Pascua Militar, felicitaciones y algo m¨¢s

El ceremonial instituido con ocasi¨®n de la Pascua Militar suele imponer un orden del d¨ªa escasamente dotado de contenido sustantivo. La efem¨¦ride suele servir para hacer un balance agradable del ejercicio precedente, para rendir homenaje a los ca¨ªdos en alguna de las operaciones de paz en las que Espa?a est¨¢ implicada y para remarcar que las fuerzas armadas (FAS) siempre est¨¢n listas. Es tiempo de felicitaciones por la tarea realizada por nuestros militares, aunque ya quede muy lejos su motivaci¨®n originaria (la reconquista de Menorca, en 1782, de manos de los brit¨¢nicos), pero tambi¨¦n puede ser, a la vista inmediata de unas elecciones que se plantean re?idas, una buena ocasi¨®n para reclamar una mayor atenci¨®n de los principales partidos pol¨ªticos hacia los temas de seguridad y defensa.

Hay que reclamar una mayor atenci¨®n de los partidos pol¨ªticos a los temas de defensa

No se trata solamente de apelar a la necesaria, y no lograda, consideraci¨®n de estas materias como pol¨ªtica de Estado, sino de recordar que en este a?o se dedicar¨¢n (siguiendo los criterios OTAN) m¨¢s de 18.000 millones de euros a defensa y que, sin embargo, el tema viene ocupando, incomprensiblemente, posiciones muy secundarias en las agendas de los distintos partidos y en el debate nacional. Ahora, cuando el nuevo Tratado de Reforma de la UE apunta a una cooperaci¨®n estructurada permanente en el marco de la PESC/PESD [Pol¨ªtica europea de seguridad y defensa], que va a suponer nuevas exigencias para Espa?a, y cuando, en clave nacional, la legislatura que termina ha logrado sentar las bases de un modelo realista y, en principio, adecuado a nuestras capacidades y obligaciones, parece aconsejable dar los pasos necesarios para consolidarlo y para mejorarlo.

En esta l¨ªnea, y a modo de simples ejemplos, cabe insistir en primer lugar en que la creaci¨®n del reciente Consejo de Defensa Nacional, escasamente definido en cuanto a sus funciones reales, no resuelve plenamente el tratamiento de las amenazas a las que nos enfrentamos. Hoy la respuesta debe ser eminentemente preventiva, multidimensional y colectiva y esto exige, en el orden institucional, contar con un Consejo Nacional de Seguridad que integre todas las capacidades y actores bajo las directrices de la Presidencia del Gobierno. El enfoque integral, que debe presidir la planificaci¨®n y ejecuci¨®n de la defensa de nuestros intereses, s¨®lo se lograr¨¢ cuando asumamos que ¨¦sta queda englobada en el plano m¨¢s amplio de la seguridad. Aunque esto suponga una posible p¨¦rdida del protagonismo tradicional de las fuerzas armadas en favor de instancias civiles, es imprescindible romper los r¨ªgidos moldes que, en Espa?a, han preferido establecer compartimentos estancos que pudieron servir en otros contextos, pero que hoy son contraproducentes (la actual amenaza terrorista muestra n¨ªtidamente que ya hace mucho que ha dejado de tener sentido la idea de que los temas de seguridad son de Interior y los de defensa de Defensa).

La ley de Defensa Nacional, la de Tropa y Mariner¨ªa y la de la Carrera Militar son hitos positivos que conviene valorar en su justa medida. Por un lado, han actualizado las misiones de las Fuerzas Armadas, han logrado invertir la tendencia a la baja de la plantilla efectiva de los Ej¨¦rcitos y han ampliado notablemente el car¨¢cter civil-militar de la formaci¨®n de unos soldados que operan en entornos crecientemente complejos. Pero, por otro, tambi¨¦n han incrementado la confusi¨®n al utilizar mensajes inadecuados (ni los militares ni los ej¨¦rcitos son actores humanitarios, aunque puedan realizar ciertas actividades de este tipo; ni la Unidad Militar de Emergencias (UME) puede considerarse un acierto, sino m¨¢s bien la renuncia del Estado a contar con una Protecci¨®n Civil digna de tal nombre).

Si se entiende que Espa?a -por defensa de sus propios intereses, por solidaridad y por prestigio internacional- debe estar cada vez m¨¢s presente en las operaciones de paz emanadas de la ONU, habr¨¢ que volver nuevamente sobre la autolimitaci¨®n, renovada recientemente por el Gobierno, de no superar la barrera de los 3.000 efectivos desplegados en el exterior. Una de las mejoras logradas en esta legislatura es, precisamente, el reforzamiento del papel del Congreso como instancia principal para determinar el grado de implicaci¨®n de nuestras tropas fuera del territorio nacional. Esto exige que cada propuesta del Ejecutivo tenga que ser debatida en el Parlamento y, por tanto, no resulta f¨¢cilmente comprensible (no sirve, como suele aducirse, con apelar a los constre?imientos que impone el Ministerio de Hacienda) que el Gobierno se empe?e en atenerse a un l¨ªmite que no viene justificado por nuestras capacidades reales (sino m¨¢s bien por un empe?o trasnochado en seguir mirando hacia atr¨¢s, para evitar las cr¨ªticas de quienes antes se empe?aron en aventuras militaristas sin suficiente respaldo legal). Si realmente ¨¦ste fuera, como debe ser, un tema de Estado, y si se quisiera verdaderamente potenciar el papel del Legislativo, parecer¨ªa m¨¢s l¨®gico dejar que el propio debate parlamentario fije en cada caso hasta d¨®nde se puede llegar.

Por ¨²ltimo, y sin ¨¢nimo alguno de exhaustividad, interesa asimismo recordar que en el horizonte legislativo inmediato queda por regular la creaci¨®n del prometido Observatorio Permanente de la Vida Militar y la Ley Org¨¢nica sobre Derechos y Deberes de los Militares. El primero es una necesidad b¨¢sica para despejar cualquier zona de sombra que pudiera quedar sobre el inter¨¦s de la propia instituci¨®n castrense por respetar los derechos humanos de sus miembros y porque ¨¦stos los hagan respetar en todas sus actuaciones. La segunda es una pieza llamada a mejorar sustancialmente lo que se recog¨ªa en las Reales Ordenanzas, aprobadas ya hace 30 a?os. Un elemento delicado, pero inesquivable, es el del asociacionismo del personal militar. Si los partidos logran no convertir este asunto en un arma arrojadiza en su pelea diaria, y se excluye con claridad la acci¨®n sindical, se habr¨¢ dado un paso positivo para que los profesionales de los Ej¨¦rcitos puedan defender por cauces transparentes sus demandas y sus derechos. ?Estamos preparados para asumir estas tareas?

Jes¨²s A. N¨²?ez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acci¨®n Humanitaria (IECAH).