El retraso de la Ley de Dependencia obliga a pagar por miles de muertos

Muchas de las personas que han muerto en los ¨²ltimos meses estaban pendientes de recibir una de las ayudas p¨²blicas previstas en la Ley de Dependencia, que pueden solicitarse desde el 23 de abril. No llegaron a tiempo. Ni la madre de Mar¨ªa Luisa Sanju¨¢n, en Cantabria, ni la de Raimundo Herrera, en Madrid.

Pero todos aquellos que fueron evaluados por los equipos sociosanitarios antes de fallecer adquirieron el derecho a recibir la prestaci¨®n y ser¨¢n sus herederos quienes cobren la deuda. Aunque a¨²n no hay cifras precisas, las estimaciones los cuentan por miles.

Catalu?a estima que alrededor de 5.000 familias recibir¨¢n la prestaci¨®n

Las comunidades arbitran f¨®rmulas distintas para abonar sus deudas

S¨®lo en Catalu?a, el director del programa para la Dependencia de la Generalitat, Jordi Tudela, calcula que ser¨¢n entre 4.000 y 5.000 porque de las 50.000 solicitudes recibidas para evaluar tienen alrededor de un 10% de "incidencias". Otras comunidades consultadas carecen de datos precisos, pero s¨ª pagar¨¢n a sus muertos. En Catalu?a trabajar¨¢n como si la persona estuviera viva. "Ha sido evaluada y se le har¨¢ un plan individual de atenci¨®n con la ayuda que le corresponda. En funci¨®n de eso se abonar¨¢ a sus herederos. Pero tendremos que consultar a los servicios jur¨ªdicos, es la primera vez que se hace esto y a¨²n no sabemos c¨®mo abordar muchos casos", explica Tudela.

?Qu¨¦ pasa con quienes ya estuvieran en una residencia p¨²blica? ?Y si es privada? Si se trata de una ayuda econ¨®mica es m¨¢s f¨¢cil y lo cierto, a decir de los responsables de las comunidades, es que la mayor¨ªa de las ayudas que se est¨¢n prescribiendo son econ¨®micas (cerca del 80%, dicen en Catalu?a) aunque la ley establece la ayuda econ¨®mica como algo excepcional. Pero la escasez de plazas de residencias y de personal especializado para cuidados en el hogar no dejan muchas salidas. "Lo mismo ha ocurrido en todos los pa¨ªses cuando han iniciado sistemas como ¨¦ste", explica Tudela.

La ley obliga a resolver las solicitudes en un plazo de tres meses (todas las comunidades van con retraso) y a pagar con efecto retroactivo desde que se inici¨® la solicitud. ?Tambi¨¦n a los muertos?

En Castilla y Le¨®n ven "imposible" saber cu¨¢ntos fallecidos tendr¨¢n evaluados y habr¨¢n adquirido "el derecho a recibir su prestaci¨®n", explica Jes¨²s Fuertes, director general de Atenci¨®n a la Dependencia de esta regi¨®n. "Pero a la gente que nos comunica un fallecimiento le decimos que seguimos adelante con los tr¨¢mites, es su derecho".

En Extremadura, tras haber consultado con sus servicios jur¨ªdicos, s¨®lo pagar¨¢n a los herederos si el fallecido ya ten¨ªa redactado el Programa Individual de Atenci¨®n (PIA), donde se recoge la prestaci¨®n que le corresponde. En esa situaci¨®n tienen s¨®lo tres casos. Pero de las 15.000 solicitudes recibidas, 200 ya han fallecido. "Si no se sabe qu¨¦ ayuda les correspond¨ªa, ?qu¨¦ les vamos a dar?", afirman. "Y en alg¨²n caso a los herederos sin testamento les sal¨ªa m¨¢s caro demostrar que lo eran que la ayuda que iban a recibir", explican.

La ley estableci¨® un calendario para atender todas las solicitudes que llegaran. A los grandes dependientes, los m¨¢s graves (unos 200.000 en Espa?a) les correspond¨ªa en 2007. No se ha cumplido.

Para hacerse una idea, en Espa?a mueren al d¨ªa una media de 780 personas mayores de 70 a?os. Las velocidades entre comunidades son tan desiguales, que es posible que en algunas empiecen a cobrar los herederos de los fallecidos mientras que en otras los vivos sigan esperando.

El Ministerio de Trabajo ofreci¨® el pasado viernes las ¨²ltimas cifras de dependientes de su ordenador central: 154.000 valoradas en toda Espa?a y 128.000 que ya reciben servicios y prestaciones acordes a la ley. A principios de noviembre el Gobierno dijo que hab¨ªa atendidas 100.315 personas, pero los datos que ofrecieron las comunidades no superaban los 21.000. ?Qui¨¦nes son esas personas que est¨¢n en el ordenador del Gobierno? Los trabajadores sociales, pieza clave para poner en marcha la ley -se ocupan de valorar y tramitar-, opinan que son los dependientes que ya estaban siendo atendidos en las comunidades -estaban en residencias o recib¨ªan ayudas por su discapacidad-, pero saben que, por ahora, son "muy pocas" las personas que cuentan con prestaciones por primera vez gracias a la ley. Ellos los conocen con nombres y apellidos. En este caso est¨¢n miles de ancianos, de personas con alzh¨¦imer, que necesitan ayuda diaria que s¨®lo encuentran en casa.

Por cada uno de los registrados en el ordenador central el Gobierno libra una cantidad de dinero. Esto les sirve a los responsables auton¨®micos para seguir implantando el sistema, reconocieron el pasado viernes en la jornada organizada por los trabajadores sociales.

A juicio de las comunidades, el Gobierno ha fijado unos plazos muy "estrechos" para poner en marcha el llamado cuarto pilar del Estado de bienestar, un sistema con una casu¨ªstica tan variada que las comunidades no saben a¨²n c¨®mo atender. Tambi¨¦n es cierto que muchas comunidades no parecen tener muchas ganas de poner el sistema en marcha.

Los trabajadores sociales se quejaron el viernes pasado de casos como el de Valencia, donde el Gobierno ha hecho una ley de silencio negativo. As¨ª podr¨ªan no contestar las solicitudes de los ciudadanos y, una vez en tribunales contestarlos estimando o denegando la petici¨®n, algo que no permite el silencio afirmativo. Podr¨ªan ahorrar tiempo y dinero. Los abucheos tambi¨¦n se escucharon cuando habl¨® la responsable de Madrid.