Absueltos ocho ex cargos de la oficina de extranjer¨ªa en Lleida

La presunta trama de corrupci¨®n descubierta en 2003 en la Oficina ?nica de Extranjer¨ªa de Lleida, durante el mandato del PP, ha quedado impune. La Audiencia de Lleida ha absuelto por falta de pruebas a los ocho acusados, entre los que se encontraban Joan Barios, ex subdelegado del Gobierno en esa ¨¦poca; Lorenzo Echarri, ex delegado de Trabajo; el polic¨ªa nacional Jos¨¦ Mar¨ªa Vieites, ex jefe de la oficina, y Salvador Puy, asesor de Barios. El fiscal solicit¨® para ellos 10 a?os de inhabilitaci¨®n por un delito continuado de prevaricaci¨®n y otra pena de cuatro a?os de prisi¨®n para el polic¨ªa por falsedad en documento oficial.

La sentencia ha declarado probado que la Oficina ?nica de Extranjer¨ªa de Lleida ten¨ªa entre otras competencias la tramitaci¨®n de los informes sobre visados, permisos de trabajo y tarjetas de residencia, as¨ª como la elevaci¨®n de las correspondientes propuestas de resoluci¨®n relativas a aquellos expedientes que deb¨ªan ser autorizados por el subdelegado del Gobierno. Pese a la especializaci¨®n que requer¨ªa el negociado, ninguna de sus responsables contaba con formaci¨®n espec¨ªfica en la materia ni conocimientos en el ¨¢mbito de gesti¨®n de personal o de organizaci¨®n de la administraci¨®n.

A pesar del gran n¨²mero de expedientes que all¨ª se tramitaban, no exist¨ªa ninguna organizaci¨®n ni estructura que permitiera el efectivo control y la supervisi¨®n de las tareas que se llevaban a cabo.

Las investigaciones se iniciaron cuando A. K., ciudadano de Georgia afincado en Lleida, denunci¨® a un intermediario que cobraba a los inmigrantes entre 4.000 y 6.000 euros por la obtenci¨®n de permisos de trabajo y residencia. Primero, la causa fue archivada, pero al poco tiempo se reabri¨® el caso ante la insistencia del denunciante, que aport¨® documentos en los que implicaba a alguno de los altos cargos acusados. El denunciante pag¨® 3.900 euros por unos papeles que nunca lleg¨® a obtener. Algunos de los expedientes analizados por los Mossos d'Esquadra se resolvieron en un tiempo r¨¦cord -entre un d¨ªa y un mes-, cuando el proceso legal no pod¨ªa ser inferior a tres meses.

De los 88.000 expedientes que se resolvieron, se examinaron en el curso de la investigaci¨®n un total de 8.214 que hab¨ªan sido resueltos favorablemente. De ¨¦stos se analizaron detalladamente 1.772, entre los cuales se encontraron 251 con irregularidades en su tramitaci¨®n.

El tribunal se?ala que en este caso pueden encontrarse "numerosos adjetivos" para calificar el "desatino" con el que se tramitaron algunos de los expedientes y a?ade que, a pesar de que algunas resoluciones dictadas, presentaban "evidentes atisbos de arbitrariedad", sin que la actuaci¨®n de los acusados llegue a constituir un delito de prevaricaci¨®n.