La juez interrogar¨¢ como imputados a 4 ediles y 2 funcionarios por las casas ilegales en Catral

La juez del Juzgado n¨²mero 5 de Orihuela, Natividad Navarro, que investiga el caso Catral [construcci¨®n masiva de casas en suelo no urbanizable de este municipio y sin licencia] ha reactivado la instrucci¨®n del sumario con el interrogatorio a partir del pr¨®ximo d¨ªa 26 a seis nuevos imputados -cuatro concejales del gobierno local del Consistorio, el secretario y el arquitecto municipal- Los nuevos encausados se suman a los ya imputados; el alcalde, el ex socialista Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Leal, y cuatro promotores. Los cuatro ediles de las juntas de gobierno que autorizaron las edificaciones entre 2000 y 2005 tambi¨¦n son socialistas. El gobierno local lo ocupa, tras los comicios de mayo pasado las PP.

A todos los imputados se les acusa de los delitos de prevaricaci¨®n y contra la ordenaci¨®n del territorio. La acusaci¨®n particular, que ejerce la Asociaci¨®n Europea de Consumidores y Usuarios (AECU), considera que los miembros de la junta de gobierno son corresponsales de los supuestos hechos delictivos ya que fue ese ¨®rgano municipal el que concedi¨® las licencias, en la mayor¨ªa de los casos de obra menor (vallado y refugios de labor) aunque en realidad se construyeron viviendas unifamiliares. La imputaci¨®n de los concejales y los dos funcionarios cuenta con el visto bueno del fiscal que ejerce la acusaci¨®n, el responsable del ¨¢rea de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza. El ministerio p¨²blico, en cambio, se opone a la imputaci¨®n de nuevos constructores, "salvo que se demuestre que construyeron en suelo de especial protecci¨®n".

La magistrada Natividad Navarro dict¨® el archivo del Caso Catral, en septiembre de 2006 al no apreciar indicios de delito. El auto se decret¨® una semana antes de que el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban Gonz¨¢lez Pons, acordara retirar las competencias urban¨ªsticas al Ayuntamiento para atajar la proliferaci¨®n de edificaciones irregulares. Entonces, el consejero estim¨® en 1.200 las casas ilegales y evalu¨® en unos 80 millones de euros el dinero negro generado por las construcciones. Pero el ministerio p¨²blico recurri¨® el archivo provisional de la denuncia presentada por el colectivo de usuarios y reclam¨® a la juez la pr¨¢ctica de nuevas diligencias.