Cr¨®nica de un certificado fraudulento

Nadie, oficialmente, sabe ni quiere saber nada de ¨¦l, pero dej¨® un rastro incandescente que demuestra su existencia. Varios a?os despu¨¦s de haberse firmado y desautorizado saca humo bajo el sill¨®n del presidente de la Diputaci¨®n de Valencia, que ni niega ni afirma y trata de esquivar sus consecuencias. Sin embargo, un peque?o accionista baraja llevar el caso ante los juzgados por las consecuencias que, desde su punto de vista, podr¨ªa tener en la sociedad a la que pertenece, Aguas de Valencia.

Seg¨²n la investigaci¨®n realizada por el PSPV en la Diputaci¨®n de Valencia, los Servicios T¨¦cnicos y Econ¨®micos detectaron que la certificaci¨®n realizada en 2001 por el Servicio del ?rea de Medio Ambiente respecto al cumplimiento de unas aportaciones no dinerarias valoradas en 4,9 millones de euros no estaba suficientemente acreditada. El certificado emitido por ese servicio, con fecha 25 de mayo de 2001, con origen en la privatizaci¨®n del 49% de la Empresa General Valenciana de Agua, SA (Egevasa), propici¨® que la junta general de esa empresa, de la que la Diputaci¨®n tiene el 51%, aprobase dicho cumplimiento a efectos de liberar el aval emitido en garant¨ªa. Sin embargo, un a?o despu¨¦s, la misma junta general, al conocer las reticencias de los servicios t¨¦cnicos al respecto, decidi¨® dejar en suspenso el acuerdo as¨ª como la liberaci¨®n del aval, ya que para su ejecuci¨®n tendr¨ªa que acreditar la realizaci¨®n y, en caso contrario, la Diputaci¨®n tendr¨ªa que percibir los 4,9 millones de los avaladores.

El proceso se inici¨® con la privatizaci¨®n de 3.047 acciones de Egevasa (el 49%), aprobada por el pleno de la Diputaci¨®n el 22 de septiembre de 1998. Este paquete, que representa el 49% de la empresa, fue adquirido por la sociedad Vainmosa, participada por el Banco de Valencia y el BSCH como socios financieros, y Fomento Agr¨ªcola Castellonense (Facsa) y Luis Batalla, SA, (Lubasa) como socios industriales. En la operaci¨®n, a efectos de la toma de participaci¨®n en el capital social de Egevasa, Vainmosa adquiri¨® el compromiso adicional de llevar a cabo determinadas aportaciones no dinerarias (estudios hidrogeol¨®gicos y sistemas de informaci¨®n) por valor de 817 millones de pesetas y de formalizar un aval para garantizar su cumplimiento.

El 15 de noviembre de 2000, Lubasa y Facsa se subrogaron ese compromiso adicional renunciando a exigir cualquier contraprestaci¨®n a Vainmosa, que en 2001 se integrar¨ªa en Aguas de Valencia. A partir de 2002, como consecuencia de la suspensi¨®n del aval por parte de la junta general de Egevasa, las cuentas anuales de Aguas de Valencia han consignado la existencia de este aval pendiente de ser liberado por la Diputaci¨®n de Valencia.

El ingeniero Juan Broseta, representante de la multinacional francesa Suez Environnement, que posee el 33% de Aguas de Valencia, remiti¨® una carta como peque?o accionista el pasado 26 de marzo al presidente de la Diputaci¨®n, Alfonso Rus, solicitando informaci¨®n acerca del cumplimiento de las aportaciones. Broseta aseguraba que exist¨ªan una serie de circunstancias que induc¨ªan a "una cierta confusi¨®n" respecto a la realizaci¨®n o no de estas contraprestaciones.

Asimismo, el pasado 9 de abril remiti¨® un burofax al presidente del consejo de administraci¨®n de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, pidi¨¦ndole informaci¨®n sobre si en el momento de integrar Vainmosa en la empresa se consider¨® como cumplida la obligaci¨®n de realizar aportaciones no dinerarias a Egevasa. En ese sentido, tambi¨¦n le pregunta sobre si la subrogaci¨®n de Lubasa y Facsa fue aceptada por la Diputaci¨®n de Valencia y, en todo caso, cu¨¢l es el estado actual de dicha obligaci¨®n, as¨ª como qu¨¦ garant¨ªas va a adoptar Aguas de Valencia para exigir dicho cumplimiento a Lubasa.

El accionista minoritario planea llevar a los tribunales al funcionario que firm¨® la certificaci¨®n siendo presidente de la Diputaci¨®n el fallecido Manuel Taranc¨®n. El actual presidente, Alfonso Rus, ha declinado aclarar la situaci¨®n y no ha querido hacer declaraciones sobre esa certificaci¨®n fraudulenta que podr¨ªa constituir un fraude p¨²blico. Su responsable de prensa, tras comunicar el rechazo de Rus a dar explicaciones se limit¨® a comentar: "Eso es muy raro". Por su parte, el PSPV en la instituci¨®n provincial se ha mostrado partidario de llevar la investigaci¨®n hasta el fondo y, ya que la certificaci¨®n qued¨® anulada, que se ejecute el aval y los 4,9 millones se inviertan en proyectos de mejora de redes locales de Egevasa, seg¨²n ha manifestado su portavoz, Rafael Rubio.