Transparencia informativa y democracia

El buen periodismo no entiende de papel, web, radio o televisi¨®n. El medio no determina el mensaje, sino que son las fuentes y los contenidos los que determinan el nivel de calidad y de inter¨¦s p¨²blico de la informaci¨®n. Por eso, el ejercicio del periodismo consiste b¨¢sicamente en hacer preguntas. Habitualmente, quien tiene las respuestas no quiere responder porque en su control radica su poder.

El problema aparece cuando las respuestas son custodiadas por la Administraci¨®n p¨²blica, ¨²nicamente porque su funci¨®n y gesti¨®n as¨ª lo presupone. ?Qu¨¦ pa¨ªses compran tecnolog¨ªa de doble uso a Espa?a y cu¨¢nto dinero representa en la balanza comercial? ?Qu¨¦ diputados asistieron (no qu¨¦ votaron) a la ¨²ltima reuni¨®n de la comisi¨®n de control de los cr¨¦ditos destinados a gastos reservados? Estas y otras preguntas cuya respuesta tutela el Estado son inaccesibles para la mayor¨ªa de los ciudadanos, que encuentran innumerables trabas y excusas por parte de los funcionarios, que desatienden estas peticiones sin otro argumento que la confidencialidad, la seguridad o, b¨¢sicamente, "a usted qu¨¦ le importa". La experiencia de cualquier periodista se confirma con los informes presentados por asociaciones y ONG. El funcionario desconoce sus obligaciones, teme las represalias y deriva las preguntas hacia el gabinete de prensa de turno, que se encarga de modelar la informaci¨®n, saturar con datos o cortocircuitar el acceso a las fuentes.

En Espa?a, los funcionarios no est¨¢n educados en la tarea de informar al p¨²blico

La concepci¨®n cerrada de la Administraci¨®n est¨¢ lejos de las demandas de una sociedad abierta y transparente, que reclama a los Gobiernos que expliquen sus actuaciones y el gasto que suponen. La democracia est¨¢ basada en la informaci¨®n, porque es el ciudadano quien tiene derecho a conocer, a expresarse y a estar en desacuerdo. El ciudadano que conoce tiene capacidad de juicio sobre los asuntos de la esfera p¨²blica y forma una opini¨®n p¨²blica responsable. La transparencia informativa facilita este proceso en tanto que asegura el desarrollo del Estado de derecho, engrasa el sistema pol¨ªtico, incrementa la competencia efectiva entre partidos y fomenta la funci¨®n de perro guardi¨¢n de los medios de comunicaci¨®n.

La prensa es s¨®lo la correa de transmisi¨®n entre p¨²blicos y Gobiernos. No tiene m¨¢s derechos, si bien act¨²a como referente y creadora de espacios p¨²blicos para la opini¨®n y el intercambio de ideas. La prensa libre impulsa el buen gobierno de las administraciones p¨²blicas y es un factor determinante para la reducci¨®n de la corrupci¨®n. Por esa raz¨®n, cuenta con un marco legal que les permita ejercer el derecho fundamental a la informaci¨®n en sus tres vertientes, que son la de investigar, informar y difundir. Suecia fue la pionera al incluir estas obligaciones en la ley de prensa de 1766. Ya en la segunda mitad del siglo XX le siguieron Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y m¨¢s de 70 pa¨ªses en todo el mundo que han desarrollado los derechos de los ciudadanos para reclamar informaci¨®n. El caso m¨¢s conocido de la Freedom of Information Act estadounidense es la publicaci¨®n de los papeles del Pent¨¢gono, que en 1971 demostraron el alcance de los bombardeos en el norte de Vietnam, si bien hay centenares de ejemplos: la divulgaci¨®n de los encuentros con insurgentes colombianos en 1998, detalles sobre la intervenci¨®n en Irak o la paz de Dayton, archivos sobre el 11-S, etc¨¦tera.

En cambio, y como norma, en Espa?a, toda la informaci¨®n se considera reservada... por si acaso. Si no, hay que demostrar el inter¨¦s leg¨ªtimo, que carga la prueba sobre el ciudadano y no sobre la Administraci¨®n. Exactamente al rev¨¦s que en todos los pa¨ªses de nuestro entorno pol¨ªtico. Durante la reciente campa?a, el PSOE ha prometido una ley de informaci¨®n p¨²blica que cubra este vac¨ªo legal. Ha llegado la hora de tomar el derecho al acceso como una prioridad en el Congreso, porque la especulaci¨®n urban¨ªstica, la financiaci¨®n de los partidos, la informaci¨®n sobre las corporaciones municipales y la transparencia en la contrataci¨®n de servicios y obras p¨²blicas son cuestiones urgentes y directamente relacionadas con la transparencia y el buen gobierno y, en particular, de los ayuntamientos.

Sin estas herramientas, la democracia est¨¢ incompleta. Las actuales normas de acceso est¨¢n descoordinadas o no se ajustan a los patrones m¨ªnimos internacionales y, adem¨¢s, los funcionarios no est¨¢n educados en la tarea de informador p¨²blico. La doctrina de "no corresponde a mi departamento" mina las posibilidades de mejorar la calidad de nuestro sistema cuando el ciudadano est¨¢ indefenso ante el "no" de la Administraci¨®n.

La transparencia es sin¨®nimo de sociedad abierta y fuerte. La clase pol¨ªtica tendr¨ªa que estar m¨¢s interesada en transmitir la informaci¨®n a los ciudadanos y no temer a la opini¨®n p¨²blica. Aquello que no es secreto oficial, que no atenta contra la seguridad y la lucha antiterrorista, que no perjudica la averiguaci¨®n de delitos y la protecci¨®n de datos personales, tiene que ser por definici¨®n p¨²blico y de libre acceso. No debe ser un privilegio de los periodistas, sino de todos, porque alimenta la condici¨®n ciudadana y sustenta la democracia contempor¨¢nea. Ha llegado el momento de dejar de ser la excepci¨®n. Nosotros, los periodistas, lo agradeceremos en nuestro trabajo diario, y los ciudadanos, a¨²n m¨¢s.

Juan Luis Manfredi S¨¢nchez es profesor de la IE Universidad y periodista.