El Estado blinda la venta del Pazo de Bai¨®n contra los narcos y la especulaci¨®n

En marzo de 2008, el Pazo de Bai¨®n tendr¨¢ nuevos propietarios. As¨ª lo avanz¨® la delegada del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), Carmen Moya despu¨¦s de salir anunciada en el BOE la venta p¨²blica de la propiedad que estuvo en manos de familiares del narcotraficante gallego Laureano Oubi?a, actualmente en prisi¨®n.

El paso de la administraci¨®n judicial a la adjudicaci¨®n definitiva de la propiedad no ha sido f¨¢cil y desde el PNSD se han dise?ado las f¨®rmulas para evitar que el Pazo de Bai¨®n, las sociedades intervenidas y un lote de terrenos valorados en 8,6 millones de euros pueda caer en manos de narcotraficantes o de especuladores inmobiliarios.

"Nos encontramos ante un bien con una gran repercusi¨®n p¨²blica y con unas caracter¨ªsticas muy especiales al tratarse de una empresa con actividad, y que adem¨¢s simboliza el enriquecimiento il¨ªcito y la lucha contra el narcotr¨¢fico, lo que nos ha llevado a darle un tratamiento especial", coment¨®. Moya explic¨® que, "en aras de la transparencia", la enajenaci¨®n del Pazo de Bai¨®n se producir¨¢ por un procedimiento no utilizado hasta ahora en la venta de bienes del Fondo: el concurso p¨²blico, con un pliego de condiciones que adem¨¢s de blindar el traspaso, garantice una aportaci¨®n espec¨ªfica a programas de reinserci¨®n y tratamiento a drogodependientes.

"Una serie de condiciones que no se pueden dar en una subasta en la que s¨®lo se tiene en cuenta la oferta econ¨®mica", puntualiz¨® Carmen Moya. En este sentido, los requisitos que se exigen son que las empresas tengan una antig¨¹edad de cuatro a?os en la producci¨®n de vinos y una facturaci¨®n anual m¨ªnima de cinco millones.

Las empresas que presenten ofertas tendr¨¢n que comprometerse a destinar entre el 1% y el 5% de la facturaci¨®n anual de la finca a estos programas sociales. Adem¨¢s, estar¨¢n obligadas a contratar temporalmente en trabajos no cualificados un m¨ªnimo de jornadas anuales a personas drogodependientes en proceso de rehabilitaci¨®n.

Otra de las garant¨ªas exigidas desde el PNSD es que la sociedad adjudicataria tendr¨¢ que ser propietaria del pazo y desarrollar actividades vitivin¨ªcolas un m¨ªnimo de seis a?os, a partir del traspaso. Tambi¨¦n se le exigir¨¢ como garant¨ªa la aportaci¨®n de un aval de 600.000 euros que revertir¨ªa al Fondo de Bienes decomisados en el caso de que la empresa incumpliera algunos de los requisitos. "Nos queremos proteger, por eso hemos querido incluir estas limitaciones en el pliego de condiciones para evitar propuestas que pudieran venir de sectores del narcotr¨¢fico de forma encubierta", subray¨® Moya .

Respecto al patrimonio intervenido a Los Charlines, la delegada del PNSD indic¨® que el procedimiento todav¨ªa est¨¢ en manos de la Audiencia Nacional. "Estamos ante un complejo entramado societario que se est¨¢ todav¨ªa peritando para actualizar su valoraci¨®n", indic¨®.

Carmen Moya se?al¨® que en los ¨²ltimos cuatro a?os el valor de las incautaciones se acerca a 60 millones de euros (20 millones s¨®lo en 2007). El aumento de la cuant¨ªa de las incautaciones y la mejor gesti¨®n del Fondo supone que entre 2004 y 2007 las dotaciones a comunidades aut¨®nomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales haya aumentado en porcentajes que en algunas partidas alcanzan el 150%.