Pederastas libres entre islotes de justicia

Santiago del Valle, el presunto asesino de la ni?a de cinco a?os Mari Luz, no es el ¨²nico pederasta condenado que andaba suelto. En 2007 la Audiencia de Sevilla conden¨® a 14 a?os de prisi¨®n a M. por un delito continuado de agresi¨®n sexual a su hija. El hombre acudi¨® al Tribunal Supremo que, el pasado 8 de noviembre, desestim¨® el recurso de casaci¨®n sin siquiera admitirlo a tr¨¢mite. Desde esa fecha, M. deber¨ªa haber ingresado en prisi¨®n. Hasta hace cuatro d¨ªas no lo hab¨ªa hecho. Desapareci¨® del pueblo, aunque algunos vecinos le han visto. Sigue libre, a sus anchas.

Reino Unido cuenta con un registro de agresores sexuales de acceso limitado

"En este caso no ha fallado el C¨®digo Penal, ha fallado el sistema"

Un 30% de los menores soporta los abusos sin contarlo jam¨¢s

"?Qu¨¦ hacer cu¨¢ndo ya han cumplido la pena y tienen riesgo de reincidir?"

El abogado Ignacio Fern¨¢ndez de la Mata, que represent¨® a la v¨ªctima, a¨²n est¨¢ aguardando que le notifiquen el encarcelamiento de M., que forz¨® a su hija desde los 8 a los 14 a?os. "Hace cuatro d¨ªas estaba en la calle, no entiendo por qu¨¦ pero es as¨ª", se asombra el letrado. "No me ha extra?ado nada el caso de Mari Luz, el sistema no funciona ni en estos casos ni para ejecutar un embargo judicial, faltan juzgados y medios", se queja.

La propia vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, admiti¨® el viernes que el sistema judicial fall¨® en el caso de Mari Luz. Pero la situaci¨®n del pederasta M. y la de otro condenado por agresi¨®n sexual en Lleida, que est¨¢ en busca y captura desde hace m¨¢s de un a?o, acreditan que el sistema falla demasiado. En los juzgados sevillanos se reconoc¨ªa el viernes que las demoras en ordenar que se ejecuten sentencias de encarcelamiento no son excepcionales, aunque se excusen en la falta de medios.

Hay adem¨¢s algo asombroso en el historial judicial de Santiago del Valle. Cada juzgado por el que pas¨® actu¨® como una isla, un espacio sin conexi¨®n con el resto del sistema, un lugar ante el que el pederasta reincidente siempre comparec¨ªa como por primera vez. ?Es que una juez de Gij¨®n no puede saber de forma inmediata si un colega de Tarragona ha tomado alguna medida de relevancia sobre un acusado de pederastia? ?No puede darle a un bot¨®n y acceder a los antecedentes de un sospechoso? No.

"No podemos permitir en el a?o 2008 que el juez de Almer¨ªa que decide sobre un se?or lo haga sin saber qu¨¦ ha decidido otro juzgado; se trata de tener un sistema que permita saber al instante qu¨¦ pasa con determinadas personas y determinadas causas", censura Antonio Garc¨ªa Mart¨ªnez, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco y portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura.

Las comunicaciones se han revolucionado m¨¢s que los juzgados. El ¨²nico registro al que un magistrado puede acceder de forma inmediata desde su ordenador recoge a las personas que ya cuentan con una sentencia firme. Por eso, cuando un juez de Sevilla dict¨® en 2004 la segunda sentencia contra Santiago del Valle no aplic¨® la agravante por reincidencia. En el registro no figuraba el fallo de 2002 que le condenaba por abusar de su hija de cinco a?os, puesto que no era firme al haber sido recurrida ante la Audiencia de Sevilla, que tard¨® tres a?os en pronunciarse. Una base de datos centralizada con resoluciones y medidas judiciales impedir¨ªa la cadena de desprop¨®sitos ocurrida en el caso de Santiago del Valle, pero suscita algunas dudas su gesti¨®n y su naturaleza ya que podr¨ªa chocar contra otros derechos.

