Protesta por el "desmantelamiento" de los recursos sociales del Consell
Los trabajadores critican que se privatice la gesti¨®n de la ley de Dependencia
Los trabajadores de los servicios sociales de la consejer¨ªa que dirige Juan Cotino han iniciado movilizaciones en protesta por el "desmantelamiento" de los recursos sociales y la privatizaci¨®n que ha acometido el Consell en la gesti¨®n de la ley de Dependencia. Ayer, un centenar de trabajadores p¨²blicos se concentr¨® ante los servicios territoriales de la Consejer¨ªa de Bienestar Social en Valencia para denunciar la "grave situaci¨®n" en la que est¨¢n los servicios sociales, un colectivo que, entre t¨¦cnicos, auxiliares, ATS, trabajadores sociales, m¨¦dicos, psic¨®logos y educadores suma unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana.
"Cobran 300 euros menos de media que trabajadores de otras consejer¨ªas"
En primer lugar, se quejan de un perjuicio econ¨®mico. "Hay una discriminaci¨®n salarial", explica Toni Femenia, de UGT, "ya que a pesar de trabajar con colectivos vulnerables cobran unos 300 euros de media menos que trabajadores equiparables de otras consejer¨ªas". Y el sindicalista lo achaca a que "se trata de categor¨ªas feminizadas, se viene arrastrando una situaci¨®n de discriminaci¨®n sexual que a estas alturas del siglo XXI hay que erradicar".
Pero las mayores quejas de los trabajadores se centran en una falta de recursos personales que se traduce en una asistencia deficiente a los usuarios. "Las ratios de personal est¨¢n siempre bajo m¨ªnimos, son claramente insuficientes para dar una atenci¨®n de calidad". Su tesis es que Bienestar Social ampl¨ªa sus competencias pero no sus estructuras. Y cuando puede, privatiza los servicios pero sin crear nuevos empleos ni aprovechar al personal existente. "Es un desprecio para la experiencia de los profesionales".
Y como paradigma de la privatizaci¨®n ponen la gesti¨®n de la ley de Dependencia. El Consell cre¨® el a?o pasado una empresa, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), para tramitar las solicitudes de las personas que optan a las ayudas que estipula la ley. Y prescindi¨® de la amplia red de trabajadores sociales auton¨®micos y municipales que lleva a?os haciendo una tarea similar.
Los sindicatos propusieron a la consejer¨ªa el a?o pasado implantar 47 unidades en las distintas comarcas (una por cada 100.00 habitantes) compuestas de t¨¦cnicos, trabajadores sociales, auxiliares, m¨¦dicos y psic¨®logos para la implantaci¨®n y el seguimiento de la ley de Dependencia. Har¨ªan falta unos 300 trabajadores, pero, a su juicio, la consejer¨ªa "paraliza" la ley con apenas 35 empleados en Avapsa.
Para Intersindical Valenciana, el "desmantelamiento de la funci¨®n p¨²blica" mediante empresas privadas, sociedades mercantiles y ONG profesionalizadas "esconde todo tipo de corruptelas, manipulaciones y oscurantismos paganos".
El sindicato CSI-CSIF, por su parte, insisti¨® en que Bienestar Social no cubre las vacantes y sustituciones de personal. Y exigi¨® en su comunicado "la adecuaci¨®n y ampliaci¨®n necesaria de las plantillas sobre la base de una revisi¨®n de los ratios actualmente establecidos".
Vicent Soler, de CC OO, se quej¨® de que la consejer¨ªa est¨¢ dando "la callada por respuesta" a sus quejas. De hecho, siguen esperando que se celebre la reuni¨®n que se les prometi¨® para antes de Fallas. Por eso no descartan llevar a la consejer¨ªa ante la Fiscal¨ªa por un delito contra la salud de los trabajadores por la sobrecarga de trabajo que acometen desde hace a?os.
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