Los Defensores del Pueblo auditan la gesti¨®n de la ley de Dependencia
Los retrasos y la falta de reglamentos, entre los principales problemas
La Sindicatura de Greuges ha recibido m¨¢s de 700 quejas relacionadas con la aplicaci¨®n de la ley de la Dependencia. "El principal inconveniente es la inseguridad por problemas de p¨¦rdidas de expedientes o la repetici¨®n de tr¨¢mites administrativos, que retrasan el proceso", apunt¨® ayer su responsable en funciones, Emilia Caballero.
Pero los problemas no son exclusivos de la Comunidad Valenciana. Los retrasos en las valoraciones, pero tambi¨¦n la falta de regulaci¨®n del copago de las prestaciones, la inexistencia de un reglamento sobre la calidad de los servicios o la falta de una norma com¨²n sobre la acreditaci¨®n de los centros son algunas de las cuestiones de esta ley que m¨¢s preocupan a los defensores del pueblo de diferentes autonom¨ªas reunidos ayer en Valencia.
El encuentro forma parte de los trabajos previos de unas jornadas, que se celebrar¨¢n en septiembre, destinadas a analizar la aplicaci¨®n de la norma en las distintas autonom¨ªas y buscar soluciones comunes. Ayer, los responsables de esta instituci¨®n de Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Andaluc¨ªa, Asturias y la propia Comunidad Valenciana, pidieron "consenso y lealtad institucional" entre las administraciones locales, auton¨®micas y estatal, implicadas todas ellas en la puesta en marcha de la ley.
A falta de conclusiones y recomendaciones, que se presentar¨¢n tras las jornadas previstas para despu¨¦s del verano, los defensores del pueblo coincidieron en la complejidad de la ley y en la necesidad de recabar informaciones fiables ante las "dificultades" de obtener datos actualizados sobre la aplicaci¨®n de la norma debido a los problemas que plantea el programa inform¨¢tico del Gobierno encargado de centralizar estos datos.
Junto a los problemas de implantaci¨®n de la ley de la Dependencia, las jornadas de coordinaci¨®n entre los diferentes defensores del pueblo, que se celebrar¨¢n en Asturias, abordar¨¢n tambi¨¦n otras dos cuestiones. Una, sobre la situaci¨®n de desprotecci¨®n de algunos colectivos que no pueden ejercer plenamente sus derechos civiles en condiciones de igualdad por su situaci¨®n de desempleo o pertenencia a minor¨ªas ¨¦tnicas, entre otras. La otra, se refiere a los problemas de las personas con capacidad limitada para tomar decisiones y la toma de medidas de incapacitaciones o internamientos involuntarios.
Consenso, lealtad e independencia
Sin querer entrar en el fondo de la cuesti¨®n, el Defensor del Pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo, el Ararteko vasco, ??igo Lamarca, y la procuradora General del Principado de Asturias, Mar¨ªa Antonia Fern¨¢ndez Felgueroso, aludieron a la interinidad de Sindicatura de Greuges valenciana y las maniobras del PP dirigidas a retirar a su responsable en funciones, Emilia Caballero, de su cargo.
Despu¨¦s de que la propia Caballero aludiera a la necesidad de consenso y de independencia que necesita la instituci¨®n para poder ser eficaz, sus compa?eros insistieron en esta idea. Es imprescindible este consenso "para no sentirse perjudicado por los avatares pol¨ªticos leg¨ªtimos de los partidos pol¨ªticos". Tambi¨¦n Fern¨¢ndez aludi¨® a este concepto para que la instituci¨®n "no sufra" ya que situaciones como las que se atraviesan en la Comunidad Valenciana "no favorecen al fortalecimiento" de este ¨®rgano e impiden que "siga creciendo".
??igo Lamarca, que record¨® una situaci¨®n similar padecida en el Pa¨ªs Vasco que se alarg¨® durante cuatro a?os, se refiri¨® a que los Defensores del Pueblo tienen en com¨²n la "independencia" y que su fuerza reside en la credibilidad, "que hay que trabajar d¨ªa a d¨ªa". Por ello, opin¨®, debe de haber una "lealtad institucional" y en ello deben empe?arse todas las fuerzas pol¨ªticas.
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