El consejero del Agua evita citar el trasvase del Ebro en las Cortes

La comparecencia de Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n en las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento estuvo pasada por agua. Pero el consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda evit¨® expresamente mencionar el trasvase del Ebro, el eje en torno al que el PP ha levantado toda una estrategia tan h¨ªdrica como medi¨¢tica durante una d¨¦cada larga.

Garc¨ªa Ant¨®n dej¨® bien claro que no quiere ni o¨ªr hablar del r¨ªo Girona PSPV y Comprom¨ªs recuerdan que el Estatuto prev¨¦ una polic¨ªa auton¨®mica

El socialista Francesc Signes le tent¨® cuando aludi¨® a "la opereta" representada por el PP en el Congreso, donde formul¨® una enmienda que reclamaba 600 millones de euros para ejecutar las obras del trasvase del Ebro que, ante el plante de los populares de Arag¨®n, modific¨® para reclamar la misma cantidad para las obras del trasvase entre el J¨²car y el Vinalop¨®.

Garc¨ªa Ant¨®n movi¨® la cabeza, pero no dijo una palabra. Ni en la r¨¦plica. La alusi¨®n le doli¨® y la truf¨® con una menci¨®n de Llu¨ªs Torr¨®, de Comprom¨ªs, a la nueva cultura del agua. "La nueva cultura del agua no es m¨¢s que un nombre, y no basta nombrar algo para que exista", dijo (o confes¨®), "nuestra cultura del agua es la que compart¨ªamos todos y que ahora, por razones partidistas, nos divide, donde dec¨ªan 'trasvases s¨ª', ahora dicen 'trasvases no'. Primero apuestan por el trasvase entre el J¨²car y el Vinalop¨® y luego se lo cargan. As¨ª les va. Aguas del J¨²car [la empresa estatal constituida para ejecutar la canalizaci¨®n entre el J¨²car y el Vinalop¨®] no solo no invierte, sino que renuncia a lo invertido y asegura que usar¨¢ el canal del primer tramo para generar energ¨ªa. ?Mentira! Iberdrola no quiere...". El ingeniero desboc¨® al pol¨ªtico.

Garc¨ªa Ant¨®n no mencion¨® el Ebro, pero dej¨® claro que no quiere ni o¨ªr hablar del r¨ªo Girona, cuyas aguas destrozaron el puente de Beniarbeig hace tres semanas. El Estatuto atribuye a la Generalitat la gesti¨®n de las cuencas de los r¨ªos que nacen y mueren en territorio valenciano. El Tribunal Supremo ha subrayado esa responsabilidad en sentencia firme. Los presupuestos de la Generalitat prev¨¦n, de hecho, la instituci¨®n de una Administraci¨®n Hidr¨¢ulica. Pero su dotaci¨®n econ¨®mica es nula. "Si vienen competencias, tendr¨¢n que venir con gente y dinero", sentenci¨® Garc¨ªa Ant¨®n para redondear una intervenci¨®n que ciment¨® sobre dos carencias: la p¨¦rdida de unos fondos europeos que han sido muy generosos con el medio ambiente y la consabida alusi¨®n al modelo de financiaci¨®n auton¨®mica que no considera el aumento de poblaci¨®n registrado desde 2000 en la Comunidad Valenciana.

El agua se llev¨® por delante la vivienda protegida, el medio ambiente, el fondo de equidad territorial establecido por la ley de ordenaci¨®n y, sobre todo, las cuestiones urban¨ªsticas.

Y el Estatuto recuper¨® protagonismo cuando Seraf¨ªn Castellano desgran¨® las cuentas de la nueva Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n. Castellano dijo y reiter¨® que la seguridad, uno de los ejes de campa?a del PP, es la raz¨®n de ser de su departamento.

Mercedes Sanchordi, del PSPV, record¨® que el Estatuto prev¨¦ la creaci¨®n de la polic¨ªa auton¨®mica y apunt¨® c¨®mo el Consell ha optado por negociar un "nuevo modelo policial" que atribuye algunas competencias a la unidad adscrita de Polic¨ªa Nacional. Enric Morera, de Comprom¨ªs, reclam¨® una polic¨ªa auton¨®mica integral, con comisar¨ªas en los Ayuntamientos, y tach¨® de obsoletas las aportaciones de la Generalitat para construcci¨®n o mejora de comisar¨ªas de la Polic¨ªa Nacional o "cuartelillos" de la Guardia Civil.

Castellano, que el martes se reuni¨® con Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, para constituir una comisi¨®n mixta de trabajo -"un instrumento b¨¢sico, eficaz, eficiente"-, replic¨® con una loa a la lealtad institucional hacia el Estado. Solo aclar¨® que la Generalitat nunca reproducir¨¢ el modelo de los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, para evitar la falta de coordinaci¨®n con el Estado, y que no tiene el m¨¢s m¨ªnimo inter¨¦s en gestionar las instituciones penitenciarias.