Derribada la casa de un vecino de Castell¨®n tras diez a?os de pleitos

Manuel Bueno y su esposa Melania vieron c¨®mo en agosto de 2007 la casa familiar que pose¨ªan en El Grau de Castell¨®n era derribada. La causa, seg¨²n relatan, es la ejecuci¨®n de un plan urban¨ªstico -el PRI-21-, varias veces revisado por el Ayuntamiento de la capital de La Plana, y que les trae de cabeza desde hace m¨¢s de una d¨¦cada.

"El Ayuntamiento nos ha ido dando largas durante todos estos a?os"

Tras pasar un aut¨¦ntico "calvario", Manuel denuncia que le derriben "una casa legal" y quieran indemnizarle con "una cuarta parte de lo que vale el inmueble", seg¨²n una tasaci¨®n del departamento de Econom¨ªa y Hacienda. "Nos ofrec¨ªan 15.000 euros por una casa de 210 metros [111 edificados y el resto, de terrazas], cuando una peritaci¨®n privada y otra oficial estimaron el precio en 60.000 euros", relata Manuel. Al final, el urbanizador ofreci¨® 30.000 euros por la casa. El propietario, al revisar el tiempo que ha durado la tramitaci¨®n del proyecto, asegura: "Hemos sufrido todo tipo de presiones hasta que nos derribaron la casa. Al final, no nos queda otra salida que acudir a los tribunales".

El calvario, como ellos lo describen, comenz¨® en la d¨¦cada de los noventa, cuando la familia Bueno, due?a de una caseta en El Grau de Castell¨®n, se enter¨® de la existencia de un plan que afectaba de lleno a su propiedad y a otras nueve casas del alrededor. Los vecinos afectados presentaron alegaciones porque consideraban lesivo el plan, tramitado al amparo de la derogada LRAU. Entonces les contestaron que el bien social primaba sobre el particular y rechazaron sus argumentos. En 2002, tras la aprobaci¨®n del nuevo PGOU de Castell¨®n, el plan que afectaba a la familia Bueno estuvo a punto de aprobarse, pero al final se aplaz¨® en busca de un acuerdo con los vecinos. El acuerdo supuso el realojo de cinco vecinos de la zona. "Pero a nosotros nos excluyeron porque nuestra casa era segunda residencia", explica Manuel.Con los propietarios se reunieron el agente urbanizador -Jardines de Castalia-, responsable de la reparcelaci¨®n de la unidad UR-81, y la teniente de alcalde del Grau de Castell¨®n. "La mayor¨ªa de vecinos que no son realojados vendieron al final su propiedad por el precio que el urbanizador tas¨®. Las indemnizaciones previstas en el PAI quedaron en el aire hasta la reparcelaci¨®n del terreno", relata Manuel Bueno

Dos a?os despu¨¦s, en 2004, el Consistorio aprob¨® el modificado de este plan y tas¨® la propiedad de Manuel en 15.000 euros el suelo y en otros 15.000, la casa. "Los inmuebles que el urbanizador compr¨® se llenaron de okupas que se abastec¨ªan de agua desde mi casa", recuerda Melania. Tambi¨¦n empezaron a sufrir robos, que denunciaron a la polic¨ªa y al Ayuntamiento, pero al final no les qued¨® otra que tapiar puertas y ventanas para evitar el expolio. "Hab¨ªa basura y trastos viejos por todos lados", a?ade esta mujer.

Manuel inici¨® una cruzada particular que le llev¨® decenas de veces hasta la casa consistorial para plantear su caso a la abogada del Ayuntamiento, a los t¨¦cnicos e incluso al entonces concejal de Urbanismo y ahora alcalde, Alberto Fabra. "No nos dieron ninguna soluci¨®n". En el inter¨ªn, Manuel vendi¨® el solar sobre el que se asienta su inmueble, y pag¨® de su bolsillo una tasaci¨®n, que valor¨® la casa en m¨¢s de 60.000 euros. Por si ayudara a su caso, Bueno pidi¨® una revisi¨®n catastral que elev¨® el valor "solo de la casa" a 30.000 euros. Esta tasaci¨®n, dice el afectado citando un real decreto de 1993, es la mitad del precio real de una propiedad, con lo que la valoraci¨®n oficial viene a coincidir con los 60.000 euros calculados por la tasadora privada. La ¨²ltima cifra que le ofrec¨ªan era de 30.000 euros, pero Manuel la rechaz¨® a sabiendas de que solo le quedaba la v¨ªa contencioso-administrativa para defenderse. El plan prosigui¨® con su tramitaci¨®n y en agosto del a?o pasado su casa fue derribada por el agente urbanizador. "Independientemente de lo econ¨®mico, lo grave es la retah¨ªla de da?os morales que hemos sufrido durante todo este periplo", describe Manuel tras chocar una y otra vez contra con la maquinaria de la Administraci¨®n. "El Ayuntamiento nos ha ido dando largas durante todos estos a?os", se lamenta Manuel Bueno.

Ni el Ayuntamiento de Castell¨®n ni Jardines de Castalia respondieron a las llamadas de este diario para conocer su versi¨®n del caso.