La historia oral de la guerra llega a juicio

?Hasta d¨®nde se puede llegar a la hora de investigar el turbio pasado de la Guerra Civil? ?Es m¨¢s importante conocer lo que ocurri¨®, y hacerlo p¨²blico, o abstenerse para respetar el honor de los descendientes de episodios tan poco edificantes? ?Qu¨¦ margen tienen las v¨ªctimas, que pasaron a?os de humillaci¨®n y oprobio, para recuperar una dignidad que la dictadura les escamote¨®? ?Hay alg¨²n consuelo en conocer la verdad? ?Qu¨¦ peso tienen los documentos que se conservan de la represi¨®n, con juicios sin garant¨ªas jur¨ªdicas y con testimonios arrancados en una atm¨®sfera de miedo a una autoridad implacable? ?Y qu¨¦ cr¨¦dito dar a los testimonios orales de los supervivientes que, en muchos casos, no pudieron hablar hasta fechas recientes?

Para las familias de los que perdieron la guerra el ¨²nico camino es la historia

A¨²n hay 20.000 personas, v¨ªctimas de los ganadores, sin identificar

Familiares de los protagonistas de la guerra denuncian a historiadores

En muchos lugares a¨²n hay resistencia a quitar los s¨ªmbolos del franquismo

Hace unos meses, el Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, en Galicia, absolvi¨® al historiador Dionisio Pereira que hab¨ªa sido acusado por los descendientes de Manuel Guti¨¦rrez, alcalde de Cerdedo durante el franquismo, de no querer rectificar para salvar el honor de sus antepasados las conclusiones que hizo p¨²blicas en 2003 en un libro colectivo sobre la represi¨®n franquista. Bas¨¢ndose en testimonios orales, Pereira se?alaba ah¨ª la presunta implicaci¨®n de Guti¨¦rrez, y de Francisco Nieto, entre otros, como "participantes o instigadores" en los actos que acabaron en agosto de 1936 con la vida de seis personas en la comarca de Cerdedo.

La decisi¨®n de absolver a Pereira la tom¨® el juzgado, recurriendo a abundante jurisprudencia para defender sus derechos constitucionales de libertad cient¨ªfica y de opini¨®n "en el terreno hist¨®rico". La familia de Manuel Guti¨¦rrez ha recurrido y el caso est¨¢ ahora en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Con el peligro de que nuevos recursos, si el fallo es semejante, lleven a Pereira a instancias jur¨ªdicas superiores, conduci¨¦ndolo a un temible calvario judicial. Con la voluntad de defender su trabajo, el pasado 20 de mayo un documento dirigido al presidente del Gobierno y a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado manifestaba a trav¨¦s de la Red la solidaridad de una serie de historiadores con Dionisio Pereira. Entre los 349 firmantes figuran Paul Preston, Sebasti¨¢n Balfour, ?ngel Vi?as o Nicol¨¢s S¨¢nchez-Albornoz, y numerosos historiadores latinoamericanos (muy sensibles a los horrores de sus propias dictaduras). La iniciativa la puso en marcha la red gallega e internacional Historia a Debate, que preside Carlos Barros, que encabeza la lista de firmantes.

Terra de Montes, provincia de Pontevedra, 11 y 13 de agosto de 1936. El enfrentamiento que ha partido en dos a Espa?a desde el 18 de julio llega a ese remoto rinc¨®n de Galicia. Es zona de canteiros y, frente a otros lugares m¨¢s conservadores, all¨ª las ideas socialistas han encontrado terreno abonado. Los falangistas del lugar, las autoridades y la Guardia Civil no los ven con buenos ojos. Reclaman que detengan a unos cuantos. Al final son cuatro habitantes de Cerdedo y dos de Soutelo de Montes los que son conducidos al cuartel de Pontevedra. Una noche desaparecen por el monte, luego aparecen muertos.

Lo que Dionisio Pereira ha hecho ha sido volver sobre ese episodio de los d¨ªas m¨¢s cruentos de la Guerra Civil, cuando uno y otro bando se hab¨ªan enganchado a una espiral de violencia gratuita y desbocada. Los ganadores de la contienda pudieron en su d¨ªa rendir honores a los suyos que murieron en aquellas terribles jornadas. Los perdedores en muchos casos no saben a¨²n, o no han sabido hasta ahora, d¨®nde est¨¢n los suyos, qui¨¦nes los mataron, cu¨¢ndo, por qu¨¦. No hay documentos. El ¨²nico camino que queda es la historia oral, los recuerdos de los pocos que quedan que estuvieron all¨ª.

