El remiendo de la financiaci¨®n

Ha empezado el proceso para la modificaci¨®n del sistema de financiaci¨®n de Catalu?a derivado del Estatuto de 2006. Conviene, pues, repasar algunos de los principales elementos que enmarcan este proceso para que nadie se lleve ni lo lleven a enga?o respecto a los resultados esperables del mismo.

El art¨ªculo 201.1 del Estatuto establece claramente que el nuevo sistema de financiaci¨®n de Catalu?a se definir¨¢ a partir de la Constituci¨®n, el propio Estatuto y la ley org¨¢nica prevista en la Constituci¨®n para regular las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n, la que en el argot t¨¦cnico se conoce como LOFCA. El Estatuto dibuja, as¨ª, un escenario de negociaci¨®n que, aun siendo bilateral en el seno de la comisi¨®n mixta de los dos gobiernos (central y catal¨¢n), deber¨¢ generar un modelo que sea generalizable para el conjunto de las comunidades. La pretensi¨®n de que Catalu?a cuente con una ley propia, en este contexto, es una pretensi¨®n de dudosa solvencia. De hecho, podr¨ªan darse hasta 15 leyes (una por cada comunidad no foral), pero con la condici¨®n de que todas fueran id¨¦nticas. La posibilidad de que Catalu?a tuviese un trato financiero diferenciado s¨ª aparec¨ªa, en cambio, en el proyecto de Estatuto aprobado por el Parlament el 30 de setiembre del 2005, pero fue de las primeras cosas que desaparecieron en el pacto Mas-Zapatero que dio origen al Estatuto definitivo. All¨ª se perdi¨® un modelo de concierto econ¨®mico cooperativo. Pasamos de tener un traje nuevo a echar un remiendo a un traje viejo apolillado.

Si se aprovechan las posibilidades del Estatuto, habr¨¢ que esperar una reducci¨®n parcial del d¨¦ficit fiscal

El otro aspecto fundamental es la cuant¨ªa de los posibles ingresos adicionales que generar¨¢ el nuevo sistema. Aqu¨ª creo que es donde, desde Catalu?a, debemos jugar con habilidad y prudencia. El Estatuto establece dos posibilidades, limitadas pero reales, de mejora relativa de los ingresos de la Generalitat, que debemos exprimir en todas sus posibilidades. En primer lugar, el Estatuto limita el n¨²mero de variables que utilizar para determinar las necesidades de gasto esencialmente a dos (la poblaci¨®n, incluida la poblaci¨®n inmigrante, y la capacidad fiscal), aunque una redacci¨®n ambigua abre la posibilidad de introducir m¨¢s. Creo que es bueno que haya cuantas menos variables mejor, por dos razones: por transparencia y porque, en el pasado, Catalunya y todas las comunidades aut¨®nomas aportadoras netas a la caja del Estado han salido particularmente perjudicadas por las distorsiones que introducen las excesivas variables correctoras.

La segunda posibilidad tiene que ver con la definici¨®n de la "solidaridad con las otras comunidades" que introduce el Estatuto en su art¨ªculo 206.3. De acuerdo con ella, el sistema de solidaridad deber¨ªa permitir que, con un esfuerzo fiscal similar, los diferentes gobiernos aut¨®nomos contasen con recursos para poder prestar unos niveles similares de servicios "esenciales del Estado del bienestar" (educaci¨®n, sanidad y otros servicios sociales); el resto de los servicios p¨²blicos no deber¨ªan ser objeto de la contribuci¨®n solidaria entre comunidades. La cuesti¨®n est¨¢ en determinar con precisi¨®n cu¨¢les son los servicios "esenciales". Si, como sostienen algunos gobiernos aut¨®nomos, los servicios esenciales son todos los que prestan, nos mantendremos en la actual injusticia para los ciudadanos del Estado que realizan m¨¢s esfuerzo fiscal: con Catalu?a, la Comunidad Valenciana, Baleares, la Rioja y, en el l¨ªmite, Arag¨®n, como contribuyentes netas a la solidaridad con otras comunidades receptoras netas, para que ¨¦stas puedan tener una cobertura sanitaria y educativa mejor financiada que la de las aportadoras. El caso de Madrid, aportador neto, se compensa con el super¨¢vit fiscal de sus territorios de influencia en las dos Castillas.

Por primera vez, tenemos la posibilidad de que el debate sobre financiaci¨®n no responda a criterios ideol¨®gicos, sino de justos intereses territoriales. Es necesario que las comunidades aut¨®nomas aportadoras netas se pongan de acuerdo en una propuesta que haga justicia. Por ello, comparto plenamente la estrategia negociadora de alianzas territoriales con las comunidades del valle del Ebro y la Corona de Arag¨®n. Y a la vez, conf¨ªo en que la responsabilidad y coherencia de CiU, el partido que decidi¨® con su firma las reglas del juego limitadas del actual modelo de financiaci¨®n, lo aleje de la demagogia.

Si al final conseguimos aprovechar en su m¨¢xima capacidad las posibilidades limitadas del actual Estatuto, habr¨¢ que esperar, con realismo, una reducci¨®n parcial del d¨¦ficit fiscal que actualmente tienen Catalu?a y las dem¨¢s comunidades del arco mediterr¨¢neo-Ebro. Plantearse que los rendimientos del nuevo sistema se acercar¨¢n a los que genera un sistema foral es demagogia. Esquerra fundament¨® su oposici¨®n al nuevo Estatuto principalmente en la liquidaci¨®n que Mas y Zapatero perpetraron del sistema de financiaci¨®n bilateral que conten¨ªa el proyecto aprobado en el Parlament. Era en febrero de 2006 cuando se deb¨ªa ser valiente. Ahora el pueblo catal¨¢n, agotado con tanta ducha escocesa, pide coherencia a los que pactaron. Los pactos se deben cumplir por las dos partes. Porque el pueblo de Catalu?a aprob¨® el Estatuto, y el mandato para desplegar el primer sistema de financiaci¨®n derivado del Estatuto est¨¢ claro y debe cumplirse. Y ello no impide que, finalizado de aqu¨ª cinco a?os el primer periodo de vigencia de este primer sistema, que ya sabemos limitado, se plantee una revisi¨®n de las bases financieras para alcanzar el modelo de concierto econ¨®mico cooperativo que nos parece el modelo m¨¢s justo para Catalu?a. Y para autonom¨ªas como la valenciana y la balear.

Josep Huguet Biosca es miembro del consejo nacional de Esquerra Republicana de Catalunya.