Tres alcaldes admiten ante el tribunal que fueron multados por verter al r¨ªo Segura

Los alcaldes de Almorad¨ª, Benej¨²zar y Redov¨¢n reconocieron ayer ante el tribunal que sus consistorios fueron sancionados por la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS) entre 1999 y 2002 por irregularidades en los vertidos al cauce p¨²blico de los sistemas de depuraci¨®n de agua que utilizaban. Estos tres regidores y otros 14 alcaldes m¨¢s de localidades de La Vega Baja declararon como testigos durante la quinta sesi¨®n del juicio que se celebra en la secci¨®n s¨¦ptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, por vertidos ilegales al r¨ªo Segura.

En el juicio por los vertidos ilegales al Segura entre 1998 y 2003 declararon ayer 16 alcaldes de otras tantas poblaciones de la comarca de La Vega Baja. Otros dos se excusaron por motivos m¨¦dicos. De los regidores que acudieron a la sala, s¨®lo siete ocupaban el puesto cuando ocurrieron los vertidos y la mayor¨ªa asegur¨® que la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS) no les abri¨® expedientes por lanzar aguas sin depurar al r¨ªo. Tambi¨¦n muchos de ellos aseguraron desconocer el sistema de eliminaci¨®n de aguas residuales o si ten¨ªan abierto expediente sancionador.

S¨®lo los alcaldes de Redov¨¢n, Almorad¨ª y Benej¨²zar reconocieron ante el tribunal que sus ayuntamientos fueron sancionados por la CHS por irregularidades en los vertidos al cauce del r¨ªo a trav¨¦s de los sistemas de depuraci¨®n. As¨ª, el alcalde de Benej¨²zar, Antonio Bernab¨¦, que ocupa el cargo desde mayo, manifest¨® que es cierto que fueron multados y que el Consistorio tiene ahora mismo recurrida la multa ante un tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

En la sesi¨®n de ayer declararon tambi¨¦n los alcaldes de Benij¨®far, Benferri, Callosa del Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Granja de Rocamora, Jacarilla, Rafal, Rojales y San Isidro, as¨ª como un concejal de Crevillent, y la alcaldesa de Orihuela, M¨®nica Llorente, quien manifest¨® desconocer el asunto, en un testimonio de apenas un par de minutos. Estos responsables pol¨ªticos admitieron al tribunal su ignorancia sobre el tema. Al estar incluidos en el Plan de Saneamiento de la Generalitat, consideran que era ¨¦ste el organismo competente para hacer controles de calidad de las aguas.

En la sesi¨®n de ayer testificaron tambi¨¦n los representantes de dos colectivos conservacionistas que ejercen, adem¨¢s, la acusaci¨®n popular. Carlos Arribas, de Ecologistas en Acci¨®n, y Miguel ?ngel Pav¨®n, de Amigos de los Humedales, contaron a los magistrados que el r¨ªo "parec¨ªa un vertedero" y que se dieron las primeras se?ales de alarma debido a la mortandad de peces y aves que se produjeron en los a?os previos a la investigaci¨®n. Arribas manifest¨® que est¨¢n algo descontentos con el trabajo del fiscal, al que ven "poco combativo con los representantes de la CHS". Los ecologistas mantienen la tesis de que la Administraci¨®n mir¨® hacia otro lado y no puso las medidas necesarias para evitar los vertidos contaminantes al r¨ªo.

Junto a tres responsables de la CHS, se sientan en el banquillo los representantes de 11 empresas acusadas de verter residuos contaminantes al Segura. El juicio, previsto en principio s¨®lo para cinco d¨ªas, se reanudar¨¢ de nuevo el 15 de octubre, ya que faltan por declarar dos alcaldes y varios peritos que en distintos momentos hicieron informes de la situaci¨®n del agua del Segura.