"Los derechos siempre colisionan, tenemos que ponerlos en una balanza. La pederastia existe y puede mediatizar a un menor para el resto de su vida. En esa balanza creo que pesa m¨¢s el da?o del menor que la intimidad", defiende la decana del Colegio de Abogados de Ceuta y consejera del Consejo General de la Abogac¨ªa, Isabel Valriberas. "No atentar¨ªa contra ese derecho que los jueces puedan acceder; tampoco los datos de los contribuyentes son p¨²blicos pero los conoce la Administraci¨®n Tributaria", apuntala.

Claro que una cosa es una base de datos para uso de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y algo diferente la creaci¨®n de un registro de pederastas de car¨¢cter p¨²blico como algunas voces reclaman. Los juristas, en general, defienden el primer modelo. "Tendr¨ªa que ser una base de datos de acceso restringido a gente que pueda tener un inter¨¦s leg¨ªtimo; la publicidad de estas listas ser¨ªa contraria a la Constituci¨®n", opina el portavoz de Jueces para la Democracia y juez de la Audiencia de Vitoria, Jaime Tapia. "Los registros tienen que cumplir requisitos legales para impedir que se vulnere el derecho a la intimidad", coincide la portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Gabriela Bravo.

Los ejemplos de algunos pa¨ªses se observan con recelo. En Estados Unidos, cada criminal sexual excarcelado tiene que registrarse ante la polic¨ªa de su Estado. La mayor¨ªa de los registros son abiertos. Adem¨¢s, hay bases privadas de datos donde cualquiera puede consultar si tiene alg¨²n vecino con antecedentes por delitos sexuales.

Tambi¨¦n el Reino Unido cuenta con un registro que depende de la polic¨ªa donde figurar¨¢ de por vida cualquier persona que haya cumplido una pena por delito sexual, que adem¨¢s se clasifica seg¨²n su peligrosidad y el riesgo de que reincida. El acceso a este listado es m¨¢s restringido que en Estados Unidos, pero est¨¢ disponible para empleadores de forma que se vete el acceso de pederastas a entornos laborales donde abundan los menores, como puede ser un colegio.

En Colombia, la intenci¨®n de levantar vallas para colgar fotograf¨ªas de personas condenadas por violar menores se qued¨® en eso, en una intenci¨®n. Es cierto, que se llegaron a proyectar im¨¢genes de agresores sexuales en dos pantallas gigantes de un c¨¦ntrico parque de Bogot¨¢, pero poco despu¨¦s la Corte ech¨® por tierra la propuesta por considerarla "anticonstitucional".

Hay entornos golosos para un pederasta. Francisco Jim¨¦nez se aprovech¨® de su condici¨®n de presidente del club social Las Portadas, en Dos Hermanas (Sevilla), para besar, acariciar, tocar y fotografiar genitales, nalgas y piernas de 20 ni?as de entre 4 y 12 a?os. Tras admitirlo ante el juzgado, fue condenado a 61 a?os de c¨¢rcel. Los abusos sexuales a menores se registran, seg¨²n un informe de la organizaci¨®n Save the Children, en cualquier sitio: en el propio domicilio, en los parques, en un coche, en el colegio, en campamentos y tambi¨¦n en centros de protecci¨®n, algo sobre lo que alert¨® el catedr¨¢tico F¨¦lix L¨®pez, autor del estudio m¨¢s ambicioso sobre v¨ªctimas infantiles de abusos sexuales en Espa?a: "Es un problema institucional de primera magnitud pese a la resistencia de pol¨ªticos y administraciones a plantearlo".

Fruto de la investigaci¨®n de L¨®pez se estima que en Espa?a hay un 23% de ni?as y un 15% de ni?os que sufren abusos sexuales antes de los 17 a?os. Pocos llegan a los tribunales: a lo sumo 2 de cada 10. "Un 30% de las v¨ªctimas no se lo cuenta absolutamente a nadie porque teme la reacci¨®n de los dem¨¢s ante la revelaci¨®n, por sentimientos de culpabilidad o por verg¨¹enza", exponen en el informe. Entre los agresores abundan rostros conocidos, familiares, ¨ªntimos.

