La Ley de Servicios Sociales beneficiar¨¢ a 500.000 catalanes

La renta de los hijos o del c¨®nyugue dejar¨¢ de computar para acceder a una plaza de residencia p¨²blica para ancianos. ?sta es una de las consecuencias pr¨¢cticas de la Ley de Servicios Sociales aprobada ayer por el Parlament, cuyo objetivo es abrir el acceso a este tipo de servicios a las clases medias. As¨ª, a los 825.000 catalanes atendidos en la actualidad se les sumar¨¢n otras 500.000 personas en dos a?os. En el mismo periodo se crear¨¢n 10.000 plazas de residencia.

Las ayudas concretas que los sucesivos gobiernos han ido adoptando en los ¨²ltimos a?os, en muchas ocasiones con marcado car¨¢cter electoral, pasar¨¢n a estar garantizadas por ley. El texto, aprobado ayer por unanimidad, intenta eliminar arbitrariedades a la hora de conceder ayudas, por eso fija las bases de un cat¨¢logo de servicios que cumplir en un m¨¢ximo de dos a?os y que viene a ser un compromiso del Gobierno ante el Parlament. "Habr¨¢ igualdad de oportunidades para todos, acceso universal y servicios sociales de proximidad", afirm¨® la consejera de Acci¨®n Social, Carme Capdevila.

Todos los ciudadanos tendr¨¢n acceso a un profesional de referencia que ser¨ªa el equivalente al m¨¦dico de cabecera de los servicios sociales. Esta persona orientar¨¢ a los usuarios en todas las gestiones que necesiten a lo largo de su vida y las avisar¨¢ cuando deban hacer un nuevo tr¨¢mite o exista una nueva ayuda que les pueda beneficiar. Todas las ¨¢reas b¨¢sicas de servicios sociales tendr¨¢n como m¨ªnimo tres diplomados en trabajo social y dos diplomados en educaci¨®n social para ofrecer este servicio. Las ¨¢reas con m¨¢s de 15.000 habitantes ver¨¢n incrementadas estas ratios.

La Ley de Servicios Sociales es un proyecto que el Gobierno de Pasqual Maragall ya impuls¨® en su d¨ªa, pero que el avance electoral impidi¨® aprobar. Despu¨¦s, el texto se ha tenido que adaptar, en parte, por la aprobaci¨®n de la Ley de Dependencia por el Gobierno central. La Generalitat insiste en que ambas leyes se complementan y en que los ciudadanos tendr¨¢n una ¨²nica ventanilla a la hora de exigir los servicios sociales que les corresponden.

Residencias y teleasistencia

La ley catalana legisla sobre asuntos tratados ya en la ley de dependencia. Por ejemplo, la Generalitat se compromete a que en un plazo de dos a?os haya 24.000 beneficiarios de los servicios p¨²blicos de teleasistencia. Ahora hay poco m¨¢s de 15.000. Las plazas en residencia de tercera edad pasar¨¢n de 54.000 a 65.000. Ello debe facilitar, seg¨²n el Gobierno, que las clases medias tengan acceso a unos servicios hoy copados por las personas con necesidades m¨¢s perentorias. En total, unas 500.000 personas que ahora no re¨²nen los requisitos para acceder a los servicios sociales podr¨¢n beneficiarse de ellos en los pr¨®ximos dos a?os.

Una de las f¨®rmulas para bajar el list¨®n de acceso es el cambio en la f¨®rmula de c¨¢lculo de las rentas de los beneficiarios. Hasta ahora, por ejemplo, muchos ancianos con rentas bajas se han quedado sin acceso a una residencia p¨²blica porque sus hijos s¨ª tienen un nivel de ingresos que, en teor¨ªa, hace posible costear una residencia privada. Ahora la renta de los hijos o del c¨®nyuge no se tenga en cuenta. S¨®lo se valorar¨¢ el nivel de ingresos del beneficiario, ya sea a trav¨¦s de pensiones o de patrimonio.

Aparte de la atenci¨®n a personas dependientes, la ley establece mejoras en servicios como los hogares para menores en r¨¦gimen abierto. Las actuales 5.222 plazas deber¨ªan convertirse en 7.800 en los dos primeros a?os de vigencia del texto.

La ley no entrar¨¢ en vigor hasta enero. En los pr¨®ximos tres meses la Generalitat deber¨¢ desarrollar la ley para aprobar el denominado "cat¨¢logo de servicios", que incluir¨¢ las prestaciones garantizadas y las diferenciar¨¢ de las otras prestaciones. Cualquier nueva prestaci¨®n que se quiera incluir en este cat¨¢logo deber¨¢ ir acompa?ada de la memoria econ¨®mica que, de alguna forma, garantice su continuidad en el tiempo.

Todos los grupos dieron el s¨ª a la nueva ley. Y eso que los tres partidos de la izquierda rechazaron todas las enmiendas que present¨® la oposici¨®n: Converg¨¨ncia i Uni¨®, el Partido Popular y Ciutadans. Pese a ello, el diputado de CiU Josep Llu¨ªs Cleries celebr¨® el "di¨¢logo sincero y abierto" de todos los partidos. La diputada del PP Montserrat Nebrera llam¨® al Gobierno a especificar que lo que se universaliza no es el derecho a recibir servicios sociales, sino el "acceso" a ellos.

Sindicatos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones dedicadas a la atenci¨®n social celebraron la ley, pero no faltaron los reproches. "Hay que avanzar hacia la verdadera gratuidad de los servicios sociales y regular mejor los conciertos para evitar que algunos hagan negocio con la atenci¨®n social", manifest¨® la mesa del Tercer Sector Social, que engloba a entidades como Cruz Roja y otras 23 organizaciones. "Si la ley es universal y gratuita, no deber¨ªa haber copago", concluy¨® el comit¨¦ de representantes de entidades de discapacitados.

Comisiones Obreras inst¨® al Gobierno a que apruebe el reglamento de la ley y concrete exactamente qu¨¦ nuevos servicios podr¨¢ prestar a los ciudadanos. El sindicato tambi¨¦n lament¨® que la nueva ley no prevea medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las entidades y empresas del sector de la atenci¨®n a personas discapacitadas.