C¨¢maras que paran torturas

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa est¨¢n colocando en sus dependencias centrales c¨¢maras destinadas a grabar a los detenidos acusados de delitos de terrorismo. Se trata de asegurar un control completo del periodo de incomunicaci¨®n de estos arrestados, de forma que no haya lugar a la posibilidad de los malos tratos y queden en evidencia las falsas denuncias de torturas que prodigan los activistas de ETA. Aunque ¨²nicamente tres jueces de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, Baltasar Garz¨®n y Fernando Andreu, vienen ordenando, a t¨ªtulo particular, la aplicaci¨®n de la medida, el Gobierno ha optado por extender la instalaci¨®n de los sistemas de grabaci¨®n para que puedan ser utilizados por todos aquellos juzgados de la Audiencia Nacional que en adelante lo estimen conveniente.

"Buscamos poner fin a las dudas", dice el secretario de Estado de Seguridad

Garz¨®n: "Desde que orden¨¦ poner c¨¢maras no ha habido denuncias"

Fernando Andreu: "Se acabar¨¢ lo de que o¨ªan gritos de torturados"

"Echaremos por tierra esa estrategia de los terroristas", asegura el juez

Las recientes denuncias por supuestas torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola han reactivado en el seno de la c¨²pula judicial el debate sobre la conveniencia de generalizar estos protocolos de prevenci¨®n, tal y como reclaman organismos como Amnist¨ªa Internacional, el Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas o el Comit¨¦ contra la Tortura del Consejo de Europa. C¨¢maras de grabaci¨®n digital similares a las que ya funcionan en la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n, en Madrid, est¨¢n siendo instaladas en la Direcci¨®n General de la Guardia Civil, tambi¨¦n en Madrid, as¨ª como en las jefaturas superiores del resto de Espa?a. A falta de un acuerdo general, la polic¨ªa s¨®lo est¨¢ obligada a activar los sistemas de grabaci¨®n en los casos en que lo ordenen los magistrados, pero ya hay centros de detenci¨®n en los que esta medida ha empezado a ser aplicada de forma sistem¨¢tica.

"Tenemos un sistema judicial que funciona porque protege los derechos de los detenidos y garantiza la investigaci¨®n y sanci¨®n de los malos tratos en el caso de que se produzcan", subraya el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Camacho. El Gobierno ve en las grabaciones una garant¨ªa complementaria de alcanzar la m¨¢xima transparencia posible. "Buscamos iluminar cualquier espacio de opacidad, poner t¨¦rmino a las dudas que pueda albergar parte de la opini¨®n p¨²blica, particularmente en Euskadi, y acabar con las denuncias y las falsas imputaciones a los cuerpos de seguridad", sostiene Antonio Camacho.

La experiencia del juez Baltasar Garz¨®n, pionero en esta iniciativa, parece avalar la eficacia de la medida. "Desde que orden¨¦ las grabaciones, hace poco m¨¢s de un a?o, no ha habido una sola denuncia de malos tratos o torturas. Ninguno de los 66 sospechosos de terrorismo que he ordenado detener en este periodo ha presentado denuncia", afirma el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional. Lo mismo ha ocurrido en los juzgados que dirigen Santiago Pedraz (n¨²mero 1) y Fernando Andreu (n¨²mero 4), dos jueces que conocen la situaci¨®n en Euskadi porque ejercieron en Guip¨²zcoa antes de acceder a la Audiencia Nacional.

Seg¨²n fuentes oficiales del Ministerio de Interior, la instalaci¨®n de los sistemas autom¨¢ticos de grabaci¨®n audiovisual ha resultado compleja por la necesidad de proteger el derecho a la intimidad de los detenidos. "Las c¨¢maras deben ser ubicadas de forma que registren los movimientos en celdas y pasillos, pero sin invadir espacios como el del retrete", puntualiza Garz¨®n.

"Se trata de controlar los accesos, los espacios y los tiempos de las dependencias policiales de los incomunicados. Que cuando un detenido declare que le han interrogado no s¨¦ cu¨¢ntas veces, se pueda constatar exactamente en cu¨¢ntas ha sido y en cu¨¢les momentos, que nadie no uniformado ha penetrado en su celda, que no ha habido nada irregular", se?ala el magistrado.