No es infrecuente que el pederasta duerma en la habitaci¨®n de al lado con la madre. Para la justicia, Santiago del Valle estren¨® su carrera con su hija, aunque antes hab¨ªa abusado de su hermana peque?a. M., el pederasta condenado y desaparecido, tambi¨¦n. Ahora que ha muerto Mari Luz surgen peticiones para endurecer las penas contra estos delincuentes. "No soy partidaria de pedir reformas por cada asesinato, no ha fallado el C¨®digo Penal, aqu¨ª lo que ha fallado ha sido la Administraci¨®n de justicia", tercia la fiscal Gabriela Bravo para serenar el debate. "Antes de emprender una reforma del C¨®digo Penal habr¨ªa que reformar la Administraci¨®n de justicia", abunda la abogada Isabel Valriberas.

Los cr¨ªmenes enardecen los ¨¢nimos, como se vio en Huelva el d¨ªa que llegaron los detenidos al juzgado. Ese ambiente emotivo no parece la atm¨®sfera m¨¢s sensata para debatir sobre el C¨®digo Penal, pero algunos prefieren arremeter contra el texto antes que contra el sistema. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique L¨®pez, defendi¨® el encaje constitucional de la cadena perpetua siempre que exista un juicio de revisi¨®n. "Hay que medir no s¨®lo la culpabilidad, sino tambi¨¦n el grado de peligrosidad a la hora de reincidir y hasta que esto no lo asumamos sin tapujos no estaremos acertando".

La cadena perpetua, sin embargo, no tiene gran predicamento entre los jueces. "La pena tiene que estar orientada a la resocializaci¨®n y a ayudar a devolver la dignidad a las personas, el derecho penal de los Estados democr¨¢ticos es fruto de un largu¨ªsimo proceso que arranca con la Ilustraci¨®n y cualquier paso atr¨¢s ser¨ªa una vuelta a las cavernas", defiende el magistrado Antonio Garc¨ªa Mart¨ªnez. "La pena tiene que tener una finalizaci¨®n. No puedes tener toda la vida encarcelado a un se?or que delinqui¨® hace 20 a?os", esgrime el juez Jaime Tapia.

La defensa que ambos realizan del esp¨ªritu del actual modelo espa?ol, que pone punto final a las condenas, muestra que la opini¨®n del portavoz del CGPJ es aislada entre los jueces espa?oles. Antonio Garc¨ªa es portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora. Jaime Tapia lo es de Jueces para la Democracia, progresista y minoritaria.

Tampoco el Gobierno parece que vaya a contagiarse del estilo Sarkozy de legislar a golpe de acontecimiento. Fern¨¢ndez de la Vega considera que no es el momento de debatir sobre el endurecimiento de las penas, como reclam¨® el presidente del PP, Mariano Rajoy. Al margen de la pol¨ªtica, distintos expertos creen conveniente abordar reformas. "Hay una realidad que debemos afrontar, hay personalidades y patolog¨ªas criminales que son irrecuperables", plantea el magistrado Garc¨ªa Mart¨ªnez. "Si hay un porcentaje de delincuentes sexuales que no son corregibles, ?qu¨¦ hay que hacer cuando ya han cumplido su pena y vuelven a la sociedad con un pron¨®stico elevado de reincidencia? Esto es lo que nuestra legislaci¨®n no responde", argumenta.

Su apreciaci¨®n coincide con la del Defensor del Menor andaluz, Jos¨¦ Chamizo: "Hay un sector de pederastas reincidentes, el control sobre ellos tendr¨ªa que incluir terapias, medidas de seguridad y, para quien lo solicite, la castraci¨®n qu¨ªmica". Investigaciones internacionales cifran la reincidencia en un 20%.

En Francia, Sarkozy ofreci¨® la castraci¨®n qu¨ªmica y anunci¨® la apertura de un centro para internar a pederastas con riesgo de reincidir al salir de prisi¨®n. En Espa?a, cuando un delincuente cumple su pena debe ser excarcelado por mucha repulsa que suscite, como ocurri¨® el verano pasado con Jos¨¦ Rodr¨ªguez Salvador, cuyo largu¨ªsimo historial delictivo le adhiri¨® el apelativo de violador del Vall d'Hebron. Informes penitenciarios alertaban sobre su riesgo de reincidencia, pero la Audiencia de Barcelona consider¨® que ser¨ªa inconstitucional no excarcelarlo. Salvo que en el futuro se cambien las leyes.