La Ley de Memoria Hist¨®rica, aprobada en diciembre de 2007 tras un largo calvario de negociaciones, malentendidos, cr¨ªticas y pol¨¦micas, sent¨® finalmente las bases para que los poderes p¨²blicos llevaran a cabo pol¨ªticas dirigidas al "conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democr¨¢tica". Lo que el documento de los historiadores se?ala es que, precisamente por los efectos de esta ley, los juicios contra los historiadores podr¨ªan intensificarse. As¨ª que piden que "se a?ada una declaraci¨®n de legitimidad constitucional de la libre investigaci¨®n sobre la Guerra Civil y el franquismo, bas¨¢ndose en fuentes hist¨®ricas, tanto escritas como orales, de acuerdo con las metodolog¨ªas correspondientes, sin censura previa sobre ning¨²n nombre, fuente o dato hist¨®rico".

"La situaci¨®n no se ha normalizado a¨²n en este pa¨ªs", explica Dionisio Pereira. "Quiz¨¢ en Madrid, Barcelona, Vigo, pero en los peque?os pueblos y aldeas sigue sin reconocerse la dignidad moral de las v¨ªctimas". Hay en muchos lugares resistencias evidentes a prescindir de los s¨ªmbolos del franquismo, a cambiar los nombres de las calles, a facilitar la investigaci¨®n en fosas comunes y a abrir las puertas a los historiadores para que hagan su trabajo con libertad.

Pereira ha recuperado en un escrito situaciones an¨¢logas a las suyas: Emilio Silva y Santiago Mac¨ªas soportan varios procesos judiciales por su libro Las fosas de Franco; un trabajo de Alfredo Grimaldos sobre la sombra del dictador durante la transici¨®n ha sido denunciado por la familia del ex ministro Juan Jos¨¦ Ros¨®n; la escritora asturiana Marta Cap¨ªn fue absuelta de la acusaci¨®n de los familiares de un falangista mencionado en su obra Los cr¨ªmenes de Valdedi¨®s, que cuenta lo que ocurri¨® en aquel sanatorio de Villaviciosa cuando entraron en ¨¦l las tropas franquistas; un juez de Cambados, en fin, ha cerrado la p¨¢gina web donde estaban volcados los escritos de un comunista de O Grove, en los que daba los nombres de los que llevaron a cabo las represalias en aquella peque?a villa de las R¨ªas Bajas.

?C¨®mo recuperar el pasado? Mejor, ?c¨®mo recuperar un pasado lleno de sangre? "Ning¨²n notario firmar¨¢ nunca un paseo", dice el historiador gallego Emilio Grand¨ªo Seoane, que ha dirigido el volumen colectivo A?os de odio sobre el golpe militar, la represi¨®n y la Guerra Civil en A Coru?a. "El debate surge cuando se plantea, de un lado, cu¨¢l es la verdad judicial, y de otro, cu¨¢l es la verdad hist¨®rica. Jur¨ªdicamente s¨®lo cuenta lo que tiene detr¨¢s unos papeles. Entonces los que murieron en los paseos y fueron enterrados en fosas comunes sin registro alguno, ?qu¨¦ ocurre, que no existieron?".

Grand¨ªo no tarda mucho, sin embargo, en se?alar que desconf¨ªa mucho de reconstruir lo que pas¨® utilizando como ¨²nica fuente los testimonios. "Hay que buscar la mayor cantidad de filtros posibles, cruzar los testimonios, buscar apoyaturas escritas (registros civiles y de las c¨¢rceles, causas militares, consejos de guerra, fichas sanitarias...), localizar los lugares que puedan conservar los restos de los desmanes, ir a los papeles que den pistas de lo que pudo pasar. Hay que ser prudentes y rigurosos".