Con todo, las tomas de declaraci¨®n y los interrogatorios quedar¨¢n fuera de las c¨¢maras: tanto en unas como en otros se maneja informaci¨®n sensible antiterrorista, est¨¢ siempre presente el abogado de oficio, que asiste al detenido en calidad de testigo y puede preguntarle al arrestado por el trato recibido.

La iniciativa de estos magistrados, que incluye la posibilidad de que los incomunicados por terrorismo sean examinados por un m¨¦dico de su confianza -acto en el que debe estar presente el forense del juzgado-, no ha sido exactamente pac¨ªfica. A las reticencias mostradas por algunos responsables de los cuerpos policiales se sum¨® en el verano pasado la Asociaci¨®n Estatal de M¨¦dicos Forenses, que lleg¨® a denunciar a Garz¨®n con el argumento de que los protocolos cuestionan la independencia, profesionalidad y honestidad de sus asociados.

"Es un primer paso en el camino de la transparencia y es normal que surjan problemas de adaptaci¨®n y se levanten suspicacias entre quienes interpretan que estas medidas les presentan como sospechosos de consentir las torturas, cuando en realidad se trata de lo contrario: de protegerles frente a la sospecha, de acotar el espacio de duda", apunta el magistrado Santiago Pedraz. En un plano m¨¢s jur¨ªdico, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, subraya la idea de que el juez es responsable del detenido. "El juez decreta la incomunicaci¨®n para asegurar las pesquisas, pero no puede hacer dejaci¨®n de su responsabilidad de tutelar al detenido", indica.

"Para evitar maniobras dirigidas a romper la incomunicaci¨®n", a?ade Garz¨®n, "el m¨¦dico de confianza del detenido debe utilizar el castellano, y el forense debe dar cuenta al juzgado si observa que su colega incurre en actuaciones de asesoramiento". Seg¨²n el titular del juzgado n¨²mero 5, casi todos los supuestos activistas de ETA que pasaron por su juzgado reclamaron la presencia de un m¨¦dico de su confianza, pero no as¨ª los integrantes de Batasuna.

La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado s¨®lo ve ventajas a esta medida. "Los terroristas de ETA y los yihadistas han adoptado la estrategia de denunciar torturas por los beneficios procesales que les aportan. Declaran extensamente en comisar¨ªa y luego se niegan a declarar ante el juez. Dicen que lo reconocido antes fue obtenido bajo tortura. As¨ª tratan de contaminar el proceso, de minar las pruebas", explica. Delgado sostiene que las grabaciones y todo lo que contribuya a la transparencia son altamente eficaces para contrarrestar esa estrategia procesal.

Andreu no ha olvidado las penosas citaciones judiciales de los polic¨ªas denunciados por torturas en el Pa¨ªs Vasco. "Comparec¨ªan a la vista con gafas, con barba y hasta con casco para evitar que la gente pudiera reconocerles en la calle. Con las grabaciones, les ahorraremos estas citaciones, porque tendremos pruebas de lo que ha ocurrido realmente durante el periodo de incomunicaci¨®n. Se acabar¨¢n esas historias que cuentan los detenidos de que o¨ªan gritos de los que estaban siendo torturados en las celdas contiguas".

Los tres magistrados y la fiscal comparten la inquietud por los efectos deslegitimadores para el Estado que las denuncias de torturas provocan en buena parte de la sociedad, especialmente, en Euskadi. "Lo cierto es que los organismos internacionales de derechos humanos no nos dan la etiqueta de calidad democr¨¢tica", apunta Andreu. "Las terminales de ETA trabajan tratando de poner a Espa?a bajo sospecha. Se presentan como militantes pol¨ªticos torturados", dice Delgado. "Pero as¨ª echaremos por tierra su estrategia", agrega.Nadie espera que los detenidos de ETA renuncien a ella -siempre podr¨¢n denunciar malos tratos sufridos en el momento de la detenci¨®n o en los traslados-. Pero las grabaciones, los ex¨¢menes forenses cada ocho horas y, llegado el caso, la eventual presencia del juez en las dependencias policiales, deben reducir al m¨ªnimo tanto la posibilidad de los malos tratos como las denuncias. Las c¨¢maras est¨¢n preparadas. Falta que el conjunto de los jueces se ponga de acuerdo en la manera de abordar el problema.