La derecha y la memoria del franquismo

Los dirigentes del PP, ante la Ley de Memoria Hist¨®rica, que ma?ana se debate en el Congreso, preconizan el olvido afirmando que en la Guerra Civil hubo excesos en ambos bandos. Con ello, ocultan la ra¨ªz del drama: un golpe de Estado contra un gobierno leg¨ªtimo. Pero siendo inadmisible ese argumento, que justifica y "comprende" la dictadura, lo es a¨²n m¨¢s cuando la ley se eval¨²a a la luz de la persistencia del r¨¦gimen de Franco durante cuarenta a?os.

Con esta ley no se trata de resucitar el fantasma de las dos Espa?as, sino de algo tan elemental como restablecer, sin af¨¢n vindicativo, la prevalencia de los principios democr¨¢ticos por encima de la legislaci¨®n que, construida sobre un golpe de Estado y amparada por los reg¨ªmenes totalitarios que asolaron Europa, los vulner¨® durante cuatro d¨¦cadas.

S¨®lo concibiendo la dictadura como un mal menor se entiende la actitud del PP

?Por qu¨¦ una derecha que se proclama democr¨¢tica se niega a la recuperaci¨®n de la memoria de los dem¨®cratas condenados con leyes dictatoriales? ?Por qu¨¦ el PP no se homologa con los partidos conservadores alemanes, italianos o franceses? ?Cu¨¢l es la raz¨®n de esa resistencia casi setenta a?os despu¨¦s del final de la Guerra Civil y a casi tres d¨¦cadas de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n? La respuesta que sus l¨ªderes dan es que las deudas de la Guerra Civil quedaron saldadas con la Transici¨®n y que la ley reabre viejas heridas. Sin embargo, de su letra y de su esp¨ªritu se desprende justo lo contrario. Profundiza en los valores constitucionales y cierra algunos agujeros negros que las fuerzas democr¨¢ticas, reci¨¦n salidas de la clandestinidad o del exilio, con inteligencia y generosidad dejaron abiertos en 1978 con el fin de consolidar una democracia fr¨¢gil, demasiado precaria y amenazada. Es decir: la ley completa la transici¨®n, la hace m¨¢s s¨®lida y no al contrario. Es m¨¢s: lo que podr¨ªa romper el esp¨ªritu de la transici¨®n ser¨ªa, precisamente, su inexistencia.

Tres razones pueden explicar la dura oposici¨®n del PP y afirmaciones tan preocupantes como las de Mayor Oreja: el casi nulo papel de sus l¨ªderes en el cambio pol¨ªtico antes e inmediatamente despu¨¦s de la muerte de Franco, una percepci¨®n "comprensiva" con la dictadura y la carencia de una memoria de oposici¨®n a ella. La gravedad de esa percepci¨®n se acrecienta cuando nos alejamos de la guerra y ampliamos el campo de an¨¢lisis hasta los a?os m¨¢s pr¨®ximos a la muerte de Franco. En 1975 hab¨ªa en las c¨¢rceles espa?olas casi un millar de presos pol¨ªticos. Ese mismo a?o, el Tribunal de Orden P¨²blico abri¨® 4.317 causas, de ellas s¨®lo 72 por terrorismo. Todas las dem¨¢s, lo fueron por el ejercicio de derechos democr¨¢ticos elementales. Esa actuaci¨®n se produc¨ªa junto a la Europa del Mercado Com¨²n, a treinta a?os de la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos y a m¨¢s de un cuarto de siglo de la derrota de Hitler y Mussolini. Todas las condenas de 1975, m¨¢s las cinco penas de muerte de septiembre de ese a?o, junto a la aplicaci¨®n sistem¨¢tica de la tortura, del despido, de la privaci¨®n de c¨¢tedras o de la expulsi¨®n de la universidad, ?no deben ser consideradas ileg¨ªtimas mediante una ley?

?C¨®mo es posible afirmar que una propuesta alejada de todo rencor y dirigida a completar la biograf¨ªa de miles de ciudadanos espa?oles aplicando principios que desde 1945 son una realidad en la Europa democr¨¢tica, supone resucitar "las dos Espa?as"? ?Acaso hemos de considerar intocable la condena, en el Proceso 1001, a diez sindicalistas a la friolera de 161 a?os de c¨¢rcel en 1973? ?Y los largu¨ªsimos per¨ªodos de c¨¢rcel que sufrieron el poeta Marcos Ana o los dirigentes pol¨ªticos Sim¨®n S¨¢nchez Montero o Ram¨®n Rubial, entre otros muchos? ?Y las penas que cumplieron los miles de espa?oles que en los a?os 50, 60 y 70 llenaron las c¨¢rceles o los caminos del exilio por el ¨²nico delito de ejercer unos derechos que todos los organismos internacionales reconoc¨ªan?

?Por qu¨¦ el PP se opone a la deslegitimaci¨®n de esas condenas? ?No ser¨¢ que, en el fondo, justifica la actuaci¨®n del r¨¦gimen franquista y de sus tribunales, que no se atreve a afirmarlo abiertamente y, al negar la ley, elude el pronunciamiento sobre la ilegitimidad de la dictadura y sus normas?

La Ley de la Memoria Hist¨®rica homologa, de manera plena, la democracia espa?ola con las democracias europeas que sufrieron el fascismo. S¨®lo concibiendo la dictadura como un mal menor que fue necesario y sobre el que hay que pasar con sigilo se puede entender la actitud del PP. Pero la memoria hist¨®rica es la memoria de la democracia violentada y enterrada. Es decir, la memoria de todos los dem¨®cratas: espa?oles y europeos. ?Por qu¨¦, entonces, el principal partido de la oposici¨®n se excluye de ella?

Manuel Rico es escritor y cr¨ªtico literario.