El servicio p¨²blico de comunicaci¨®n

El Colegio de Periodistas de Catalu?a y el Sindicato de Periodistas de Catalu?a se pronunciaron en enero sobre la reciente elecci¨®n del presidente de la Corporaci¨®n Catalana de Medios Audiovisuales. Los periodistas colegiados y sindicados de Catalu?a coincidieron en denunciar la consolidaci¨®n de pol¨ªticas de comunicaci¨®n que, a su juicio, comportan el control de las radios y televisiones p¨²blicas por parte de los partidos pol¨ªticos. El ente colegial lleg¨® incluso a llamar a la sociedad civil a participar en "una plataforma c¨ªvica en defensa de los medios p¨²blicos".

Por aquellas fechas, la Assemblea per la Comunicaci¨® Social (ACS) hab¨ªa presentado un recurso de reposici¨®n ante el pleno del Consejo del Audiovisual de Catalu?a (CAC) contra el ¨²ltimo concurso para la adjudicaci¨®n de concesiones del servicio p¨²blico de radiodifusi¨®n en FM (publicado el 21 de diciembre de 2007). La entidad ciudadana sostuvo que el pliego de condiciones para acceder a una licencia de radio favorec¨ªa a los operadores privados de car¨¢cter comercial. ACS ped¨ªa reformular los t¨¦rminos del concurso para garantizar (seg¨²n establecen los art¨ªculos 70 y 71 de la Ley del Audiovisual) que los proyectos de comunicaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro pudieran ejercer su derecho a hacer uso de las ondas hertzianas. En febrero, el pleno del CAC desestimaba la petici¨®n argumentando, entre otras cosas, que el concurso no excluye a los medios de comunicaci¨®n de iniciativa ciudadana puesto que la actividad no lucrativa de los mismos "no es incompatible con el car¨¢cter comercial de la gesti¨®n del servicio de radiodifusi¨®n sonora" .

El mayor peligro de la falta de planificaci¨®n de los medios es la debilidad de lo 'p¨²blico' frente a lo 'privado'

Estos dos casos ofrecen una buena base para reflexionar sobre el concepto de "servicio p¨²blico" que cabe atribuir a los medios de comunicaci¨®n audiovisuales en la actualidad (ya sean gestionados directamente por la Administraci¨®n, o indirectamente por particulares). Tanto las normas reguladoras vigentes en materia audiovisual como los c¨®digos ¨¦ticos de la comunicaci¨®n (en su aplicaci¨®n profesional y en su demanda social) establecen que cualquier uso de los espacios televisivos y radiof¨®nicos constituye un servicio a la sociedad. Al menos, ¨¦sta es la teor¨ªa. A la pr¨¢ctica, no obstante, asistimos a una inversi¨®n de t¨¦rminos. All¨ª donde deber¨ªamos encontrar flujos de comunicaci¨®n dignos de la Era de la Informaci¨®n, encontramos formas de control y de hegemon¨ªa m¨¢s bien propias, como ya dijera J¨¹rgen Habermas, de un nuevo sistema feudal.

La palabra servicio procede del lat¨ªn servus ('esclavo'). Lo que los periodistas profesionales y los ciudadanos coinciden en destacar con sus respectivas demandas es la falta de debate p¨²blico sobre qui¨¦n se pone al servicio de qui¨¦n, y qu¨¦ es lo que se est¨¢ poniendo en juego. El planteamiento de estas cuestiones deber¨ªa alejarse de la identificaci¨®n de lo p¨²blico con lo gubernamental, como polo opuesto a lo privado / comercial. Hoy d¨ªa se precisa una mirada m¨¢s compleja y menos dicot¨®mica del paisaje medi¨¢tico. No cabe confundir la reivindicaci¨®n del servicio p¨²blico de comunicaci¨®n con el estatalismo monopolista. De igual modo, ser¨ªa una irresponsabilidad por parte del Gobierno que los derechos y libertades en materia de expresi¨®n y acceso a la esfera p¨²blica fueran reducidos a pura l¨®gica neoliberal. El mayor peligro de la falta de planificaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n es precisamente el debilitamiento de lo p¨²blico (como derecho de la comunidad) frente al auge de lo privatizable. Es imprescindible, pues, reconocer que lo que aqu¨ª est¨¢ en juego no es solamente el tipo de periodismo que ha luchado durante a?os por comunicar en libertad, sino la noci¨®n misma de ciudadan¨ªa.

Anna Clua es profesora de la UOC.