Urgencia constitucional

El Tribunal Supremo acord¨® el jueves desestimar la causa presentada contra la presidenta del Tribunal Constitucional, Mar¨ªa Emilia Casas, a ra¨ªz de la conversaci¨®n telef¨®nica que mantuvo con una persona imputada por el asesinato de su ex marido. Concluye as¨ª un lamentable episodio de corto recorrido jur¨ªdico pero de importantes consecuencias pol¨ªticas.

Porque el error cometido por la presidenta del tribunal, que no incurri¨® en delito alguno con su imprudente conversaci¨®n, seg¨²n los jueces del Supremo, vino, sin embargo, a sumar motivos de desprestigio para una instituci¨®n imprescindible y que ha sufrido como pocas las consecuencias del agrio enfrentamiento pol¨ªtico durante los ¨²ltimos a?os. En el origen de los problemas que atraviesa el tribunal se encuentra la crispaci¨®n de la pasada legislatura, que forz¨® el progresivo desplazamiento de su funci¨®n hasta convertirlo en una improvisada tercera C¨¢mara legislativa. Cuando ello no pareci¨® bastar, el PP intent¨® un golpe de mano, con detalles que avergonzaron a muchos (incluyendo bastantes de sus militantes) excepto a quien los urdi¨®, que le vali¨® finalmente un severo correctivo por parte de los propios jueces del alto tribunal.

Al Constitucional se le exigi¨® detener las iniciativas que la oposici¨®n no pudo derrotar en el Congreso y el Senado, como la Ley de Igualdad o el Estatuto de Catalu?a, adem¨¢s de la reforma de la Ley Org¨¢nica que regula su funcionamiento. Y el resultado fue una divisi¨®n entre sus miembros m¨¢s por razones pol¨ªticas que jur¨ªdicas, una sucesi¨®n de sentencias de discutible calidad t¨¦cnica y, por ¨²ltimo, una generalizaci¨®n de pr¨¢cticas inauditas en tribunales constitucionales de pa¨ªses con democracias avanzadas.

De esta ¨²ltima pol¨¦mica a cuenta de la imprudencia de la presidenta (tambi¨¦n inaudita, seg¨²n cualquier est¨¢ndar occidental) s¨®lo es posible extraer una conclusi¨®n: la renovaci¨®n del tribunal, pendiente ya desde hace meses, no puede esperar ni un minuto m¨¢s. Con independencia de que los partidos se propongan alcanzar un acuerdo m¨¢s amplio sobre la justicia, el deterioro de la situaci¨®n que atraviesa el Constitucional le impide cumplir su tarea. Y esto nada tiene que ver con que, adem¨¢s, sea necesario reformar y dotar de m¨¢s medios a los tribunales. Es m¨¢s, la paradoja que podr¨ªa producirse es que, de mantenerse en su actual composici¨®n y con funciones de hecho similares a las que ha desempe?ado hasta ahora, el alto tribunal estar¨ªa en condiciones de frustrar esta reforma.

En el horizonte inmediato, el Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre el Estatuto de Catalu?a, recurrido por el PP y uno de los principales caballos de batalla, si no el principal, entre los magistrados que se prestaron a introducir la lucha pol¨ªtica en el interior del tribunal. Es una sentencia que urge, en la medida en que las instituciones catalanas han comenzado a desarrollar legislativamente un texto que podr¨ªa ser declarado inconstitucional en alguno de sus puntos.

Sin embargo, y a la vista de la situaci¨®n en la que se encuentra el TC, tal vez habr¨ªa que reconsiderar esa urgencia: cualquier sentencia que emane de su actual composici¨®n no se librar¨¢ de la sombra del desprestigio. En estas condiciones, mejor urgir a los partidos para que renueven el tribunal con criterios de competencia jur¨ªdica y esperar a que decida sobre los graves asuntos pendientes, ya con su nueva composici¨®n.