Prudente fue, desde luego, Juan Carlos Carballal, juez de Cambados, cuando orden¨® cautelarmente cerrar la web en la que Fabien Garrido hab¨ªa volcado los escritos que encontr¨® en Nantes de su padre, Ram¨®n, un combatiente antifascista que tuvo que exiliarse en Francia. En aquellas p¨¢ginas, escritas a mano por el que fuera marinero y comunista, implicaba directamente en la represi¨®n franquista al alcalde de O Grove, Joaqu¨ªn ?lvarez Lores. Hubo denuncia de dos hijos de ¨¦ste, y el juez cerr¨® la web hasta que tenga lugar el juicio, "para proteger el honor de los descendientes", explica. "Mi trabajo no es el de valorar un trabajo hist¨®rico. Debo simplemente resolver, en funci¨®n de los argumentos de las partes, cu¨¢l de estos dos derechos fundamentales pesa m¨¢s: si el derecho de un investigador a saber lo que ocurri¨® o el derecho a salvaguardar el honor de unas personas. Hay adem¨¢s ah¨ª otra cuesti¨®n: ?puede ese derecho pasar a sus descendientes?".

"Decir que Franco es un criminal es una cosa; decir que lo fue Fulano de Tal, con nombres y apellidos, es otra muy distinta y mucho m¨¢s delicada. Es, por otro lado, diferente se?alar al represor de una gran ciudad que hacerlo con el de una peque?a localidad", comenta el historiador Juli¨¢n Casanova, uno de los autores de V¨ªctimas de la guerra civil (Temas de Hoy), el volumen que coordin¨® Santos Juli¨¢ y que daba cifras rotundas de la magnitud de la represi¨®n. "Los lazos familiares son ah¨ª mucho m¨¢s estrechos y las lealtades primordiales m¨¢s fuertes, as¨ª que no es dif¨ªcil que los investigadores sean denunciados al hacer p¨²blicos los nombres de los represores".

"Los historiadores no pueden certificar lo que ha ocurrido", explica el historiador Jos¨¦ ?lvarez Junco, que ha seguido muy de cerca los avatares de la Ley de Memoria Hist¨®rica. "No pueden establecer una verdad oficial. De eso se encargan los jueces. Lo que los historiadores hacen es investigar en las fuentes m¨¢s diversas para poder argumentar que, despu¨¦s de comprobar en muchos y diferentes testimonios, las cosas con gran seguridad ocurrieron de tal y tal modo".

La paradoja que se da al volver sobre el pasado es justamente la de valorar la veracidad de los documentos. Cuando hay una dictadura de por medio, muchos de los testimonios escritos que se conservan de esa ¨¦poca podr¨ªan haberse obtenido bajo coacci¨®n. Pero est¨¢n ah¨ª, en unos papeles oficiales. Los testimonios orales, en un clima de libertad, acaso se ajusten m¨¢s a la verdad, pero son palabras dichas muchos a?os despu¨¦s. "Desde un punto de vista historicista, la mejor prueba oral es peor que la peor de las escritas", explica Juli¨¢n Casanova a prop¨®sito de esta cuesti¨®n. "Los ganadores de la guerra estaban sin embargo tan convencidos de haber acabado con el mal, y de ser ellos los portadores del bien, que dejaron muchas huellas de sus desmanes: juicios sin garant¨ªas, fusilamientos, expropiaci¨®n de los bienes de los derrotados... Dejaron las pistas incluso escritas, y por eso se ha podido conocer la envergadura del terror que gener¨® la dictadura franquista", a?ade.

Los historiadores desde hace ya un tiempo han desentra?ado los mecanismos de terror que se pusieron en juego durante la Guerra Civil y que se prolongaron en la dictadura, explica Casanova. "Saber que un cura delat¨® a un republicano en un peque?o pueblo no va a cambiar la manera en que se sabe que funcionaron los mecanismos de la violencia", dice. "El problema siguen siendo los meses del terror caliente, en el verano de 1936, cuando se produjeron los mayores desmanes al margen de registro alguno. Hay unas 20.000 personas que fueron v¨ªctimas de los ganadores que no est¨¢n identificadas".

Quiz¨¢ las investigaciones sobre testimonios orales no cambien nuestra mirada sobre la historia reciente. En t¨¦rminos sociales, sin embargo, la reparaci¨®n moral que reclaman las v¨ªctimas, y sus descendientes, es la energ¨ªa que alienta a tantos historiadores a buscar la verdad para cerrar definitivamente las heridas de aquella terrible guerra.