del momento que vive el TC no es la divisi¨®n entre sus magistrados, natural dentro de ciertos l¨ªmites dada su diversa sensibilidad jur¨ªdica e ideol¨®gica. Lo m¨¢s grave es que esa divisi¨®n sea inducida y exacerbada desde el exterior por las fuerzas pol¨ªticas, alguna de las cuales se ha hecho experta en los ¨²ltimos tiempos en la utilizaci¨®n sin complejos de las instituciones al servicio de sus objetivos partidarios. El escandaloso aplazamiento de la renovaci¨®n del Consejo del Poder Judicial es una buena prueba.

En el caso del Constitucional, el ¨²ltimo episodio de la pugna por su control, con vistas sobre todo a su futuro pronunciamiento sobre el Estatuto catal¨¢n, es la posible recusaci¨®n por el abogado del Estado, a instancias del Gobierno, de los dos magistrados, Garc¨ªa-Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata, que se han pronunciado contra la reforma legal que prolonga el mandato de la presidencia del tribunal hasta su pr¨®xima renovaci¨®n parcial. Esa reforma, recurrida por el PP, ha buscado sin duda en el corto plazo mantener el equilibrio del tribunal respecto al nuevo Estatuto, dejando operativo un voto que se presume favorable o al menos no beligerante, que es el de calidad de la actual presidenta. Pero responde a una l¨®gica de m¨¢s largo alcance: hacer legal lo que el propio tribunal se ha permitido realizar al menos en dos ocasiones para evitar el sinsentido de que los nuevos magistrados tengan un presidente que no han votado. Algo que los dos magistrados p¨²blicamente contrarios a la reforma consideran que est¨¢ bien si lo hace el Constitucional, pero mal si lo establece el Parlamento.

Lo obligado es que estos dos magistrados se abstengan de intervenir en el recurso interpuesto por el PP contra la reforma, como han hecho la presidenta y el vicepresidente del Tribunal ante una cuesti¨®n que les afectaba personalmente. Ayudar¨ªa a mejorar el clima del tribunal y a distender las relaciones entre sus magistrados. No va a ayudar que el Gobierno se vea forzado a recusarlos, aunque deba hacerlo y est¨¦ legitimado para ello. Pero quiz¨¢s sea lo que desean algunos en su estrategia respecto al TC.