Clase pol¨ªtica y sociedad civil

La renuncia del diputado Eduardo Zaplana al esca?o y su contrataci¨®n por Telef¨®nica como delegado para Europa ha coincidido con el anuncio de que el ex director de la Oficina Econ¨®mica de La Moncloa, David Taguas, estar¨¢ al frente -si el informe del Ministerio de Administraciones P¨²blicas sobre compatibilidades lo autoriza- de la Sociedad de Empresas de Obras P¨²blicas de ?mbito Nacional (SEOPAN). El tr¨¢nsito desde los cargos p¨²blicos por elecci¨®n o por libre designaci¨®n hasta los puestos de alta responsabilidad en las empresas privadas no puede ser juzgado s¨®lo -aunque tambi¨¦n- con arreglo a los criterios del derecho; hay normas pol¨ªticas, ¨¦ticas e incluso est¨¦ticas que tienen igualmente un ¨¢mbito de competencia.

La contrataci¨®n de Eduardo Zaplana y David Taguas suscita recelos

Porque la ley reguladora de Conflictos de Intereses de Altos Cargos 5/2006 o el T¨ªtulo XIX del C¨®digo Penal sobre delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica (incluido el tr¨¢fico de influencias) no agotan la complejidad ni abarcan todos los matices de las zonas fronterizas entre los poderes pol¨ªtico y econ¨®mico. Ni que decir que la garant¨ªa constitucional de presunci¨®n de inocencia ampara los comportamientos de los pol¨ªticos -como de los restantes ciudadanos- mientras no se demuestra lo contrario. La prosa jur¨ªdico-administrativa de la norma 5/2006 se presta a diversas interpretaciones: el art¨ªculo 8 limita el ejercicio de las actividades privadas, durante los dos a?os siguientes al abandono del puesto, a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado y a los dem¨¢s altos cargos enumerados por el art¨ªculo 3. David Taguas -el secretario de Estado que sustituy¨® a Miguel Sebasti¨¢n cuando ¨¦ste fue candidato a la alcald¨ªa de Madrid- se halla sometido a esas cautelas. En cambio, Zaplana, portavoz parlamentario del principal partido de la oposici¨®n durante la anterior legislatura, abandon¨® el Gobierno hace cuatro a?os tras la derrota electoral del PP.

Las interrogantes sobre estos pol¨¦micos casos se hallan cargadas de implicaciones normativas de car¨¢cter extrajur¨ªdico, tambi¨¦n vinculantes. ?Tiene Zaplana los saberes especializados, la experiencia internacional y el dominio de idiomas indispensables para ser el delegado de Telef¨®nica en Europa? ?No resulta algo chirriante que Taguas pase sin soluci¨®n de continuidad a defender los intereses sectoriales de las constructoras despu¨¦s de haber sido su interlocutor como representante del inter¨¦s general del Estado?

En cualquier caso, el reclutamiento de la clase pol¨ªtica y sus v¨ªas de comunicaci¨®n -de ida y vuelta- con la sociedad plantean conflictos de todo tipo. La alternancia en el poder (central, auton¨®mico y municipal) de los partidos resucita para los cargos electos y de libre designaci¨®n situaciones semejantes a las vividas en las novelas de Gald¨®s por los funcionarios cesantes de la clientelar Espa?a de la Restauraci¨®n. El enorme incremento del gasto p¨²blico y del intervencionismo estatal durante las ¨²ltimas d¨¦cadas no s¨®lo multiplica los puestos representativos y ejecutivos reservados a los pol¨ªticos de partido, sino que tambi¨¦n eleva los niveles de ingresos, el prestigio social, la capacidad de influencia y los recursos humanos, materiales y de servicios puestos a disposici¨®n de sus titulares. El rev¨¦s de la trama es el duelo padecido por los beneficiarios de esas posiciones privilegiadas cuando pierden el cargo a consecuencia de una derrota electoral o de un cese. Como ense?a el caso de Eduardo Zaplana, la conservaci¨®n del esca?o como diputado raso no siempre sirve de consuelo a los pol¨ªticos defraudados por el tropiezo electoral de su partido o por la p¨¦rdida de poder en la nomenklatura organizativa; Acebes, Pizarro y Costa pueden ser las pr¨®ximas v¨ªctimas de ese s¨ªndrome.

La expulsi¨®n del para¨ªso no implica problemas laborales para el personal de las diferentes Administraciones p¨²blicas, con derecho a la excedencia especial y la reserva de plaza (salvo los militares). El significativo porcentaje ocupado dentro de los cargos electos o de libre designaci¨®n por ense?antes (de maestros a catedr¨¢ticos), funcionarios de distintos niveles, jueces, fiscales, diplom¨¢ticos, letrados del Consejo y abogados del Estado, registradores de la propiedad y otros cuerpos de la Administraci¨®n, tal vez se deba a la falta de riesgo que significa el paso de la burocracia a la pol¨ªtica en viajes de ida y vuelta sin l¨ªmites de n¨²mero y tiempo.

Aunque la excedencia especial tambi¨¦n se aplica en las empresas privadas, el privilegio comparado de los llamados servidores p¨²blicos es su doble acceso a la organizaci¨®n estatal: como pol¨ªticos que hacen las leyes, dictan los decretos, ordenan los gastos y trazan las l¨ªneas de actuaci¨®n, por un lado, y como funcionarios que aplican las normas y mantienen la maquinaria en marcha, por otro. Si esa tendencia se acentuase, las habituales invocaciones a la sociedad civil como instancia controladora de una clase pol¨ªtica que te¨®ricamente la representa ser¨ªan una mera ficci¨®n ret¨®rica: a uno y otro lado de las urnas estar¨ªan siempre las caras de los miembros de la burocracia estatal.