Cotino deja de gastar 600.000 euros para la dependencia
Juan Cotino, vicepresidente y consejero de Bienestar Social, reitera que las ayudas estatales para aplicar la ley de dependencia en territorio valenciano son insuficientes, incluso se al¨ªa con sus colegas de Madrid y Castilla y Le¨®n para reclamar m¨¢s financiaci¨®n. Pero no gasta con la misma diligencia los fondos que efectivamente recibe.
El Consell tuvo que acordar el pasado diciembre una modificaci¨®n de cr¨¦dito para devolver al Estado 595.618 euros que la Generalitat hab¨ªa recibido para programas de integraci¨®n social de discapacitados. Los fondos ten¨ªan car¨¢cter finalista e iban destinados a construir residencias y centros de atenci¨®n para enfermos mentales o personas con discapacidad. El Consell argumenta en el acuerdo de modificaci¨®n de cr¨¦dito que se public¨® hace dos meses en el DOCV que se hab¨ªan retrasado las obras en varios centros en localidades como Ontinyent, X¨¤tiva, Ll¨ªria, Almorad¨ª, Orihuela o en la Universidad Polit¨¦cnica de Valencia, que eran los destinatarios de esas ayudas estatales.
El diputado socialista Antonio Torres esgrimi¨® ayer la devoluci¨®n de fondos estatales en un debate parlamentario en torno a la aplicaci¨®n de la ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. Torres acumul¨® las ayudas estatales para centros de mayores, centros para discapacitados, los m¨ªnimos para atenci¨®n de todos los dependientes, los fondos pactados con la Generalitat a tenor del n¨²mero de dependientes que han acreditado diversos grados de discapacidad como prev¨¦ la nueva ley y la inversi¨®n estatal en el centro de referencia para enfermos mentales que se construye en Valencia. En total, 37 millones de euros en 2007.
Mar¨ªa Soledad Linares, del PP, se limit¨® a contabilizar en tono jocoso los cien euros mensuales que el Estado aporta como m¨ªnimo para atenci¨®n de todos los dependientes censados para negar la evidencia.
La obstrucci¨®n de parte de la Administraci¨®n auton¨®mica a la aplicaci¨®n de la ley estatal en territorio valenciano tropez¨® ayer con un segundo frente. CC OO anunci¨® dos demandas contra el Consell por recurrir a una empresa privada de reciente creaci¨®n, Avapsa, para certificar el grado de dependencia de los ciudadanos que pueden acogerse a los beneficios de la ley de Dependencia. La propia ley establece que los ¨®rganos de valoraci¨®n de la situaci¨®n de dependencia tendr¨¢n car¨¢cter p¨²blico.
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